Educación superior y servicios públicos: los primeros detalles que se conocen de las nuevas reformas del Gobierno Petro

El cierre de la pasada legislatura fue agridulce para el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyos resultados en materia de proyectos aprobados fueron mucho menores de lo esperado.

A pesar de las dificultades y el quiebre de la coalición, el Gobierno se la jugará por dos nuevos proyectos que radicará en las próximas semanas: las reformas a la educación superior y a los servicios públicos.

Para que no les haga falta tiempo, la reforma a la educación superior se presentará el 20 de julio y la de servicios públicos está prevista para el 7 de agosto.

Por eso, a toda velocidad, el Ministerio de Educación Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos, junto a los ministerios de Vivienda y Minas, preparan textos que ni siquiera los congresistas del Pacto Histórico conocen de cerca. Mientras tanto, los sectores piden serenidad y reformas que no desechen por completo lo construido a través de los años.

¿Dónde está el borrador?

En treinta años de existencia, la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país, no ha sido reformada, pese a los intentos. Se trata de una norma construida en tiempos en los que no se tenía en cuenta la tecnología, la adversidad económica o la creciente demanda del servicio.

La necesidad de una reforma es clara por el modelo de financiación porque solo se transfieren recursos adicionales correspondientes al incremento del Índice del Precios al Consumidor (IPC). Esta subestimación de las necesidades de las universidades tiene al sistema sumido en un déficit superior a los 2 billones de pesos.

Aurora Vergara Figueroa, entonces viceministra de Educación Superior, asumió como ministra de Educación Nacional tras la salida de Alejandro Gaviria del cargo, quien hizo avances en torno a la construcción de la reforma.

Gaviria se centró en resolver los problemas económicos que precarizan la educación superior pública en el país. De acuerdo con el exministro, la modificación de los artículos 86 y 87, que establecen el financiamiento, quedó cerca de ser concertada.

El exministro también planteó que se debe hacer una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) para aumentar la bolsa de recursos para el sector.

A pesar de los avances, SEMANA conoció que el proyecto aún no tiene borrador a menos de una semana de que se radique en la Cámara de Representantes. Rectores de universidades públicas, docentes y estudiantes piden conocer qué se propone cuanto antes.

“Necesitamos más tiempo. No existe un documento ante el sector y la opinión pública para conocer los argumentos. Lo que conocemos son las asambleas que el Ministerio ha coordinado nacionalmente. Nadie conoce detalles”, manifestó Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), en SEMANA.

34 rectores de las universidades oficiales del país, según Torres, respetan la decisión de radicar, pero resaltan que se necesita más tiempo.

“Se lo dijimos al presidente. Creemos en la reforma a la Ley 30, pero esto amerita tiempo, procedimiento y metodología. Que se involucren a todos los actores del sector porque es el proyecto de nación de las próximas décadas. Requiere deliberación. Daremos el debate en el Congreso”, agregó.

Los grupos de estudiantes también están inquietos por el panorama incierto y temen que se privilegie la creación de los 500.000 cupos adicionales, una de las prioridades del Gobierno nacional, por encima de atender integralmente el tema de la financiación.

“No sabemos qué presentará el Gobierno. Solo han recogido peticiones y opiniones, pero no nos han contado nada en reuniones. Un observatorio alerta que se quiere plantear la reforma a la Ley 30 con base en los cupos. No podemos hablar de ampliación sin saldar el déficit histórico”, dijo María José Castañeda, secretaria general de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, en diálogo con este medio.

SEMANA conoció un documento en el que se recopilaron las peticiones de los principales grupos de interés, en el que se informa que la reforma se tramitará en la Comisión Sexta de la Cámara.

Los principales ejes temáticos son financiación, bienestar, calidad y acreditación, democracia, autonomía universitaria, reconocimiento territorial y relación de las instituciones de educación superior con la sociedad, investigación, reconocimiento de saberes, género, propiedad intelectual, un nuevo enfoque para el Icetex, y memoria, derechos humanos y paz. También se contempla un capítulo étnico.

Uno de los temas más importantes será la ampliación de los cupos y este medio conoció que existe un acuerdo con los rectores de las universidades públicas y privadas para crear 360.000 nuevas plazas en estre cuatrienio.

La reforma integral deberá solucionar el déficit de recursos y existen propuestas para cambiar la fórmula, pero el Gobierno no ha dado a conocer cómo lo hará.

SEMANA conoció que un grupo de funcionarios del Ministerio y asesores legislativos de congresistas del oficialismo se encuentran trabajando en una mesa de redacción para tener listo el proyecto cuanto antes.

¿Mínimo vital de servicios públicos?

La Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Minas y Energía vienen trabajando conjuntamente en la construcción de una reforma a los servicios públicos.

Las alertas se encendieron cuando el presidente Petro aseguró que el centro de su propuesta será que “no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino el usuario y la usuaria”.

Se trata de una reforma a la Ley 142 de 1994, en la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. El Gobierno pondrá sobre la mesa sus temas centrales, que girarán en torno a darle juego al sector público, un mínimo vital para usuarios, modificaciones a las comisiones de regulaciones y bajar precios a como dé lugar.

SEMANA conoció una fase previa del proyecto, que circuló a principios de año, que en uno de sus artículos dice que el Gobierno “podrá asimilar” las actividades en torno a la prestación de los servicios.

También contempla “monousuarios” o usuarios de redes comunitarias que podrán ser dueños “de componentes de la red que se utiliza para la prestación de servicios, no tener medición, ni generar costos especiales de comercialización para la prestación de servicios”. A esta figura le llaman “prosumidores”.

Según las pretensiones del Gobierno, el servicio deberá ser universal y habrá un mínimo vital a cargo del Estado, que podrá ser gratuito o a bajo costo. Según el borrador, será de 50 litros de agua por persona al día y 103.8 kilovatios hora en energía, y solo será garantizado si el usuario no puede cubrirlos. Podría ser renovado cada seis meses, mientras existan las condiciones.

A pesar de las primeras pinceladas de lo que será el proyecto, nada está definido y el Gobierno trabaja de la mano con las empresas, academia y usuarios.

En entrevista con SEMANA, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), habló sobre el proceso de diálogo con el Gobierno nacional y aseguró que la reforma se radicará el próximo 7 de agosto.

“Venimos trabajando de la mano. Hemos tenido varias citas con el superintendente Dagoberto Quiroga para llegar a puntos de encuentro. El primero es que esto no va a ser un salto al vacío, esto no es terminar la ley y empezar con una nueva. Es dejar lo bueno y actualizar lo que requiere ser actualizado. En Andesco estamos revisando la ley, artículo por artículo. Ahí vamos a ir llegando a acuerdos. El 31 de julio tenemos una reunión muy importante con el superintendente para revisar los aportes de cada lado”, manifestó el líder gremial.

Para Andesco, actualizar la parte tecnológica en la ley es clave y se busca que se mantengan la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

“Estamos en concertación. No es borrón y cuenta nueva. Se mantiene la CRA y la CREG como algo muy importante. Que los mínimos vitales van a ser financiados por el Estado, que no van a ser a costas de los usuarios o de las empresas. También miramos la importancia de las comunidades para que participen, clarificando que no es que de la noche a la mañana se vuelvan técnicas y tengan la capacidad financiera. Tengo que decir algo claro, no se tendrá lista la ley hasta que no se termine este proceso”, informó Sánchez a este medio.

Poco se sabe de boca del Gobierno nacional sobre los proyectos que radicarán en los próximos días. Todo apunta a que el debate comenzará en el Congreso, que, como con las otras iniciativas, puede convertirse en un cuadrilátero político.