El Gobierno Petro no ha cumplido: SEMANA revela una impactante radiografía de los incumplimientos del presidente y sus ministros. De 214 promesas, solo se han concretado 27

Esta semana, en el famoso y caótico consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro admitió un fracaso. En directo por televisión, ante millones de colombianos, reveló que no ha podido cumplir con su programa de gobierno. Con una hoja en mano, enfiló baterías contra algunos de sus funcionarios y dijo que tenían “agendas paralelas”. Según Petro, su Gobierno hizo 195 compromisos “con el pueblo”, pero solo se han podido cumplir 49; “146 no se han cumplido hasta el momento, señoras y señores. Anoten, los tengo todos por ministerio”, manifestó.

El presidente esbozó apenas algunas cifras, sector por sector. Educación, en cabeza de Daniel Rojas, es el que más incumple, con 18 compromisos sin materializar. En las cuentas de Petro le siguen Energía (16 compromisos sin cumplir) y Defensa (15), dos sectores en estado crítico. “Es fatal. Se lo digo al pueblo porque me da vergüenza. El presidente es revolucionario, el Gobierno no”, reconoció el mandatario, visiblemente indignado, cuando le faltan apenas 18 meses para concluir su gestión.

Esas pocas cifras que Petro alcanzó a poner sobre la mesa, antes de que estallaran las recriminaciones mutuas, se las entregó horas antes Armando Benedetti, el jefe de despacho de la Presidencia. Sin embargo, lo dicho por el presidente se queda muy corto. SEMANA consolidó toda la información y presenta una alarmante radiografía de los incumplimientos de un Gobierno que prometió un “cambio”, hoy inexistente.

Este medio revisó en detalle cada una de las propuestas contenidas en el programa que Petro radicó ante la Registraduría y encontró un resultado preocupante: de 214 promesas, a la fecha solo se han concretado 27. Es decir, el nivel de cumplimiento del presidente y sus ministros es de apenas el 12,6 por ciento. Si se tratara de un año académico, Petro y su gabinete pierden casi todas las materias por una notoria falta de resultados.

Y lo que no se hizo en dos años y seis meses, difícilmente se logrará en el año y medio que le resta al Gobierno. En muy poco tiempo, el país entrará de lleno en una intensa campaña electoral en la que los congresistas estarán más interesados en reelegirse, visitando sus regiones, que en pasar días enteros discutiendo reformas en el Capitolio.

En las 214 promesas se incluyó sacar adelante un ambicioso paquete de 26 reformas en el Congreso. Hasta ahora, solo tres han sido aprobadas (pensional, cultura y Sistema General de Participaciones) y cuatro están en trámite (justicia, salud, agraria y laboral). Las restantes 19 no han sido presentadas o fueron archivadas, con corte al pasado 31 de diciembre, según una detallada investigación de Luz Pastrana, representante a la Cámara por el Huila, quien les puso la lupa a las 54 páginas del programa de Petro.

Entre esas iniciativas prometidas e incumplidas por el presidente están, por ejemplo, la reforma a las Fuerzas Armadas, la reubicación de la Policía en el Ministerio de Interior o de Justicia, la reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la reforma del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la reforma a la Procuraduría y a la Contraloría, la eliminación de la Comisión de Acusación, la reforma a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, y hasta una llamativa promesa de reformar el sistema de elección del Congreso. Pero no solo eso, Petro no ha cumplido con reformar el Código de Minas, modificar la Ley de Servicios Públicos, la reforma rural integral, ajustar el ordenamiento territorial, cambiar la ley de contratación, reformar RTVC, ni tampoco con las reformas a la educación y a la política.

El Gobierno también ha incumplido con eliminar el fuero penal militar, desmontar el Esmad (solo hubo un cambio de nombre), crear un tribunal electoral, reducir los costos de los servicios públicos, reemplazar los vehículos a combustión del parque automotor público por eléctricos, prohibir los botaderos de basura a cielo abierto, crear el Ministerio de la Industria, construir una red ferroviaria eléctrica complementaria al canal de Panamá.

“Un programa de gobierno que en casi tres años no lleva en ejecución ni el 15 por ciento es preocupante. A un año y medio de culminar su administración no va a poder lograrlo. El caos le sirve para justificar su falta de acción, de ejecución y cumplimiento de promesas, como pasó en la Alcaldía de Bogotá”, sostuvo la representante Pastrana.

La gente también se ha quedado esperando el mínimo vital de agua, energía, internet, servicios públicos y vivienda, que igualmente prometió el mandatario. Tampoco hubo reducción en los recibos de luz, que en el Caribe siguen padeciendo. Más bien, por problemas de disponibilidad, la molécula de gas subió este 2025, lo cual implicará un gasto extra para los colombianos.

La potencia que no fue

‘Colombia, potencia mundial de la vida’ se tituló el programa de Petro. Junto con Francia Márquez, ambos prometieron con bombos y platillos que a la nación le había llegado “la hora de cambiar”. Ese documento, elaborado con simpatizantes del hoy presidente en las regiones, se concibió como el “inicio” de una transición hacia la vida digna, la superación de la violencia, la justicia social y climática.

Además, se aseguró que se tuvieron en cuenta las peticiones de millones de colombianos en 64 plazas públicas en las que se presentó Petro, incluyendo a campesinos, afrodescendientes, negros, palenqueros, raizales e indígenas. El programa, que hoy cobra vigencia ante el fracaso que Petro admitió en días pasados, fue dividido en tres partes: una dedicada a las mujeres, otra al modelo económico y una última a la democracia “multicolor” y a la seguridad humana.

Se prometió que las mujeres debían ocupar, por lo menos, el 50 por ciento de los cargos públicos en todos los niveles y ramas del poder. Para Petro, la paridad fue un punto de partida, pero no un objetivo que lo desvele. Hoy existe un gabinete mayoritariamente femenino, con 11 mujeres y ocho hombres. Sin embargo, su círculo de funcionarios se ha desbalanceado en varias ocasiones. Por ejemplo, cerró el año pasado con nueve mujeres y diez hombres. A mediados de 2023, quedaron 11 contra ocho, a favor del género masculino, y 15-10, contando los seis departamentos administrativos.

El presidente también prometió disminuir las ocho horas de trabajo no remunerado de las mujeres en sus casas, democratizar la riqueza y un trabajo digno para las madres comunitarias. Todos esos son enunciados con resultados no palpables. Una promesa cumplida parcialmente en ese sentido fue la creación del Ministerio de la Igualdad, que está a cargo del llamado Sistema Nacional del Cuidado.

Pero dicho ministerio ha estado en el ojo del huracán por su falta de ejecución, así como por fallas elementales en el diseño de las políticas públicas, que impiden su puesta en marcha. En el caso del programa Jóvenes en Paz, una de las banderas del Gobierno, hay demoras en los pagos de los subsidios y falta de capacidad de hacer que los beneficiarios ingresen a estudiar. Asimismo, como lo denunció SEMANA, algunos jóvenes vinculados al programa, al parecer, siguen siendo responsables de asesinatos en departamentos como el Cauca.

En materia económica, las propuestas de Petro se centraron principalmente en la “descarbonización” del país y la intención de que se solventen las necesidades energéticas con alternativas limpias. Las propuestas son tan etéreas como que la economía “se moverá con energía proveniente del sol, el agua y el viento”. También se prometió dejar de lado progresivamente la dependencia del petróleo, el carbón y todo tipo de explotaciones, pero se falló en lograr una “economía descarbonizada” o en “democratizar el uso de energías limpias”.

Algunas ideas están en marcha, como dejar atrás el latifundio improductivo, democratizar la tierra fértil y la renegociación de tratados de libre comercio, pero propuestas como avanzar en el catastro multipropósito, están congeladas o con indicadores que dejan mucho que desear. En este último punto, la Procuraduría advirtió que el Gobierno no alcanzará su meta de actualización, que es de 660 municipios. El avance es de solo el 20 por ciento de los 80 millones de hectáreas proyectadas para el final del cuatrienio.

Tampoco existe un ingreso mínimo básico que supere el umbral de la línea de pobreza. Según el Dane, en su último informe sobre pobreza monetaria, este indicador se situó en 2023 en 435.375 pesos por persona, que está lejos del monto que el programa Renta Ciudadana otorga a todo un hogar, y que depende de cómo está conformada cada familia beneficiaria, con valores que van entre 220.000 y un máximo de 500.000 pesos.

Igualmente, se prometió sustituir las economías ilícitas, pero la realidad es otra: los cultivos de coca en Colombia se dispararon y hasta se teme que el nuevo Gobierno de Donald Trump descertifique al Estado por sus pocos resultados en la lucha contra el narcotráfico. El último reporte del Ministerio de Justicia arrojó un incremento del 10 por ciento del área sembrada en el país.

El Gobierno tampoco ha cumplido con la promesa de aumentar el “espacio fiscal” del país en 5,5 puntos del producto interno bruto (PIB), que según la campaña iba a “garantizar parte de la financiación del plan de gobierno”. No es un secreto que el recaudo ha sido uno de los mayores problemas, así como un presupuesto ambicioso que contaba con una ley de financiamiento que no se dio y que ahora llevó al aplazamiento de 12 billones de pesos para la vigencia de 2025.

Tampoco se impulsó la industria del cannabis, así como nunca se abrió un espacio gubernamental de investigación sobre el potencial mercado de la marihuana medicinal. De la misma manera, Petro no ha podido lograr que Colombia se convierta en una “líder en exportaciones”.

En el plan de gobierno, el presidente tenía claro que iba a luchar por el medioambiente. Prometió, de forma pomposa, un “gran frente americano de lucha contra el cambio climático” y “unidad de los pueblos” para combatir el calentamiento global. Aunque ambos temas están presentes en sus discursos, dentro y fuera de Colombia, no hay cifras a la mano para mostrar resultados concretos que beneficien a los ciudadanos.

El Gobierno también se raja en temas como movilidad y conectividad. No ha podido hasta ahora “democratizar el espacio virtual” y tampoco hay sistemas de movilidad con energías limpias y tarifas accesibles. Aún no existe un mínimo vital de conexión a internet, y se tramita un proyecto de ley en el Congreso, pero de origen independiente.

En este listado de incumplimientos, mucho menos hay a la vista proyectos de “metro, trenes interurbanos, trenes regionales y buses y taxis eléctricos” a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por el contrario, obras como el metro de Bogotá, el metro ligero de Medellín y el Regiotram de Occidente, que comunica a la capital con Cundinamarca, recibieron un recorte en los últimos aplazamientos presupuestales. En total, son más de 1,6 billones de pesos menos para estas obras de infraestructura.

En términos del sector Defensa, lo que se ha materializado es una idea aún no concreta de la Seguridad Humana, que forma parte del discurso como política, pero sus resultados pueden ser ambiguos. Lo que sí es una realidad es que Colombia está sumida en la peor crisis de orden público de la última década. El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc cada vez son más grandes, con aumentos hasta del ciento por ciento en sus filas. Con ello se fortalece el negocio de las rentas ilícitas.

De las 16 propuestas para este sector, solo se ha materializado una: el ajuste a los ingresos de los uniformados. El Gobierno, por medio de un acto legislativo, incluyó el derecho a la mesada 14 en la Constitución, lo cual blinda este recurso para los pensionados de la fuerza pública.

En términos de justicia, de 21 promesas solo se lograron tres hasta el momento: actualización de penas por evasión fiscal, nuevas decisiones sobre controles a paraísos fiscales y la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Petro también se comprometió con impulsar el deporte, a tal punto de decir que traería entrenadores profesionales para formar “campeones”. La triste realidad es otra: el sector sufrió un recorte de cerca del 70 por ciento para 2025, quedando con una partida de 460.000 millones de pesos.

En campaña, el hoy presidente se mostró comprometido con privilegiar “el mérito y la experiencia de los funcionarios” en la carrera diplomática. Pero es evidente que las embajadas y consulados más importantes y codiciados han sido ocupados por políticos.

A mediados de 2024, Democracia Abierta, que consolida un informe académico sobre lo que ocurre en la Cancillería de Colombia, reportó que de 60 embajadores, solo 18 eran de carrera, lo que equivale al 30 por ciento de ellos. En las promesas se decía que el país se iba a dedicar a la “solución amigable de conflictos” con las naciones vecinas y la región, pero es claro que Petro le apuesta más a un estilo confrontacional y a una diplomacia de trinchera.

Retórica, sin gerencia

Como se vio en el consejo de ministros, Petro no pierde oportunidad de señalar a sus funcionarios por las fallas de su administración. La verdad es ineludible: se trata del fracaso de un proyecto político en el que hay mucha retórica y poca gerencia. Hablar no es gobernar, y ahí radica gran parte del problema. Hay anuncios, muchas veces grandilocuentes, que dividen a la opinión, pero que se evaporan con la discusión del día después.

El presidente, según lo han contado sus propios ministros, poco se comunica con ellos y pareciera preferir intermediarios. En el consejo del martes pasado, no se vio un tablero de metas y resultados o un semáforo con el seguimiento de los principales proyectos, algo mínimo para cualquier administrador público.

En el discurso de Petro y de algunos de sus ministros y altos funcionarios predominan los diagnósticos, las sugerencias, las comparaciones, los ejemplos históricos y las frases metafóricas. Tampoco el presidente logró el acuerdo nacional y sus reformas en el Congreso se han ido derrumbando ante la falta de un diálogo sincero y un consenso real.

Otro serio problema es que Petro dejó asuntos estructurales, como por ejemplo el sector de la Educación, en manos de personas sin experiencia en lo público. Hasta hace unos años, para ser ministro de Estado en Colombia, había que cumplir un mínimo de requisitos en formación académica y probada trayectoria. Con Petro, esa regla se rompió y las consecuencias saltan a la vista.

En algún momento, se consideró que Laura Sarabia, quien pasó por la jefatura de gabinete y el Dapre, era la articuladora entre los ministros y el presidente, un puente eficaz para garantizar el éxito del plan de gobierno. Pero Sarabia, sin experiencia administrativa, terminó desatando rencillas en el gabinete, como quedó demostrado el pasado martes. Hasta la vicepresidenta confesó que le ha tenido que pedir respeto.

En cualquier gobierno, esas diferencias, más allá de quién tenga la razón, minan el trabajo en equipo, tan necesario en un país burocratizado y lleno de trámites como Colombia. Esa gerencia estará ahora en manos de Armando Benedetti, quien alertó a Petro de los bajos niveles de cumplimiento de las metas propuestas. El exembajador en Venezuela y en la FAO tiene el apoyo firme del presidente, pero genera tormentas en el gabinete.

Otro factor que ha truncado el cumplimiento del programa de Petro ha sido la altísima rotación de ministros, lo que rompe cualquier ejecución de políticas públicas. En dos años y seis meses, van 45 ministros. Por poner un ejemplo, en los cuatro años de Duque, hubo 42. Cuando Petro fue alcalde de Bogotá, enfrentó el mismo problema.

También pesa que el Gobierno nacional atraviesa por un problema fiscal sin precedentes. No hay recursos para giros, pagos de costos de funcionamiento en las carteras, desembolso de contrataciones, créditos o subsidios, por causa del incompleto recaudo de la reforma tributaria que aprobaron al principio de la administración.

Asimismo, para este año, el Gobierno propuso al Congreso un Presupuesto General de la Nación de 523 billones de pesos, que estaba desfinanciado. Por eso radicó una segunda reforma tributaria por 12 billones de pesos, que fue negada en las comisiones económicas con aplastantes mayorías.

Así, no le quedó otra opción más que emitir un decreto de aplazamientos, que es una serie de recortes temporales dolorosos para proyectos clave en el país. Sin recursos, las carteras están atadas de manos y sujetas al Ministerio de Hacienda para accionar.

Finalmente, es claro que otro problema de la propuesta de Petro es el idealismo, pues pasar del sueño a la práctica no es tan fácil como parece. Esa narrativa se agota y al final se estrella de frente ante la falta de resultados. Por eso, la realidad es cruda: el Gobierno no tiene un legado a la vista para vender. En 18 meses, con una campaña electoral calentando motores, y un desgaste en la opinión pública, la administración Petro difícilmente cumplirá con la tarea que no hizo desde el 7 de agosto de 2022.