Eduardo Montealegre, el nuevo ministro de Justicia de Petro, le reveló a SEMANA los detalles del polémico decreto de la consulta popular: “La votación sería el 7 de agosto”

SEMANA: ¿Por qué aceptó ser el ministro de Justicia de Gustavo Petro?

EDUARDO MONTEALEGRE: Surgió por casualidad. La semana pasada, publiqué un artículo en la Revista Raya en el que expuse la tesis de que el presidente sí podía convocar por decreto la consulta popular. Sostuve una tesis central: la votación del Congreso violó la Constitución, y el presidente puede usar un mecanismo que se llama la excepción de inconstitucionalidad. ¿En qué consiste? La Constitución es norma de normas y, cuando existe un conflicto entre una norma de inferior jerarquía y los principios y valores de la Constitución, debe prevalecer la carta magna. Ahí no hay discusión alguna.

Es claro que la decisión del Congreso es un acto administrativo, y la Corte Constitucional ha sostenido que se puede aplicar excepción de inconstitucionalidad frente a actos administrativos. Ya hay definiciones expresas de la Corte Constitucional al respecto. ¿Quién puede decretar esa excepción de inconstitucionalidad? Se tiene la creencia de que solo los jueces, al momento de decidir un caso, aplican esa decisión, pero esa orientación es equivocada, porque también se ha dicho que las autoridades administrativas y el presidente pueden aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

SEMANA: Pero el Senado negó la consulta popular, y la Constitución establece que para que ese mecanismo prospere debe recibir previamente el visto bueno del Congreso. Eso no ocurrió. Por eso hay temor de que Petro desconozca a una rama del poder público y acuda al famoso decretazo.

E.M.: El acto del Congreso es administrativo, y la postura que se va a exponer en el decreto del presidente Petro es que ese acto violó la Constitución y, por lo tanto, el mandatario no lo aplica.

SEMANA: ¿Pero por qué violó la Constitución?

E.M.: Fue en varios aspectos. Los vicios centrales que expondrá el decreto de Petro son los siguientes: aquí hay un tema central y es cómo se votó. El reglamento del Congreso establece que, cuando se abre una votación, debe durar hasta 30 minutos. Eso lo dice expresamente el reglamento del Legislativo, la Ley 5 de 1992. Para manejar el tiempo de la votación, tiene que aplicarse un criterio de razonabilidad, reitero, de hasta 30 minutos. Ese principio de razonabilidad es constitucional y orienta la actividad de un servidor público. Cuando ese servidor no actúa en el marco del ejercicio de la función con criterio de razonabilidad, su acto es arbitrario y contrario a la Constitución. Ese es el primer fundamento para el decreto.

SEMANA: Pero un momento. Ese “hasta 30 minutos”, sin duda, le permite al presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerrar una votación a los cinco, diez o quince minutos...

E.M.: Ese es el punto. Cepeda tenía un margen de 30 minutos, pero la votación duró tres. No podía durar menos de tres minutos, porque cuando abren la votación, y antes del cierre, al senador Efraín Cepeda le advierten algunos senadores que no la cierre porque hay unos parlamentarios que quieren entrar y ejercer el voto. Hay varios casos constatados. Además, el ministro del Interior, Armando Benedetti, le dijo a Cepeda que no cerrara la votación porque era inminente el arribo de unos parlamentarios. Por eso, el cierre de esa votación de forma abrupta violó ese principio constitucional de ponderación y razonabilidad en el ejercicio de la función pública.

El segundo fundamento es el debido proceso constitucional. Apenas se cerró la votación, la senadora María José Pizarro impugnó esa decisión de cierre. Si estaba impugnada, él no podía dar por definitivo el cierre, sino que la plenaria del Senado tenía que decidir si aceptaba o no esa impugnación. Ese trámite no se hizo y allí se viola el debido proceso constitucional. Y hay una tercera razón; en la votación, un senador de Cambio Radical anunció que votaba sí a la consulta y, cerrada la votación, afirmó: “No, mi voto es no”. El secretario del Senado, Diego González, cambió el voto. ¿Qué sucede? El secretario no era el competente para corregir ese error; era la plenaria del Senado. Entonces, el secretario usurpó una competencia del Congreso.

SEMANA: ¿Cuándo se tiene previsto que el presidente Petro expida el decreto para convocar a la consulta popular?

E.M.: Es probable que el presidente lo expida en Cali el próximo miércoles 11 de junio luego de que regrese de un viaje corto al exterior. En el decreto se apelará a la excepción de inconstitucionalidad, en la que el presidente Petro inaplica el acto administrativo del Congreso. Eso se dirá expresamente. Asimismo, se ordenará enviar el decreto a la Corte Constitucional para efectos de su control. Tercero, le dará la orden a la Registraduría para que inicie la organización de la logística de la votación de la consulta. En cuarto lugar, se fijará la fecha para la elección. En quinto lugar, se establece que el Estado les dará garantías a todas las personas que estén a favor, en contra o que se abstengan de participar en la consulta.

SEMANA: Según el decreto que expedirá el presidente Petro, ¿cuándo sería esa votación?

E.M.: Será el 7 de agosto de 2025.

SEMANA: Ese día en Colombia se celebra la Batalla de Boyacá. Vemos que no es una casualidad que se haya elegido ese día.

E.M.: Es un hecho simbólico, es la Batalla de Boyacá, es nuestra independencia.

SEMANA: El país está en alerta máxima ante lo que se considera un golpe de Estado. En tal sentido, ese decreto será demandado de forma masiva por diferentes sectores y de todas las orillas ideológicas. ¿Qué instancia tendrá la última palabra?

E.M.: En la parte resolutiva del decreto, Petro, expresamente, señala que inaplica por inconstitucional el acto de la votación que se produjo el 14 de mayo en el Senado. Es decir, el decreto acoge la tesis de que el acto sí nació a la vía jurídica, pero está contrariando a la Constitución. La orientación del decreto no será por la inexistencia del acto del Congreso. El presidente reconoce que existió y va en concordancia con la tesis que acaba de emitir el Consejo de Estado, porque ese acto está demandado ante la Sala Electoral de ese tribunal. Ese mismo acto está demandado por ilegal, y el magistrado de la Sala Quinta expidió un auto en el que concluyó que es un acto administrativo y jurídico.

SEMANA: Reiteramos, ¿ante qué instancia se podrá demandar el decreto?

E.M.: Allí viene una discusión jurídica. Tenemos que tener en cuenta que el trámite de la consulta popular es un proceso constitucional. Se inició con un acto administrativo mediante el cual el presidente, con la firma de todos sus ministros, sometió a consideración del Congreso unas preguntas para que los senadores voten sí o no. Eso ocurrió el primero de mayo. Después, hubo otro paso: una votación del Senado, de donde surge un acto administrativo. Luego vendría otro acto administrativo del registrador convocando a la votación y se entrega un resultado. Durante todo ese proceso, que es constitucional, los pasos son actos administrativos. Y todo acto administrativo, por regla general, lo controla el contencioso-administrativo; si es de rango presidencial, el Consejo de Estado. Pero hay que tener en cuenta que esos actos forman parte de un proceso constitucional, y la competencia, entonces, no es del Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional.

SEMANA: Es decir, estaremos en manos de la Corte Constitucional.

E.M.: Sí, porque ese tribunal va a controlar el proceso constitucional así existan actos administrativos. ¿Pero qué pasa? Que ese control de la Corte Constitucional no es previo, la Corte no controla antes de la consulta, sino después. En dos ocasiones, en el Congreso, a través de leyes estatutarias, se introdujeron normas en las que se decía que la consulta popular tenía control previo y automático por la Corte Constitucional, y en las dos ocasiones la Corte declaró la inconstitucionalidad del control previo. Entonces, tenemos dos decisiones de la Corte que son de leyes estatutarias, que hacen tránsito a cosa juzgada y que ninguna autoridad puede desconocer.

SEMANA: Según ustedes, entonces, la Corte Constitucional solo se puede pronunciar luego de que los colombianos voten en las urnas y el país destine casi 800.000 millones de pesos.

E.M.: Sí, esa es la tesis.

SEMANA: ¿Pero quién les dice que el Consejo de Estado no puede intervenir?

E.M.: En el decreto que expedirá el presidente Petro, en la parte resolutiva, él dirá que le enviará el decreto a la Corte Constitucional para su competencia y efectos de control. Este decreto tiene que entenderse como parte del proceso constitucional de la consulta popular. Es decir, esto es una unidad, forma parte de una estructura constitucional, que es un proceso constitucional, y cada uno de esos pasos, así formalmente sean actos administrativos, forman parte del proceso constitucional y los tiene que decidir la Corte (...). Si se le da la competencia al Consejo de Estado, se estaría dando un vaciamiento de las competencias de la Corte Constitucional. Si le damos el control fraccionado de los decretos y actos administrativos, cuando llegue la Corte a hacer el control, ¿sobre qué se va a pronunciar?

Hay dos precedentes que muestran que, cuando se trata de control de mecanismos de participación ciudadana (consulta popular y referendo), las altas cortes siempre han dicho que, así existan actos administrativos, el control no es del Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional.

SEMANA: ¿Cuáles son esos precedentes?

E.M.: Cuando la Corte Constitucional controló el proyecto de ley que convocaba al referendo para autorizar una segunda reelección de Álvaro Uribe, en ese proceso de convocatoria al referendo existían actos administrativos. Por ejemplo, un decreto del presidente en el que convocaba al Congreso a sesiones extraordinarias. Ese acto, por su naturaleza, es administrativo y normalmente lo controla el Consejo de Estado, pero fue controlado por la Corte Constitucional. El otro ejemplo es la consulta anticorrupción que promovió Claudia López. Cuando ella la promovió, el expresidente Iván Duque le pidió concepto favorable al Senado para convocar a la consulta. Se convocó la consulta y el decreto fue demandado ante el Consejo de Estado. Al final, los magistrados dijeron que no eran competentes, pues dicha competencia estaba en manos de la Corte Constitucional.

SEMANA: Seguramente se avecina un gran choque de trenes entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional por el decreto de Petro.

E.M.: Con mucha probabilidad, la semana entrante vendrán las demandas ante el Consejo de Estado, pero como el presidente envía ese decreto a la Corte Constitucional, pues se presentará un aparente conflicto de competencias entre las dos instituciones. Podría haber un choque de trenes, pero prevalece la decisión de la Corte Constitucional porque es el órgano de cierre en materia de competencias.

SEMANA: ¿Por qué está tan seguro con la Corte Constitucional? Suponemos que es porque Petro ha logrado tener unas mayorías allí.

E.M.: No. Tengo la absoluta convicción de que la competencia es de la Corte Constitucional. Esto no es un capricho del presidente.

SEMANA: Pero, si el registrador Hernán Penagos advierte que solo convocará a los colombianos a las urnas hasta que se pronuncien las cortes, ¿qué pasará?

E.M.: No podría hacerlo. El registrador Penagos tiene la obligación de cumplir el decreto del presidente. El decreto tiene fuerza vinculante, y el registrador no puede dejar de aplicarlo. El hecho de que existan demandas contra el decreto no le permiten al registrador inaplicarlo.

SEMANA: Pero el registrador puede oponerse, igualmente, con argumentos jurídicos de peso.

E.M.: Si el registrador dice que no, estaría incurriendo en un acto manifiestamente ilegal, estaría incurriendo en prevaricato. Si se niega a cumplir el decreto del presidente, incurriría en prevaricato y se expone a un proceso penal con consecuencias muy delicadas.

SEMANA: ¿El Gobierno Petro estaría dispuesto a denunciar al registrador si no acata la orden del presidente?

E.M.: Si el registrador no acata la orden del presidente Petro, el Gobierno tendría que iniciar acciones penales contra él por prevaricato.

SEMANA: El Gobierno perdió la consulta popular en el Senado. Esa es una verdad. ¿No cree que lo lógico sería que el Gobierno volviera a radicar la consulta popular en el Congreso y se sometiera a una nueva votación?

E.M.: El acto del Congreso fue inconstitucional, y el presidente tiene la obligación de hacer prevalecer la carta magna. Además, Petro tiene un término para expedir el decreto convocando en caso de que no haya concepto; son ocho días, tiene dos interpretaciones (calendario o días hábiles). ¿Por qué no vuelve a repetir la votación? Porque el presidente tiene un término para convocar la consulta, no creo que pueda vencer el término para convocar cuando el concepto del Senado es inconstitucional.

SEMANA: Si la Corte Constitucional tumba el decreto del presidente, ¿qué pasa?

E.M.: La Corte Constitucional no puede tumbar el decreto. Tendrá que ser después de la consulta.

SEMANA: Lo tumbará después de que el país se haya gastado 800.000 millones de pesos... Eso suena incomprensible.

E.M.: Esas son las reglas de juego, ese es el modelo constitucional. El Congreso, para evitar este tipo de desgastes, trató de que el control fuera previo, pero la Corte, en dos ocasiones, no aceptó.

SEMANA: ¿Usted se considera el hombre del decretazo?

E.M.: Yo contribuí a construir la argumentación para el decretazo.

SEMANA: A usted lo señalan de llegar al Gobierno Petro para darle visos de legalidad a lo que mucha gente considera que es un auténtico golpe de Estado y un quiebre del Estado de derecho en Colombia.

E.M.: Decir que este decreto que expedirá Petro es un golpe de Estado es un despropósito, un disparate, un exabrupto. El presidente tiene una competencia constitucional y es que, en caso de incompatibilidad entre un acto de menor jerarquía y la Constitución, él puede hacer prevalecer la segunda.

SEMANA: ¿Usted acomoda las tesis jurídicas para beneficiar al petrismo? Recordemos que respaldó la famosa constituyente, que no quedó en nada.

E.M.: Están equivocados. Esa tesis que sostuve sobre la constituyente la tengo desde el momento en que era fiscal general. Hubo un gran debate cuando salieron los acuerdos de La Habana. La primera gran discusión, y una de las más importantes, era cuál era su naturaleza. Sostuve que esos acuerdos no eran simples enunciados de políticas públicas, sino que los acuerdos de La Habana son normas jurídicas, un tratado de paz que forma parte del bloque de constitucionalidad. O sea que tienen fuerza normativa. Es decir, mi posición la tengo desde que era fiscal. Demandé los acuerdos, no para tumbarlos, sino para que la Corte definiera que formaran parte del bloque constitucional. Y resulta que de los acuerdos, así los que los redactaron piensen distinto, sí se desprendía la necesidad de hacer un proceso constituyente.

SEMANA: Eso lo propuso el excanciller Álvaro Leyva.

E.M.: Estoy de acuerdo con lo que propuso Leyva. No es que yo me esté acomodando a las necesidades del petrismo, porque esta no era una posición del presidente, sino de Leyva, y que yo vengo sosteniendo desde que se firmó la paz hace casi diez años.

SEMANA: ¿Este decretazo no es pretender quebrar la ley para darle trámite a un capricho político de Petro?

E.M.: Esto no es un capricho del presidente. La Corte expresamente ha dicho que la consulta popular es un mecanismo para dirimir las discrepancias fundamentales entre el Gobierno y el Poder Legislativo, y este es el caso.

SEMANA: El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que, si el Senado aprueba la reforma laboral, se contemplaría la idea de descartar la consulta popular.

E.M.: Les doy mi opinión personal: si la reforma laboral se está tramitando en el Congreso e incorpora los elementos esenciales de la política pública que el presidente quiere someter a consideración del pueblo, no se justificaría la consulta. Él puede revocar el decreto y no hay consulta.

SEMANA: Usted, al parecer, se ha quedado solo en la defensa de su tesis. Expresidentes, exfiscales, exministros, expertos, entre muchas voces, se han apartado de esa lógica que ahora pregona el petrismo.

E.M.: Este no es un problema de cantidad, de cuántos están a favor o en contra. Lo que tenemos que mirar es el peso de los argumentos. A mí el tema del número no me preocupa, pueden hablar 100 o 200 juristas; bastaría uno solo que sí tuviera argumentos poderosos para derrotar la tesis.

SEMANA: ¿Cómo le ofreció Petro el Ministerio de Justicia?

E.M.: Luego del artículo que escribí, en el que planteé una tesis sobre el decreto para convocar a la consulta, me llamó el ministro Armando Benedetti y me dijo que si era posible que asistiera a una reunión con el presidente Petro, quien quería escuchar mis argumentos. Fui y estuvieron otros juristas, entre ellos Yefferson Dueñas, asesor de Benedetti; Luis Ernesto Vargas, embajador de Colombia ante la OEA; el secretario jurídico de la Presidencia, e hicimos un debate de argumentos muy amplio con el jefe de Estado. Eso fue el pasado martes 3 de junio. El miércoles seguimos deliberando, porque Benedetti tenía un decreto borrador. Y, al finalizar la tarde, a través del ministro del Interior, el presidente me preguntó si yo le aceptaría el Ministerio de Justicia. Le respondí que sí. Fui el primer sorprendido. En horas de la noche nos sentamos a conversar.

SEMANA: Usted ha sido señalado de ser una persona llena de odios y enemigo del expresidente Álvaro Uribe. ¿Petro lo nombra en este ministerio por ser enemigo de Uribe?

E.M.: De ninguna manera. Llego aquí no por ser víctima, ni enemigo, en el famoso juicio contra Uribe. Llego a este ministerio porque el presidente aceptó y vio que eran razonables mis argumentos frente a una salida institucional entre la discrepancia entre el Congreso y el Gobierno. Fue por una coyuntura, es casual y surge exclusivamente por eso.

SEMANA: Tras su posesión como ministro de Justicia, ¿renunciará a ser víctima en el proceso contra Uribe?

E.M.: No voy a renunciar a ser víctima en el proceso de Uribe. Mantendré mi calidad de víctima; tengo un abogado que me representa.

SEMANA: No se vería bien seguir como víctima en el caso Uribe y, al mismo tiempo, ser ministro de Justicia.

E.M.: El hecho de que sea ministro de Justicia no implica que no pueda acudir a la Justicia para hacer efectivos mis derechos. Mi abogado seguirá actuando con toda independencia.

SEMANA: ¿Usted odia al expresidente Álvaro Uribe?

E.M.: No, yo no odio a Álvaro Uribe. En alguna época de mi vida tuve relaciones muy cordiales con él.

SEMANA: ¿Se tomaría un café con Uribe?

E.M.: Desde luego que sí. Soy amigo de las soluciones negociadas al conflicto. Tengo diferencias ideológicas profundas con Uribe, pero creo en la negociación. La mejor salida para el país es no profundizar en los odios.

SEMANA: ¿Usted cree que el expresidente Uribe será condenado?

E.M.: Las pruebas contra Uribe son contundentes. La probabilidad de que Uribe sea condenado por soborno y fraude procesal es supremamente alta. Creo que existen todas las pruebas para condenarlo.

SEMANA: Mucha gente lo critica a usted porque envía cadenas de WhatsApp en las que destila odio contra todo tipo de personas.

E.M.: No destilo odio. Soy un tolimense con una clara ascendencia de los indígenas pijaos. Soy muy franco, me gusta decir las cosas como son, hablo con vehemencia y contundencia.

SEMANA: Por ejemplo, recientemente escribió un mensaje de WhatsApp en el que dijo: “La elección de Héctor Carvajal es la bancarrota ética del Gobierno Petro, impresentable, eligieron un bandido, resistencia moral, no hay otro camino ante la arrogancia, no más corrupción. ¡Basta ya, Petro!”.

E.M.: Mi expresión bandido fue exagerada. Pero considero que Héctor Carvajal no tiene las condiciones éticas y de transparencia que se exigen para ser magistrado de la Corte Constitucional. La elección de él fue una gran equivocación.

SEMANA: ¿Por qué el magistrado Carvajal no tiene las condiciones éticas y de transparencia?

E.M.: Porque tuvo una sociedad non sancta con un exconsejero de Estado que pedía dinero por los fallos.

SEMANA: El decreto de la consulta popular de Petro llegará a manos justamente del magistrado Carvajal, de tendencia petrista.

E.M.: Esta no es la primera crítica que le hago. Ya había escrito columnas contra Carvajal cuando él aspiró a la Fiscalía.

SEMANA: ¿Qué opina del magistrado Vladimir Fernández?

E.M.: Es otra cosa, un jurista, un hombre de una trayectoria limpia.

SEMANA: Pero la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, tal como reveló SEMANA, ha señalado que le dio 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, para que apoyara las reformas, entre ellas la pensional, y para que agilizara la plenaria donde Fernández fue elegido magistrado de la Corte Constitucional en octubre de 2023.

E.M.: Esas versiones de Sandra Ortiz fueron desmentidas por la Fiscalía. Cuando uno va a hacer un programa de colaboración con la Justicia, se hace una matriz. Y la supuesta entrega de dinero para que Name agendara la sesión no está dentro de la matriz de colaboración. No me quiero meter en ese tema, pero me baso en lo que la Fiscalía dice.

SEMANA: ¿Qué piensa del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el Gobierno del que usted ahora forma parte?

E.M.: Es un acto impresentable que le ha hecho un gran daño al Gobierno. Nadie puede tapar el sol con las manos. Es un acto de corrupción muy grande.

SEMANA: ¿Por qué llegó a este Gobierno salpicado con escándalos de corrupción?

E.M.: He sido uno de los críticos de los casos de corrupción, hay que ser críticos, escándalos los han tenido muchos presidentes. Álvaro Uribe, uno de los presidentes más populares en la historia del país, vivió grandes escándalos en sus ocho años de gobierno. Critico los actos de corrupción en el interior del Gobierno, soy uno de los críticos, pero sigo creyendo en el proyecto político. Parte de mi gestión como ministro será proponer al Congreso retomar la agenda de unas reformas profundas en la administración de justicia.

SEMANA: ¿Como cuáles?

E.M.: El 20 de julio vamos a empezar a presentar reformas profundas en la administración de justicia. Uno de los pilares será la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. A la política de paz total le faltan más herramientas institucionales. Creo en la frase de Virgilio Barco que habló de la mano tendida, pero con el pulso firme. Estoy de acuerdo con la negociación con todos los grupos, pero simultáneamente debe haber un rediseño institucional muy profundo que permita desarticular todas las grandes estructuras criminales que existen en el país. ¿Cómo se hace? Implica hacer una nueva reforma a la Fiscalía, porque hoy, con todo el poder que tiene, es supremamente débil en su capacidad de investigación. Tiene que ir a nuevos modelos de lucha contra el crimen organizado y la lucha contra la corrupción. Uno de los grandes defectos de la Fiscalía es que sigue investigando los casos como si fueran individuales, pero no se investigan las estructuras criminales. Por otro lado, no comparto el populismo punitivo. No es aumentando penas y su severidad lo que nos va a permitir derrotar el crimen. Lo que necesitamos para hacerlo es una justicia poderosa que desbarate organizaciones criminales. Hay que pensar en una política de despenalización. Hay que despenalizar la conducta de los campesinos e indígenas cultivadores de coca, allí tiene que haber una despenalización. Buscamos una mano fuerte contra las organizaciones, contra el crimen organizado, pero la cadena no puede recaer en los eslabones más débiles, como el campesino cultivador de coca.

SEMANA: ¿Qué propone con la Procuraduría?

E.M.: No estoy de acuerdo con el diseño actual de la Procuraduría, con su participación en el proceso acusatorio. Eso ha distorsionado el sistema acusatorio. Soy partidario de que la Procuraduría debe eliminarse, pero ya no dan los tiempos porque requeriría una reforma constitucional. Pero ya es un órgano obsoleto. Yo fui viceprocurador.

SEMANA: ¿Cómo llegará al Congreso a hacer lobby si es el ministro del decretazo?

E.M.: Por convicción, creo en el concepto de la democracia deliberativa. Iré al Congreso con ese criterio, a dar y debatir argumentos y a buscar verdades a través de la argumentación.

SEMANA: A usted lo critican por tener contratos millonarios con el Gobierno Petro.

E.M.: He tenido contratos con el Estado, no son directamente con la Presidencia. Esta asesoría que presto frente al decreto no tiene ninguna remuneración. Tengo contratos con entidades descentralizadas. Por ejemplo, un contrato con RTVC desde hace tiempo, antes de Hollman Morris. Lo suscribí desde que estaba la entonces gerente Nórida Rodríguez. Otro contrato con la Federación de Cafeteros, que viene desde antes del Gobierno Petro. Hay otros contratos recientes, pero a mí no me han contratado por razones políticas. Tengo una trayectoria profesional de 45 años y no es la primera vez que tengo contratos con el Estado. Inclusive, en el Gobierno de Uribe tuve contratos, no para asesorar al expresidente, fui agente del Estado ante el sistema interamericano. Igual ocurrió en la administración Santos. Toda mi actividad actual como abogado tengo que cederla.

SEMANA: Hubo un episodio en el que usted salió molesto de la Casa de Nariño. Incluso hubo gritos entre usted y Paula Robledo, ex secretaria jurídica de Presidencia. ¿Qué fue lo que pasó?

E.M.: (Risas). He apoyado el proyecto de Petro, y no desde ahora. Cuando era fiscal, defendí institucionalmente decisiones de la CIDH a favor de Petro. Recuerden que el exprocurador Alejandro Ordóñez lo suspendió cuando fue alcalde de Bogotá. La Corte Interamericana profirió medidas cautelares para que no lo suspendiera y, sin embargo, Juan Manuel Santos lo suspendió. Me opuse siendo fiscal. Cuando el presidente Petro lanzó su política de paz, critiqué el camino para buscar la paz. Tenía la tesis de que no bastaba con que el presidente iniciara una negociación con los grupos armados al margen de la ley, sino que simultáneamente tenía que crear un rediseño institucional muy poderoso en materia de lucha contra organizaciones criminales y corrupción para poder negociar. Y eso no se dio. La molestia con la ex secretaria jurídica de Presidencia fue por un tema profesional. Estábamos hablando en la Casa de Nariño sobre el problema energético del Caribe y abrieron un espacio para escuchar a los abogados; me molesté mucho con la posición de la entonces secretaria jurídica, porque no permitió la argumentación. Le dije que si nos sentaban en una mesa para escuchar argumentos, y ella ya tenía una posición fijada, pues yo veía que ese debate no servía. Ella se molestó. Yo también. Eso fue.

SEMANA: ¿Eduardo Montealegre es petrista?

E.M.: Yo sí soy petrista. Pero soy un petrista crítico. Todos creen que porque tengo contratos con el Gobierno no soy crítico del presidente. Lo he sido.

SEMANA: ¿Qué opina del choque entre Armando Benedetti y Laura Sarabia?

E.M.: Supremamente inconveniente para el país y para el Gobierno.

SEMANA: ¿Le gusta la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo?

E.M.: Es una fiscal excelente, que tiene claro que hay que volver a modelos diferentes de investigación y que hay que hacer un gran rediseño institucional en la Fiscalía. Está actuando con mucha ponderación.

SEMANA: ¿Qué opina de que Carlos Ramón González, imputado por el escándalo de corrupción de la UNGRD, se haya ido de Colombia?

E.M.: Mi sugerencia es que regrese a Colombia y enfrente y acate las decisiones judiciales.

SEMANA: ¿El petrismo perderá las elecciones de 2026?

E.M.: Creo que el proyecto progresista que inició Petro ganará las elecciones en 2026.

SEMANA: ¿Qué opina de las cartas de Álvaro Leyva, quien denunció que Petro tiene adicción a las drogas?

E.M.: He tenido un gran respeto por Leyva y he apoyado muchas de sus tesis, pero me parece que está invadiendo los ámbitos totalmente íntimos del presidente. Es una conducta supremamente leal y traicionera que él comente temas absolutamente íntimos del presidente.

SEMANA: ¿Petro debería insistir en su reelección?

E.M.: No es posible, constitucionalmente es posible, pero tendría que haber una reforma constitucional, y ya no hay posibilidad.

SEMANA: ¿Le hará caso a Armando Benedetti?

E.M.: Tengo que trabajar coordinadamente con Benedetti. Lo conozco hace muchos años, hemos tenido discrepancias, he sido crítico de él, él ha sido crítico mío. Pero en este momento un gabinete presidencial, sin abolir la discrepancia, tiene que trabajar supremamente unido y superando diferencias.