El aliado en la sombra de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación: las movidas de un funcionario que tiene ‘blindado’ al presidente

A un año y tres meses de terminar su periodo, el presidente Gustavo Petro no le teme a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes como ocurría al inicio de su gobierno, cuando dijo desde la plaza de Bolívar, en Bogotá, que sus opositores pretendían tumbarlo desde el Congreso.

Petro luce tranquilo, sereno y no volvió a arremeter contra la Comisión, que hoy, a juzgar por sus más recientes movidas, no supone una amenaza en su contra, pese a sus múltiples investigaciones, entre ellas la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022. Alirio Uribe, congresista del Pacto Histórico y quien investiga a su jefe político por ese tema, prometió resultados antes de finalizar el primer semestre de 2025.

En la Comisión de Acusación, Petro tiene a un gran aliado: el secretario general, Jairo Corzo, un habilidoso abogado santandereano que se conoce el órgano judicial como la palma de su mano y que ha aprendido a amasar poder y a mover sus fichas en favor del jefe de Estado.

Corzo convoca las sesiones, notifica las investigaciones, conoce la información de primera mano y en los últimos meses ha influido en la designación de investigadores en los casos de connotación, según le contó una fuente de alto nivel a SEMANA. Eso, sin duda, favorece al presidente.

Su poder empezó a divisarse en las últimas semanas, pues la Comisión comenzó a investigar la denuncia de Wilson Ruiz, exministro de Justicia, contra el presidente Petro tras las explosivas cartas del excanciller Álvaro Leyva, quien lo señaló de una supuesta adicción a las drogas.

La denuncia preocupa en la Casa de Nariño porque, a través de ella, la Comisión de Investigación podría decretar como medida cautelar una prueba médica y toxicológica al jefe de Estado que expondría su verdadera condición médica y mental para dirigir al país.

Jairo Corzo designó como investigadores a parlamentarios aliados de Petro, entre ellos Gloria Arizabaleta, congresista del Pacto Histórico y exesposa de Roy Barreras, quien también lleva el caso del presidente por presunta financiación irregular de su campaña presidencial sin mayores resultados.

También, Olga Lucía Velásquez, representante por la Alianza Verde y esposa del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, a quien el petrismo le dio la bendición en su elección. Y la parlamentaria Karyme Cotes, de Sucre y del Partido Liberal, quien forma parte de las congresistas conocidas como Sin Piedad, es decir, sin Piedad Correal, la única parlamentaria liberal que se opone a Petro. Cotes se uniformó de rojo el 20 de julio de 2024, como sus demás compañeras aliadas a la Casa de Nariño, y se tomó una fotografía junto al jefe de Estado.

La escogencia del triunvirato por parte de Corzo, que sin duda favorecía a Petro, no fue consultada con el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Leonardo Gallego, congresista del Partido Liberal, quien no se quedó callado y le llamó la atención al secretario.

Una fuente del Congreso confirmó que Gallego, visiblemente molesto, lo llamó “abusivo” y le reiteró la importancia de no extralimitarse en sus competencias. El ambiente fue tenso. Corzo, quien públicamente no casa peleas, se excusó.

Otra fuente le dijo a este medio que Gallego, sin percatarse, firmó la designación de ese triunvirato, pero en la redacción no estaba claro a qué investigación se refería. ¿Una jugadita de la Secretaría de la Comisión? La respuesta es incierta.

Leonardo Gallego, cercano al expresidente César Gaviria, ordenó otro triunvirato para investigar a Petro por el caso Leyva: Olga Lucía Velásquez, cercana al petrismo; Wadith Manzur, del Partido Conservador, involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) porque, al parecer, se benefició de contratos de la entidad; y el congresista Carlos Cuenca, de Cambio Radical, el único opositor de esa tripleta.

Esa movida no le gustó a Jairo Corzo, pues Cuenca fue designado coordinador del triunvirato, conoce el Congreso, es crítico del Gobierno y el único de los tres parlamentarios que, arropado por la oposición de su partido político, puede pedir preliminarmente el examen médico o toxicológico al presidente y desnudar su verdadera condición de salud.

También se solicitaría la declaración del excanciller Álvaro Leyva y hasta tocaría las puertas de la inteligencia en Francia para corroborar las explosivas quejas del exministro. Esa decisión se podría tomar en las próximas semanas. Sin embargo, Cuenca, quien no quiso hablar con la prensa, no la tendrá fácil, pues deberá enfrentarse con Velásquez y Manzur. El último demostrará de una vez por todas de qué lado de la cancha está jugando.

Corzo –quien primero le asignó investigadores al proceso contra el magistrado Vladimir Fernández por los señalamientos de la exconsejera Sandra Ortiz, pese a que llegó a la Comisión casi tres semanas después de la denuncia de Wilson Ruiz contra Gustavo Petro– no es amigo personal del presidente. No obstante, tiene cercanía con la izquierda desde que fue abogado del Pacto Histórico y logró la recuperación de más de 60.000 votos en 2022 para el petrismo que le permitieron a la izquierda obtener una nueva curul para la Cámara en Antioquia y cuatro senadores, entre ellos dos de Santander. “Para el Pacto Histórico hice un buen trabajo de escrutinio con muy buenos resultados. He demostrado idoneidad y capacidad”, le dijo Corzo a SEMANA el 10 de agosto de 2022.

Uno de los más agradecidos con el papel que jugó Corzo fue Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, ad portas de ser condenado por corrupción. Cuando el abogado recuperó las curules para Antioquia (Susana Boreal y Luz María Múnera), López lo felicitó en su cuenta oficial de X el 20 de julio de 2022.

“Gran triunfo en Antioquia para el progresismo. Maravillosa la campaña que hicimos Susana Boreal y Luz María Múnera, un equipo que inició desde enero hasta el sábado cuando el CNE nos ratificó la tercera curul para el Pacto Histórico. Gracias al equipo conformado por Jairo Corzo, entre otros”, escribió López, hoy imputado por la Justicia.

Por su parte, la actual consejera presidencial Luz María Múnera escribió en redes sociales: “Encantada de tenerte en Medellín, querido Jairo Corzo. Él encabezó la tarea del escrutinio en Antioquia hace dos meses cuando recuperamos más de 30.000 votos a la Cámara por el Pacto”.

Petro, agradecido, lo ayudó a ubicar en la Secretaría de la Comisión de Acusación de la Cámara, aunque sonó fuertemente para llegar al Consejo Nacional Electoral. La partida se la ganó Fabiola Márquez.

Corzo llegó a la Secretaría General de la Comisión porque David Racero, expresidente del Congreso, hizo lobby a su favor, pues fue uno de sus asesores. Y el actual secretario se impuso frente a la ahora ministra de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

“Mi trabajo es de apoyo jurídico en la presidencia de la Cámara. Se trata de darle soporte jurídico y toda la ayuda que el presidente David Racero requiere”, afirmó Corzo. Él fue clave en la estrategia del entonces presidente de la Cámara (2022-2023) de reducir las camionetas y los esquemas de seguridad de los parlamentarios.

Por Corzo también hizo gestión Alfonso Prada, entonces ministro del Interior.

Varios congresistas indican que Corzo, aprovechando el manejo que tiene en esa célula legislativa, acumula las investigaciones exclusivamente contra Gustavo Petro. Es decir que, en lugar de abrir varios frentes tras recibir las denuncias, todas las quejas que le llegan por correo electrónico las agrupa y las envía a los congresistas Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (ambos del Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (del Partido de la U), quienes llevan más de dos años investigando la presunta violación de los topes de la campaña presidencial de 2022 y no han entregado resultados. Mientras tanto, el CNE elevó el pliego de cargos y tomará la decisión final a mediados de junio. Además, en la Casa de Nariño siempre se enteran primero de las decisiones que toman los representantes investigadores.

¿Tiene algún interés el secretario general? En realidad, Corzo no tiene poder para fallar un proceso, pues esa es potestad del congresista, pero, tal y como están las cosas, se está moviendo hábilmente para beneficiar al presidente, al menos en el arranque de los procesos.