Política
“El informe fue insuficiente”, dijo Procuraduría General sobre justificación de la Superservicios para intervenir Aire-e
Después de las revisiones, la entidad señaló que sigue sin claridad sobre el expediente de la actuación administrativa frente a la empresa intervenida.
Más dudas que respuestas dejó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) en la mesa técnica convocada por la Procuraduría General de la Nación para hacer seguimiento a la intervención de la empresa de energía Air-e S.A.S. E.S.P., que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Durante la sesión, que contó también con la presencia de la Contraloría General de la República y representantes de Air-e, el Ministerio Público cuestionó la falta de sustento técnico y financiero que motivó la toma de posesión de la electrificadora.
Pese a las solicitudes explícitas del organismo de control, la Superservicios no entregó informes consolidados ni datos precisos sobre el estado financiero de la empresa, los montos de deuda con generadoras de energía ni el seguimiento efectuado desde que se ordenó la intervención.
“Durante la reunión, la Superservicios no fue clara en sus explicaciones ni sustentó con suficiencia los informes financieros solicitados por el organismo de control; tampoco entregó datos concretos de las deudas a los acreedores ni del seguimiento que ha hecho a la empresa luego de haber sido intervenida”, dice el comunicado del ente de control.
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la ausencia de un plan definitivo del agente especial designado para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio. La Procuraduría también advirtió que no se han medido los impactos derivados de la decisión administrativa que dejó a la entidad bajo control estatal.
“El ente de control evidenció que la Superintendencia no tiene claridad sobre el patrimonio y los activos de Air-e ni ha cumplido las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, particularmente en lo referente al análisis detallado que sustentó la modalidad de intervención”, señalaron fuentes del Ministerio Público.
En el encuentro, las procuradurías delegadas para asuntos ambientales, ninero energéticos y agrarios, y la Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, alertaron sobre el riesgo sistémico que representa esta intervención. A su juicio, la medida ha generado una alteración en la cadena de pagos del sector, con afectaciones a la estabilidad financiera de los distintos actores del mercado energético.
Frente a este panorama, la Procuraduría convocó a una nueva mesa técnica para el 28 de mayo y solicitó información adicional a la Superservicios antes del 16 del mismo mes, con el fin de esclarecer los aspectos críticos que rodean esta intervención.
