Dramático: en Mocoa ya no les creen a los políticos. Después de una tragedia por una avalancha, hay personas que siguen durmiendo en cambuches. ¿Qué pasó con la plata?

“Perdimos inmuebles y familiares. Yo perdí a mis sobrinos, a mi hermana y a mi cuñado”, dijo María Ercilia López, una adulta mayor que vive en un cambuche en la ciudadela Los Sauces, en Mocoa, Putumayo.

Las más de 250 personas que residen en el asentamiento recuerdan la trágica noche del 31 de marzo de 2017, cuando el desbordamiento de los ríos aledaños causó un deslizamiento de tierra que dejó más de 300 muertos y 7.000 damnificados.

Muchas de las heridas no cicatrizan seis años después porque el municipio sigue viviendo una tragedia. Las obras de reconstrucción, contratadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se encuentran en su mayoría estancadas, sin restablecer las condiciones en las que vivía la comunidad y dejándolos desprotegidos frente a un desastre similar.

SEMANA visitó las obras inconclusas. En varias no se ven obreros o muestras de trabajo, que se habría detenido hace siete meses.

La primera parte de la obra es la mitigación en los cauces de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco con el fin de que no vuelvan a desbordarse. De acuerdo con la Contraloría, cuenta con un atraso acumulado de cinco años. Es evidente que apenas un muro sin terminar y algunas piedras protegen a los mocoanos de otro desastre.

Por otro lado, tampoco hay plaza de mercado y la obra del megacolegio municipal, que está listo para recibir estudiantes, aún no ha sido recibida por la UNGRD.

Sin embargo, el mayor de los problemas es que una parte de la población de Mocoa se quedó sin hogar por la avalancha, cuya corriente se llevó el trabajo de toda una vida de muchos.

La UNGRD, encargada de reconstruir el municipio, contrató la construcción de los proyectos de vivienda Sauces I y II. La obra pretendía construir 1.209 casas para los damnificados, pero hasta el momento solo se han entregado 300.

La segunda etapa se construye desde septiembre de 2019 y tan solo 168 viviendas se encuentran en ejecución. Apenas 12 de ellas tienen cubierta y acabados, pero aún no se pueden habitar.

Desde la tragedia, los damnificados de Mocoa reciben un subsidio para arriendo que no les alcanza. Por eso, desde julio de este año, más de 250 personas decidieron habitar uno de los lotes, construyendo cambuches cubiertos de plástico.

“El alivio era de 250.000 pesos al mes. Muchas veces no llegaban sino seis meses o un año después. Protestamos y nos aumentaron a 450.000, pero nos deben muchos meses”, dijo un líder de la comunidad.

Adultos mayores y niños viven en la invasión. Se cocina con leña en varias ollas comunitarias, recogiendo 2.000 pesos por cabeza para comprar proteína, verduras y condimentos.

“Los materiales se pudrieron. El cemento se endureció y las vigas están oxidadas”, contó Edith Maya, otra mujer de la comunidad.

Cavaron una fosa séptica para ir al baño y deben recoger agua. Comenzaron a sembrar maní, cebolla, yuca y crían gallinas. Una madre que vive con su hijo de 8 años se rebusca con una pequeña tienda en la que vende mecato.

“Aquí vino el presidente Gustavo Petro por sus votos. Fuimos de ayuda en campaña. Ahora queremos que nos visite. Nos prometió un subsidio para los adultos mayores, y nada”, agregó María Ercilia.

El miércoles pasado, la Contraloría abrió un proceso sancionatorio contra Javier Pava, exdirector de la UNGRD, y Olmedo López, actual director, por no atender los llamados de la entidad relacionados con Mocoa. El ente de control dijo que han sido convocados en 20 ocasiones, sin asistir a ninguna.

Incluso, el Ministerio de Vivienda les ha dirigido 15 oficios solicitando información sobre el avance, pero no hubo respuesta. La falta de reporte puede terminar en la liquidación del convenio marco, lo cual podría resultar en la pérdida de los recursos y que no se logren construir las viviendas.

“La UNGRD es un verdadero desastre. Es una obstrucción a los procesos de vigilancia que adelantamos. La no entrega de información, no respuesta a requerimientos, no acatamiento de llamados a las mesas de trabajo, no permitir tener información de la ejecución hacen que no dispongamos de información suficiente”, explicó Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, a SEMANA.

La UNGRD solicitó que las personas desalojen el lote en el que se asentaron por la falta de vivienda. Según Jhon Jairo Imbachí, alcalde de Mocoa, deberán dejar el lugar en los próximos días.

Mocoa no levanta cabeza desde la tragedia que sacudió a Colombia y al mundo. Los damnificados, con el peso de la pérdida de sus familiares, pronto no tendrán donde pasar la noche.