Tal como lo prometió en la audiencia en la que le profirieron orden de captura en su contra, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se entregó a la justicia.
Lo hizo en la noche de este jueves, 18 de diciembre, en Cali, la ciudad donde estuvo durante las 12 horas de audiencia pública en la que el Tribunal Superior de Bogotá no admitió los recursos de reposición presentados por su defensa y ratificó la decisión de enviar al exjefe de la política de Gustavo Petro a la cárcel.
Velasco —según la justicia— hizo parte de la repartija de coimas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) a varios excongresistas del país, con el fin de empujar las reformas estructurales del hoy presidente en el Legislativo.
El exministro permanecerá hasta las primeras horas de la mañana de este viernes en Cali, pero se desconoce si el Inpec ordenará su traslado a Bogotá. Al fin y al cabo, no se descarta que termine en la cárcel La Picota, donde hoy permanece el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle.
Por su parte, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también capturado en la tarde de este jueves por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, permaneció su primera noche en el búnker de la Fiscalía, pero su defensa ha pedido que se tenga en cuenta su edad (76 años) y sus quebrantos de salud para que cumpla la medida en casa por cárcel.
Y es que ambos exministros de Petro habían sido cobijados inicialmente con la medida de aseguramiento en casa por cárcel, pero la magistrada Aura Alexandra Rosero tumbó esa decisión y pidió que permanecieran en un sitio de reclusión intramural.
Para la togada, Velasco y Bonilla representan un peligro para la sociedad por la gravedad de las conductas endilgadas que afectaron, según ella, los bienes del Estado.
Igualmente, existe un grave riesgo para la integridad del proceso penal, puesto que los procesados cuentan con los recursos y contactos para salir del país.
No se puede desconocer que hoy el cerebro principal del escándalo de la UNGRD, Carlos Ramón González, quien fue director del Dapre en la época de los hechos, está prófugo de la Justicia, vive en Managua, Nicaragua, bajo protección y asilo político del régimen de Daniel Ortega.
Volviendo a Bonilla y Velasco, la Fiscalía señaló que en diferentes reuniones en las sedes de los ministerios de Hacienda y del Interior, en el centro de Bogotá, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco dieron instrucciones precisas para que se entregaran los contratos que estaban pidiendo los congresistas por su voto positivo.
De esta forma, se le dio plena credibilidad a la declaración que entregó la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien estuvo presente en varios encuentros y sostuvo sus explosivas denuncias.
Por su parte, el Tribunal de Bogotá aseveró que quedó probada la existencia del llamado “cónclave” que se realizó en la Casa de Nariño en la tarde del 27 de noviembre de 2023 y el cual contó con la activa participación, entre otros, del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón; el director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, y varios ministros.
“No actuaron de manera episódica ni esporádica”, advirtió al considerar que desde un principio dieron instrucciones claras y precisas para que los contratos que estaban pidiendo los congresistas fueran direccionados en forma de cupos indicativos y proyectos.
