El declive de la SAE: la entidad redujo sus ingresos por administración de predios de la mafia y aparecieron misteriosos depositarios sin experiencia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda que busca administrar y gestionar los activos provenientes de actividades ilícitas, que deberán buscar propósitos para el bien colectivo, así como rentar, con el fin de destinar los dineros a la inversión social y reparación de víctimas.

Toda la plata recogida por la SAE llega al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), que luego distribuye los recursos para ser enviados a cada uno de los programas que financia.

Pero desde la llegada del Gobierno Petro, la entidad dio un vuelco que provocó una caída estrepitosa del recaudo de rentas y recursos por venta, entre otras gestiones, de dichos activos. Entre 2023 y el 4 de diciembre de 2024, los ingresos al Frisco cayeron 55 por ciento, lo que significa una reducción de casi la mitad de los recursos destinados a ayudar a las víctimas de los crímenes de quienes en algún momento eran los propietarios de los bienes.

SEMANA tuvo acceso a información financiera de la SAE, que constata que malos manejos, presiones a administradores de los activos y un nuevo programa que busca incluir a grupos comunitarios, provocaron una situación insostenible en el interior de la entidad, que parece marchitarse de a pocos.

Todo comenzó en 2022, cuando Daniel Rojas fue nombrado presidente de la SAE, primer cargo público al que llegó. Desde ese momento en adelante, se comenzó a ejecutar un cambio en la administración de los bienes, que en ese entonces estaba a cargo de unos depositarios.

Estos depositarios, quienes estaban registrados internamente, administraban por una comisión los bienes, que son asignados por resolución. Sin embargo, lo que para casi 200 administradores era un trabajo de tiempo completo, se acabó, dado que la SAE dejó de pagarles, pese a que seguían haciendo su trabajo.

SEMANA reportó en su momento testimonios y comunicaciones de estos depositarios a la SAE. Muchos terminaron en quiebra y sin la posibilidad de costear la vigilancia de los predios, así como las gestiones para arrendarlos. Muchos creían que el objetivo de esto era aburrirlos y, con eso, hacerlos renunciar a la administración de los predios.

Y es que Rojas, quien ahora es el ministro de Educación, tenía otro plan: crear una figura de depositarios y gerentes populares. Estos, según los términos y condiciones de la primera convocatoria, deben cumplir requisitos financieros, de formación profesional y creación de valor público.

Sin embargo, hasta el momento, el traslado de los bienes a estos depositarios, así como la situación de los anteriores administradores, han generado un caos en la entidad.

En junio de 2025, la Contraloría General de la Nación determinó hallazgos fiscales por más de 28.000 millones de pesos por manejo irregular de los bienes, incluso reportando que algunos desaparecieron.

Y resaltaron que el total de bienes asciende a 33.109, de los cuales, en su momento, solo 5.985 estaban arrendados.

Las cifras del desastre

SEMANA conoció un reporte de la SAE en el que se muestra cómo ha cambiado el ingreso de recursos al Frisco desde principios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En total, entre septiembre y diciembre de 2022 se alcanzó a recaudar cerca de 42.629 millones de pesos. Eso equivale a aproximadamente 10.000 millones de pesos al mes.

Igualmente, se registró un recaudo de 23.029 millones de pesos en venta de inmuebles; 8.743 millones de pesos en venta de muebles y 134.601 millones de pesos en venta de sociedades. Entre otros movimientos, el total de ingresos para los primeros meses del Gobierno fue de 253.224 millones de pesos.

El panorama de 2023 pareció favorable, alcanzando un promedio de 11.277 millones de pesos mensuales, aproximadamente. En total, se lograron ingresar 135.330 millones de pesos en arriendos. Por otro lado, las ventas de inmuebles recaudaron 463.311 millones de pesos; las de muebles, 13.979 millones y la venta de sociedades, 58.664 millones. Contando otros ingresos, el total para 2023 fue de 806.881 millones de pesos.

Pero las cosas cambiaron drásticamente en 2024, año en el que las cifras muestran una reducción de más de la mitad de los ingresos del Frisco. Los arrendamientos bajaron, llegando a solo 124.390 millones de pesos en el año, y el total de ingresos corrientes bajó casi 60 por ciento. Otro factor que afectó los ingresos fue la poca venta de los activos en poder de la SAE, que solo alcanzó 125.371 millones de pesos. Eso equivalió a una reducción de cerca del 76 por ciento, si se le compara con 2023.

Fuentes internas le contaron a SEMANA que estas dificultades en ventas se deben a falta de legalización y recolección de bienes. Aparentemente, los funcionarios encargados no tenían la experiencia.

En total, en 2024 solo se recaudaron 360.160 millones de pesos, lo cual implica una reducción del 55 por ciento.

Los depositarios sin experiencia

SEMANA tuvo acceso a información de depositarios populares o comunitarios en varias zonas del país. Llama la atención que ahora constituyen buena parte de los administradores, en algunos departamentos la mayoría y muchos no tienen experiencia en este tipo de gestiones.

Por ejemplo, en el departamento de Valle del Cauca, solo hay cuatro depositarios tradicionales, entre ellos dos personas naturales, mientras que nueve son populares.

Este medio pudo confirmar que de las 11 personerías jurídicas, solo dos tienen domicilio principal en el Valle del Cauca y una tiene una sede en la ciudad.

Los demás depositarios populares están ubicados en Bogotá, Apartadó (Antioquia), Quibdó (Chocó) y Medellín (Antioquia). Solo dos están en Buga y La Cumbre, Valle del Cauca.

Ninguno de ellos, de acuerdo con las funciones que declaran al inscribirse en Cámara de Comercio, cumple con labores de administración de inmuebles u otro tipo de activos.

En el departamento del Huila, por ejemplo, de los ocho depositarios, siete son populares. Ninguno de ellos se encuentra ubicado en el territorio.

La única firma depositaria tradicional tiene sede en Ocaña, Norte de Santander. Las demás están en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Flandes (Tolima).

Al cruzar los nombres, SEMANA también encontró indicios de posible politización de estos puestos.

Por ejemplo, María Alejandra Guerrero Vergel, representante legal de María Alejandra Guerrero Asesorías & Consultorías S. A. S., firma depositaria en el Huila, fue auditora nacional del Partido Liberal.

Y la Corporación Soluciones Técnicas, Agropecuarias y Ambientales, que puede administrar predios en Valle del Cauca, está vinculada con Lewis Mosquera Hurtado, candidato a la Alcaldía de El Cantón de San Pablo, en el Chocó, en las pasadas elecciones, a nombre de la Alianza Verde.

Igualmente, uno de los depositarios es la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que en ningún momento ha tenido este tipo de responsabilidades en la historia de su existencia como unión de pueblos indígenas en el país.

SEMANA consultó a la Sociedad de Activos Especiales sobre la reducción de ingresos del Frisco y aseguraron que la diferencia entre 2023 y 2024 se debe a la venta de un predio en Mamonal, departamento de Bolívar, por 328.000 millones de pesos. Sin embargo, si se resta el impacto del predio, aún habría una reducción del 24,79 por ciento en lo recaudado.

Igualmente, dijeron que los ingresos se vieron afectados por un pago de 190.000 millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras, “suma que automáticamente se refleja en el pasivo como cuentas por cobrar”.

Además, defienden a los depositarios populares, dado que no hubo una reducción grande en los arriendos.La situación de la SAE parece agravar el panorama fiscal del Gobierno, que cada vez se ve más afectado económicamente por problemas de recaudo.