Varios candidatos a la Presidencia para las elecciones de 2026 decidieron avalar sus aspiraciones por firmas y juntos entregaron lo que serían 28 millones de signaturas en miles de hojas que fueron presentadas ante la Registraduría por 22 comités de ciudadanos.
La cifra nunca se había visto en Colombia. En los comicios de 2022 los que decidieron postularse por ese mecanismo presentaron, entre todos ellos, 10 millones y ahora para la contienda del próximo año esa cifra, prácticamente, se triplicó.
Si todas estas fueran válidas, la cifra sería superior a las 22,6 millones de personas que salieron a votar en la segunda vuelta de 2022 e, incluso, equivaldría al 70 % de los connacionales que están habilitados para votar.
El número es tan elevado que el organismo tendrá que trabajar sin descanso toda la Navidad y hasta el 21 de enero de 2026, que es la fecha en la que finaliza el plazo establecido en el calendario electoral, para revisar cada una de las hojas que presentaron los líderes políticos.
¿De dónde salen 28 millones de firmas para las elecciones?
La primera explicación sobre el porqué aparecen tantas, estaría argumentada en que un ciudadano puede anotar su nombre varias veces a favor de diferentes candidatos, ya que la ley no impide que las personas respalden diferentes grupos significativos de ciudadanos. Sin embargo, esa no es la única razón.
Es cierto que cada político cuenta con equipos de voluntarios que se ofrecen para recoger esas signaturas, personas que creen en su proyecto electoral y se postulan en sus plataformas web para recolectar esas rúbricas. No obstante, los apoyos recolectados de manera orgánica no son los únicos que llegan a esas planillas.
Existen empresas de logística dedicadas a la recolección de firmas que son contratadas por las campañas para ponerse la camiseta del candidato de turno y salir a la calle, con el único objetivo de llenar las casillas en blanco. Los acuerdos que hace cada sector político con esas compañías dependen de varios factores.
Los convenios pueden hacerse pagando cada firma que se recolecte, apoyos que son registrados por ciudadanos reales en esas planillas cuando son abordados por los trabajadores de las compañías que se presentan como voluntarios de campaña y los precios de cada casilla diligenciada con los datos de una persona pueden oscilar en los 1.200 pesos. También hay acuerdos en los que se paga por planilla completa un monto cercano a los 40.000 pesos.
Aunque para avalar una candidatura presidencial se necesitan 634 mil firmas válidas, todos los aspirantes que se acogieron a ese mecanismo presentaron más de un millón, porque es habitual que los procesos políticos calculen que cerca del 40 % de estas pueden ser invalidadas en el proceso de revisión que está en manos de la Registraduría.
El análisis de las firmas
Para ese examen ya se utiliza inteligencia artificial: cada hoja es digitalizada con el objetivo de que esa herramienta reporte cuáles son las planillas que necesitan una evaluación especial. Luego, cada autógrafo es revisado con una herramienta de analítica de datos, la cual cruza la información que estos contienen con el censo electoral del país.
El organismo electoral dispuso de 500 supernumerarios para hacer el proceso de revisión manual y, cuando se identifica una posible anomalía, expertos en grafología analizan los trazos para determinar cuáles firmas deben ser descartadas.
Las dudas sobre algunas planillas están relacionadas con que las empresas o campañas pueden comprar bases de datos con información de ciudadanos reales que utilizan para diligenciar las hojas que llevan ante el organismo electoral. Justamente, los grafólogos son clave para determinar si los tipos de escritura se repiten entre diferentes hojas.
Quienes conocen del negocio de la recolección de firmas cuentan, fuera de micrófonos, que conseguir esos apoyos se hizo más caro desde las elecciones regionales de 2019, cuando un candidato de una importante ciudad pagó mucho más dinero del que ofrecían los otros por ese trabajo. Y en estos meses, en plena temporada previa a la campaña, fueron tantos los políticos buscando empresas de logística para encargarles esa tarea, que los precios se regularon según la demanda de precandidatos.
