El decretazo de la consulta popular de Petro alerta al país: “golpe de Estado”, “dictador”, “quiebre”. 16 líderes advierten sus peligros en SEMANA

El Gobierno de Gustavo Petro insiste en hacer su consulta popular contra viento y marea. El presidente anunció que, tras la negativa del Senado, lo hará por decreto. Su posición ha levantado enormes críticas. “Golpe de Estado”, “dictador”, “quiebre institucional”, “desquicie total”, son algunos de los calificativos que ha recibido. Una violación así al sistema de frenos y contrapesos no tiene antecedentes en el país y será activado justo a un año de las elecciones presidenciales de 2026.

Pocas iniciativas habían logrado unir en rechazo a voces tan disímiles. Políticos, líderes gremiales, juristas y académicos han dejado saber que el país viviría un descalabro institucional. Petro, por su lado, ha dicho frases en tono de amenaza: “Cuando las instituciones van en contra del pueblo... las instituciones se van”. Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, abrió la puerta a que se levante la consulta popular si la plenaria del Senado aprueba la reforma laboral al pie de la letra de la que acordó el Ejecutivo en la Cámara, lo cierto es que el decreto para la consulta ya está listo.

SEMANA consultó a 16 líderes del país. Estas son sus advertencias.

“Una amenaza real”

“El Congreso ya debatió y votó este tema. Si hubo vicios en el trámite, le corresponde a la autoridad competente revisarlo y no es el Poder Ejecutivo el que determina si se incurrió en esto porque, de lo contrario, sería suplantar la labor de otra rama del poder público. Convocarla es un quiebre institucional, una amenaza real a los fundamentos del Estado de derecho y de nuestro sistema democrático. Si el Gobierno considera que hubo irregularidades en el trámite, debe acudir a la Rama Judicial y no afirmarlo como si fuera un hecho probado”.

“Golpe institucional”

“El presidente Petro pretende dar un golpe institucional al intentar convocar, por decreto, una consulta popular que ya fue negada por el Senado. Esta decisión irresponsable busca polarizar al país y abrir la puerta al uso indebido de recursos públicos para favorecer la campaña de 2026. Ante este grave atropello, los colombianos debemos unirnos, recurrir a las instancias legales pertinentes y rechazar con firmeza este intento autoritario, al igual que la organización electoral de Colombia”.

“Todo un dictador”

“Al juzgar sin facultades un acto del Congreso, el presidente abusa de su función e intenta reemplazar a los jueces, atacando la independencia de la Rama Judicial. Petro, con este proyecto de decreto, intenta suplantar al Poder Legislativo y al Judicial, convirtiéndose en todo un dictador. La idea premeditada de expedir un decreto en contra de todos los principios fundamentales de la democracia rompe el orden constitucional. Los caprichos de un gobernante no están por encima de las reglas de la democracia: para consultar al pueblo, la Constitución define reglas que no puede violar dolosamente sin consecuencias legales”.

“Camino equivocado”

“La consulta que impulsa Petro es un camino equivocado: se salta al Congreso, desconoce la representación popular y utiliza recursos del Estado para promover su agenda personal, no una política pública. Fui congresista, conozco el valor de la deliberación democrática, del debate de ideas, de los pesos y contrapesos que sostienen una república. Las leyes no se aprueban por capricho ni por aplausos en plaza pública, se construyen con diálogo, rigor y respeto a la democracia representativa”.

“Es un golpe de Estado”

“Las dictaduras nacen generando una ruptura institucional y luego posan de víctimas. Eso es lo que hace Petro todo el día. Este es un golpe de Estado propiciado por Petro. Él sabe que el decreto que firmará es ilegal y lo hace de manera intencional para que, una vez las cortes le digan que es un acto ilegal, él vuelva a posar de víctima y llamar a la movilización. Esa ruptura institucional es jugar con candela, está amenazando directamente con incendiar el país y hacer desaparecer instituciones porque no hacen lo que él quiere. Nada más antidemocrático que lo que él está haciendo. Se está tomando las instituciones para destruir la democracia desde adentro”.

“Es ilegal”

“Esta es una situación preocupante desde el punto de vista institucional y legal. El Gobierno está presentando argumentos que no son ciertos. Expedir un decreto en el que se ordena a la organización electoral a realizar la consulta popular sería una medida abiertamente ilegal; el presidente y sus ministros podrían incurrir en el delito de prevaricato. Decir que la votación del Senado no existió es argumentar un decreto de forma ilegal. Si el presidente llega a expedirlo, el registrador debe revisar el concepto favorable del Senado que, en este caso, no lo hubo, lo que hace que no se cumplan los requisitos para sacar el calendario electoral”.

“Desquiciamiento total”

“El presidente se convertiría en un dictador. Esto no es lo mismo que todo lo que ha pasado antes. ¿Por qué? Pues porque se está dando un golpe de Estado, desconociendo el orden constitucional, ninguneando al Senado y a la Justicia. ¿Qué es eso de inventarse la teoría de la inexistencia para un acto de una autoridad pública? Es el mayor exabrupto que he oído como abogada. Existe la excepción de inconstitucionalidad o la nulidad. Desconocer una decisión de una rama del poder público, invocando la inexistencia, llevaría al desquiciamiento total de nuestro orden jurídico”.

“Instrumento ineficiente”

“El hecho de que el Gobierno tenga reparos legales frente a las condiciones en que el Senado negó el concepto favorable necesario, a la luz del artículo 104 de la Constitución Política, no le permite desconocer la separación de las ramas del poder público. El concepto desfavorable del Senado goza de presunción de legalidad y esa presunción no puede ser desconocida por la Rama Ejecutiva. Convocar una consulta popular mediante decreto, pasando por alto el concepto negativo del Senado de la República, que goza de presunción de legalidad, configuraría un claro desconocimiento del orden constitucional y legal”.

“Un gobierno desesperado”

“La consulta popular no es solo una propuesta política, es una amenaza directa a la democracia. No se trata de debatir un mecanismo de participación, sino de frenar un Gobierno desesperado por su falta de legado, incapaz de ejecutar proyectos y sin respaldo popular, que recurre a maniobras populistas para aferrarse al poder. Este Gobierno ve en la consulta una tabla de salvación electoral, pero su verdadero peligro radica en su disposición a violar la Constitución con tal de imponer su agenda. Permitir esta transgresión sería abrirle la puerta al autoritarismo. Si hoy cedemos, mañana cualquier autócrata podrá justificar sus abusos con el pretexto de la voluntad popular”.

“Un atajo”

“La Constitución es clara: la decisión del Senado de negar la consulta popular es válida, legítima y obliga su acatamiento. Así lo recordó el Consejo de Estado. Esa posición debe ser respetada. Insistir en esta vía es desconocer un pronunciamiento judicial y alterar el equilibrio de poderes. Celebramos el respaldo de los principales partidos políticos, que cierran filas en defensa de la Constitución y del Estado de derecho. La Constitución no admite atajos: se cumple, no se acomoda a conveniencia”.

“Nadie puede callar”

“Una consulta por decreto es desafiar la institucionalidad y desafiar las bases de nuestra democracia, como la separación de poderes. El Gobierno Petro está usurpando los roles del Gobierno y del Congreso. En el fondo, lo que puede llegar a suceder con ese decreto es una insubordinación institucional. Hoy hay un desafío a la democracia, a la institucionalidad y a la independencia de las ramas del poder público. Frente a estos hechos, nadie se puede quedar callado, ni los candidatos presidenciales, ni las ONG, ni las empresas, ni los gremios, ni la academia”.

“Quebrantamiento”

“Plantearía un precedente sumamente peligroso para el Estado de derecho. El presidente desconocería los actos de otros órganos del Estado. Resultaría de inusitada gravedad que el presidente pudiera inaplicar los actos de otros órganos constitucionales cuando considerase que son contrarios a la Constitución. Para eso, precisamente se ha previsto la separación de poderes, principio sobre el cual estaría pasando por encima y que, a no dudarlo, daría lugar a una oportuna reacción de las instancias judiciales para evitar ese quebrantamiento constitucional”.

“Peligrosa lógica autoritaria”

“Se está instalando una peligrosa lógica de concentración autoritaria del poder. Como ha advertido el constitucionalista García Rentería, el uso arbitrario de los mecanismos de participación por parte del Ejecutivo –con un lenguaje emocional, polarizante y populista– es el germen de un presidencialismo totalitarista y convierte al pueblo en instrumento de validación plebiscitaria. Este tipo de maniobras recuerda las movilizaciones fascistas, en las que la voluntad popular fue secuestrada por líderes que pretendían hablar en nombre de todos para gobernar sin límites”.

“Populismo tóxico”

“Es una estrategia sucia, de las que está acostumbrado Gustavo Petro. Él sabe que ese decreto es inconstitucional y lo usará para dos propósitos: desarrollar una narrativa popular sobre defender al pueblo y victimizarse, decir que las cortes y el Congreso no le permiten hacer su revolución. A él nunca le ha interesado gobernar, no sabe gobernar. La consulta popular trae todo tipo de riesgos: normalizar que un gobernante arremeta contra las instituciones porque no le obedecen y abrir la puerta a una dictadura constitucional, de esas que empiezan con aplausos y terminan con censura, ruina económica y represión. Es el populismo en su versión más tóxica”.

“Incidir en elecciones”

“La consulta popular por decreto va a tener una interferencia con todo el aparato del Estado y con toda la participación política. Todos los órganos del Estado podrán utilizar su presupuesto, su influencia y sus competencias en las elecciones futuras, tanto para presidenciales como para Congreso. Entonces, se está instrumentalizando, con una apariencia de consultar al pueblo para escuchar su voluntad, como es la salud y el trabajo, cuando lo que efectivamente se pretende es incidir en las elecciones, y alterar el equilibrio electoral”.

“Quiebra la Constitución”

“La consulta popular implicaría un quebrantamiento grave y ostensible de nuestra Constitución. No hay ningún artículo que valide que el presidente pueda emitir un decreto de esa naturaleza cuando ha mediado la negativa del Senado y ha emitido un concepto previo y desfavorable sobre la materia. Se desconocería la competencia de la Rama Legislativa para este tipo de iniciativas. La consulta implicaría la usurpación de la Rama Ejecutiva a los veredictos de la Justicia, especialmente cuando el Consejo de Estado se ha pronunciado señalando que sí hubo un concepto emitido por el Senado. Esto violentaría gravemente el sistema de pesos y contrapesos que prevé la Constitución”.