El Gobierno del presidente Gustavo Petro guarda silencio, mientras las disidencias de las Farc —que han reiterado que no firmarán la paz con su administración que culmina el 7 de agosto de 2026— siguen entregando millonarias obras de infraestructura en las regiones más apartadas de Colombia.
Los Comandos de Frontera —que hace parte de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, integrada por alias Araña, a quien Petro frustró su extradición a Estados Unidos por narcotráfico— le entregaron el regalo de Navidad a las comunidades de las profundidades del Putumayo: varios kilómetros de placa huella que facilitan la movilidad en una zona donde el invierno no se compadece e inunda los carreteables.
Un video divulgado en las redes sociales confirmó cómo un jefe guerrillero apodado Juan Carlos, quien hace parte de los Comandos de Frontera, celebra la entrega de la obra. Por su parte, las comunidades agradecen porque al fin se construyeron las placas huellas.
“Las placas huellas son un medio de proteger a las comunidades, a los campesinos”, dice el jefe guerrillero Juan Carlos. “Por acá teníamos que utilizar la misma trocha con bestias. Se mira todavía la seña de cómo sufrían los caballos. Imaginen a los pobladores”, expresó un campesino agradecido porque la vía es importante, ya que une a las comunidades con el río. Los Comandos de Frontera apoyan con cemento, gasolina, y los pobladores con el trabajo y la arena que extraen de los ríos.
“Como el Estado no hace nada por el campesino que, al menos, dejen que otras personas, que sí ven en carne propia lo que padecemos, inviertan”, añadió.
Las Farc lo ven como “una voluntad de paz”, pero los dineros que destinan para las grandes obras provienen de las extorsiones que no cesan en la región.
En Puerto Bello, otro caserío ubicado en Putumayo, los Comandos de Frontera entregaron a finales de noviembre de 2025 una caseta comunal grande. El mismo comandante Juan Carlos, como se identifica, protagonizó otro video donde se observa cortando la cinta en la inauguración con el presidente de la junta de acción comunal. La caseta es grande, pintada de blanco, estructura en cemento, imágenes de la Bandera de Colombia, guacamayas propias de ese departamento.
“Tenemos el compromiso de aportarles a las comunidades”, dijo Juan Carlos mientras la gente aplaudió en la inauguración. “Nos ha tocado duro porque ingresar el material no es fácil”, reconoció.
La caseta se llama Semillas de Unión. “Hemos luchado con la Alcaldía, la Gobernación y ninguno nos apoyó. Comandos de Frontera nos dieron la iniciativa. El trabajo fue mancomunado. Gracias al trabajo de ellos y las comunidades lo hemos logrado”; afirmó Andrés Trespalacios, un poblador.
Esas obras se suman a las que Calarcá Córdoba —otro de los jefes de las disidencias de las Farc—ha realizado en las profundidades del Yarí, entre Caquetá y Meta. Entre ellas, el polémico y moderno internado Gentil Duarte, construido en cemento en las profundidades de la selva.
La obra hoy es un elefante blanco porque el Estado no se hace cargo de su financiación. El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, les anunció a las comunidades que asumiría el pago de maestros con una condición: que el nombre de la institución no sea Gentil Duarte. “Es apología del delito”, expresó. La obra fue financiada exclusivamente por las Farc con dineros del narcotráfico y la extorsión.
A finales de 2024, las disidencias de Iván Mordisco, uno de los principales objetivos militares de Gustavo Petro, entregaron dos puentes en las profundidades del Cauca, por donde se mueve su insurgencia: uno, entre los municipios de El Patía y El Tambo. Otro, en López de Micay.
El Comando de la Tercera División del Ejército informó en su momento que “son las carreteras que necesitan las disidencias de Mordisco para poder mover los insumos necesarios dedicados a la minería ilegal y al narcotráfico; son puentes que necesitan. No es por apoyar a la población”.
En marzo de 2024, las Farc de Mordisco entregaron una ambulancia a las comunidades para atender las emergencias de los pobladores.
El presidente Gustavo Petro ha guardado silencio. Y su Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no han rechazado la inauguración de obras por parte de una guerrilla que mueve dineros ilegales producto de las presiones a comerciantes, empresarios, ganaderos, cafeteros, entre otros.
