“El petrismo puede ganar en 2026”: Carolina Corcho sale en defensa de Gustavo Petro, cuestiona duramente a la oposición y destapa sus principales propuestas

SEMANA: ¿Siente que va a ganar la consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre?

CAROLINA CORCHO: Estamos haciendo la tarea, es una competencia. He recorrido el país y he construido un programa de continuidad, que está publicado en mi libro Ni un paso atrás, otra Colombia es posible. Tenemos todas las posibilidades de ganar la consulta.

SEMANA: ¿Cómo ve a sus dos contendores, Iván Cepeda y Daniel Quintero?

C.C.: Con ellos hemos llegado a un acuerdo que consiste en una continuidad y profundización del programa de gobierno del presidente Petro. Vamos hacia esa consulta, en la que puede participar cualquier ciudadano, no solamente los afiliados al Pacto Histórico, y eso es importante. Las otras dos personas acompañarán a quien gane la consulta. Respetaremos los resultados, como en una democracia.

SEMANA: ¿Qué opina de Iván Cepeda?

C.C.: Es un hombre con una trayectoria muy importante en la izquierda, ha tenido un papel fundamental frente al juicio de Álvaro Uribe, la verdad y las víctimas. Es muy valioso, sin duda alguna.

SEMANA. ¿Qué piensa de Daniel Quintero?

C.C.: Forma parte de nuestra coalición, fue uno de los fundadores del Pacto Histórico, tiene un senador y un representante a la Cámara en la actual bancada. Fue una persona decisiva en Antioquia, en Medellín, en el triunfo del presidente Petro.

SEMANA: Si Quintero gana la consulta, ¿usted le cargará la maleta?

C.C.: Creo que la que va a ganar soy yo.

SEMANA: ¿Usted cree eso? ¿Qué percibe en las calles?

C.C.: Hemos hecho un recorrido por todo el país, recibiendo el respaldo de distintos sectores. Esta consulta no solamente convoca a la izquierda, sino al conjunto de la sociedad colombiana que quiere que el cambio continúe, que cree que debe continuar ese conjunto de reformas aplazadas, que considera que Colombia merece justicia social.

SEMANA: Es decir, ¿el petrismo podría ganar las elecciones de 2026?

C.C.: Creo que sí. Hay un grueso de la población que cree en el cambio. El presidente Petro todavía mantiene una popularidad, a pesar de que ha sido el más atacado, el que ha enfrentado más obstruccionismo y filibusterismo. Ha habido una oposición absolutamente implacable contra él, contra su persona, contra su vida personal, no le ceden en nada. Pese a eso, es un hombre que sigue manteniendo una popularidad muy grande en el país.

SEMANA: ¿Petro no afronta un desgaste luego de casi cuatro años de gobierno?

C.C.: No. Veo un respaldo popular grande hacia la figura del presidente. Él se la jugó por el cambio, enfrentó adversidades, como un Congreso que no es mayoritario. Tenemos una bancada mayoritaria, pero no logramos las mayorías congresionales. Y hay una oposición que, insisto, se dedicó a obstruir las principales iniciativas del Gobierno.

SEMANA: ¿Cuántos votos tendrá la consulta del Pacto Histórico?

C.C.: Esperamos, por lo menos, llegar a unos dos millones de votos.

SEMANA: Hablemos de propuestas. Si usted llega a la presidencia, ¿va a continuar con la política de la paz total de Petro?

C.C.: Tenemos que poner la seguridad en términos de realidades y no solo de percepciones, como un sector político de este país, la extrema derecha, que quiere sacar votos. Es decir, vendemos miedo para luego vender seguridad. Eso no me parece justo.

Analicemos los datos del Ministerio de Defensa y de la Policía: efectivamente, el secuestro ha aumentado, pero, por ejemplo, han disminuido los hurtos a las corporaciones financieras y también se han aumentado las incautaciones de cocaína como nunca en la historia de este país. Hay una cosa en la que sí tengo que ser clara: haré un replanteamiento de la política de paz total.

SEMANA: ¿La va a replantear?

C.C.: Vamos a hacer un replanteamiento. Eso hay que revisarlo.

SEMANA: ¿Y qué va a cambiar?

C.C.: Es una política audaz, en el sentido de que no puedes desmovilizar a un grupo y a los otros no, porque entonces esos grupos van a hacer una ocupación de esos territorios y va a seguir la violencia. Vamos a revisar, caso por caso, cada una de las mesas de negociación y a poner unas líneas rojas. Es decir, tendemos la mano hacia la paz, pero con unas líneas que se tienen que respetar por parte de los grupos armados ilegales.

SEMANA: ¿Cuáles serían esas condiciones?

C.C.: No al secuestro, no al reclutamiento de menores y no a actos terroristas. Esas líneas rojas son fundamentales para que tendamos la mano. Asimismo, no vamos a hacer ceses al fuego para que se fortalezcan las estructuras criminales. Podemos dialogar en medio del conflicto.

La fuerza pública no puede tener un lugar vedado en el territorio nacional, debe hacer presencia en todo el país; eso sí, respetando los derechos humanos. Aquí no vamos a aceptar que vuelva a ocurrir lo de los denominados falsos positivos, asesinar civiles inermes para mostrar unos supuestos resultados. Eso no se va a aceptar, pero, por supuesto, la fuerza pública debe hacer presencia.

SEMANA: En la paz total, los grupos criminales terminaron fortaleciéndose en todo el país.

C.C.: El presidente Petro tendió la mano hacia la paz y esto fue completamente desaprovechado por el ELN y por las disidencias de las Farc, que hicieron de eso un escenario para su fortalecimiento. Eso explica por qué hubo una ruptura con el ELN. Hay que decir que quienes están cometiendo esos actos terroristas hoy ya no están en una mesa de negociación.

Y este Gobierno, además, dignificó a la fuerza pública, aumentó el pie de fuerza, como no lo hicieron los Gobiernos anteriores. Ha incrementado la inversión por encima del 4 por ciento del PIB.

SEMANA: ¿Qué mensaje le envía hoy al ELN?

C.C.: Nuestra postura es que tenemos la mano tendida para los procesos de negociación de paz. Ningún Estado renuncia a la posibilidad de una paz negociada, pero tenemos unas líneas.

SEMANA: Y si no se cumplen esas condiciones, ¿le ordenaría a la fuerza pública combatir a esas organizaciones criminales?

C.C.: La fuerza pública está haciendo lo que tampoco se había hecho antes. Por primera vez, por ejemplo, entró al Catatumbo y al cañón del Micay. Aquellos y aquellas que se presentan como los vendedores de la seguridad no tenían el control de esos territorios. Pero ingresar allí no significa únicamente que entre la fuerza pública. Tienen que entrar el Estado integralmente, las vías terciarias, las escuelas, los proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos, hoy concentrados en 14 municipios de Colombia (donde está el 60 por ciento).

Allá fracasó, desde hace mucho rato, antes de este Gobierno, la política de sustitución de cultivos ilícitos. En mi mandato vamos a profundizar en una política fundamental para que haya nuevos proyectos productivos y justicia social en esos territorios. Eso no lo hizo ningún Gobierno. Eso lo empezó a hacer el presidente Petro.

SEMANA: ¿Ordenaría fumigaciones de esos cultivos de coca con glifosato?

C.C.: No estoy de acuerdo, soy salubrista y defensora del ambiente. Sobre el glifosato hay estudios en el mundo científico que advierten que compromete la salud humana, la ambiental y animal, y por eso nos la vamos a jugar a fondo con las incautaciones. En eso, este Gobierno ha tenido mucho éxito.

También apostaremos por la política de sustitución voluntaria de cultivos. Desde los Gobiernos de Santos y Duque, les incumplieron a 100.000 familias. Aquí nos vamos a comprometer, empezando muy fuertemente en esos 14 municipios, para cumplirles a esas personas.

SEMANA: Pero Estados Unidos descertificó a Colombia por esos pobres resultados en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo piensa revertir eso?

C.C.: Esa lucha no es solamente un asunto de Colombia. Estados Unidos también es corresponsable. Tenemos una responsabilidad en la salida de la cocaína. Hombres y mujeres de nuestra patria han entregado su vida para que no salga la cocaína de Colombia. A Estados Unidos le corresponden dos responsabilidades y una de ellas es el consumo. Hay millones de ciudadanos bajo el consumo de cocaína y ahora de fentanilo, se requiere una política de salud pública fundamental porque eso forma parte también de la cadena del narcotráfico.

Y lo segundo es el lavado de activos, de recursos del narcotráfico en Estados Unidos. Eso es multimillonario, equivale a casi un año de exportaciones, allá deben tener la inteligencia y la contrainteligencia para controlar eso. Y no ha pasado, se siguen lavando activos. El Gobierno de Donald Trump, de manera unilateral, dijo hace un año que iba a disminuir en un 50 por ciento los apoyos que se daban a Colombia para la lucha contra el narcotráfico.

A mí me parece lamentable y desafortunado. Esto es casi que premiar a los narcos, que no haya una colaboración de los dos Estados para controlar ese flagelo. Sin embargo, tenemos que buscar alternativas en otros sectores de la banca mundial multilateral para lograr esos apoyos y seguir en esa lucha contra el narcotráfico.

SEMANA: Para usted, ¿el Clan del Golfo es un cartel o un grupo político?

C.C.: El Gobierno Petro ha adelantado, de acuerdo con la ley, algo que se denomina diálogos sociojurídicos con las bandas ligadas al narcotráfico. Eso se realizó en el Valle de Aburrá con resultados exitosos en la disminución de la tasa de homicidios, en una región donde teníamos los indicadores más altos del mundo. Se presentó un proyecto de ley de sometimiento a la Justicia y no es la primera vez que ocurre eso. Eso se hizo con Justicia y Paz durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, es un acto de hipocresía de la oposición, que hizo lo mismo en la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, oponerse a un sometimiento a la Justicia con unos grupos ligados al narcotráfico que no han sido derrotados ni militar ni estratégicamente. ¿Y qué están diciendo? Que les den una rebaja de penas a cambio de que desmonten las estructuras del narcotráfico, entreguen los recursos mal habidos para reparar a las víctimas y a las comunidades, digan la verdad y se resocialicen en granjas agrícolas carcelarias. Esa es la propuesta que tiene que discutir el Congreso.

SEMANA: ¿No es un Pacto de La Picota 2.0?

C.C.: No. El que hizo una negociación de sometimiento a la Justicia fue el Gobierno de ellos con las Autodefensas Unidas de Colombia y hubo un problema: terminaron extraditando a los jefes del paramilitarismo para que no dijeran la verdad de sus vínculos con el narcotráfico, la clase política y un sector empresarial.

Eso fue lo peor. Esa Justicia y Paz tiene que reformarse para poder darles un marco jurídico a estos grupos ligados al narcotráfico que, de acuerdo con la Constitución, no pueden tener reconocimiento político.

SEMANA: ¿Qué medidas tomaría en su Gobierno para fortalecer las Fuerzas Militares?

C.C.: Este Gobierno ha sido el que más inversión histórica ha hecho en el sector Defensa. Eso lo vamos a continuar. En el momento en que me posesione, vamos a instalar consejos de seguridad ciudadana con alcaldes y gobernadores. Ellos son los comandantes de la policía de las ciudades. Independientemente del partido político; si son de la oposición, el Gobierno se sienta con los alcaldes y los gobernadores para examinar cada situación de los territorios. Vamos a fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia para perseguir el crimen, pero también con políticas de prevención; por ejemplo, el feminicidio se puede prevenir. No nos han dejado pasar la reforma a la salud, pero perfectamente, con el modelo de atención primaria en salud y salud preventiva, puedes detectar a una mujer que está en riesgo de feminicidio, de maltrato por parte de su núcleo y puedes hacer prevención allí. Hay diversos mecanismos de justicia comunitaria, de trabajo, de convivencia en las comunidades, que nos ayudan a prevenir el crimen.

SEMANA: ¿Colombia seguirá siendo un aliado clave de Estados Unidos en un eventual Gobierno suyo?

C.C.: El Gobierno Trump, de manera unilateral, ha hecho una ruptura y no solamente con Colombia, sino con los Gobiernos del mundo, dado que fue elegido bajo tres circunstancias. La primera, continuar con la política petrolera en contra del panel de Naciones Unidas respecto a la crisis climática. Hay un reconocimiento del mundo científico de que hay una crisis climática, y si no hacemos una transición energética, la humanidad es inviable. El segundo presupuesto del presidente Trump es la expulsión de los migrantes, ciudadanos de nuestra patria, cuyos derechos deben ser respetados en cualquier parte del mundo. Y la tercera apuesta de Trump es forzar una industrialización de su país haciendo un aumento de aranceles. Frente a eso, en Colombia tenemos que, y es lo que ha hecho el presidente Petro, diversificar las relaciones internacionales. Vamos a continuar con relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con Estados Unidos, pero abrimos a Colombia al mundo.

SEMANA: A propósito de Estados Unidos, ¿tiene visa?

C.C.: Sí, pero eso a mí no me preocupa. La visa es lo de menos. No tengo interés de ir ahora a Estados Unidos porque quiero recorrer mi Colombia, que es muy hermosa. Tenemos muchísimos municipios, barrios y ciudades por conocer. El problema fundamental es que hay un genocidio en Palestina. Han asesinado, han acabado con ese pueblo ante los ojos del mundo y el presidente Petro fue la primera figura que se opuso a eso. Van 70.000 seres humanos asesinados, entre ellos 20.000 niños y niñas, con el respaldo económico y político de Estados Unidos. Eso no lo podemos aceptar.

SEMANA: Pero Trump logró un acuerdo entre Israel y Hamás que permite la liberación de rehenes y un cese al fuego...

C.C.: Es un acuerdo parcial porque es de liberación de rehenes. Recordemos que llevamos más de 50 años de ocupación del territorio palestino por parte de Israel, allí hay vejámenes contra la población palestina. Entonces esto no se va a resolver de fondo. Celebramos, por supuesto, que haya un cese de hostilidades, pero no se han tocado los puntos fundamentales de la ocupación permanente de Israel sobre el pueblo palestino.

SEMANA: Hablemos de salud, una de sus principales causas. Si usted es presidenta, ¿no habría participación privada en el modelo?

C.C.: Esa nunca ha sido nuestra propuesta. Es parte de las distorsiones que ha hecho la oposición. Qué bueno que me pregunte eso. La reforma a la salud nunca contempló acabar con el sector privado. A ese sector lo han acabado son las EPS, que hoy reciben alrededor de 100 billones de pesos anuales, sin control, sin auditorías, con ese poder que les otorgó la Ley 100. Se han dedicado a estafar a droguistas, a dueños de clínicas, a gestores farmacéuticos, a los cuales no les pagan después de que recibieron las platas. Han quebrado a centenares. Ellos son los que han acabado con el sector privado. Nosotros, en ningún momento, hemos propuesto una reforma estatista. La prestación del servicio de salud en Colombia es pública y privada. Lo que estamos proponiendo es que se les pague directamente a esas clínicas y hospitales, con controles de doble auditoría y con un sistema de información público en el que todos los colombianos sepamos hacia dónde van esas platas.

SEMANA: ¿Por qué esa propuesta? ¿Cuál es el problema?

C.C.: Mire las revelaciones tan graves que hizo la Adres, después de las revelaciones de la Contraloría General de la República. En Colombia, entre 2018 y 2023, se facturaron 2,3 billones de pesos por más de 470.000 personas fallecidas. Las EPS siguieron facturándole al Estado por personas que han fallecido hace 20 años. Son 2,3 billones de pesos, para que tú escuches esa cifra. En la pandemia, donde teníamos una crisis de salud humanitaria, fueron más o menos unos 700.000 millones de pesos mal habidos. Es un sistema desfondado. La Contraloría ha dicho que hubo un presunto saqueo de 11,3 billones de pesos en el año de la pandemia. Las denuncias recientes que hacemos son de que están embolatados más de 13 billones de pesos. Todos estos datos son corroborados por la Contraloría. O sea, estamos frente al saqueo más grave de la historia reciente de este país, y con impunidad.

SEMANA: ¿Pero quiénes son los responsables de ese saqueo? ¿Dónde están las pruebas?

C.C.: Ya están denunciados, radicamos todo en la Contraloría y la Fiscalía. Los estados financieros de las propias EPS muestran unas inconsistencias billonarias; es decir, son los propios registros que ellos presentan ante los organismos de control. Evidencian que es mucha más la plata que recibieron que la que gastaron. Tiene que haber una respuesta rápida para que no haya impunidad. Se requiere que el sistema sea reformado.

SEMANA: ¿Y dónde está esa plata del saqueo?

C.C.: Existen unas denuncias sobre Coosalud que hizo el presidente Petro, en el sentido de que esas platas pudieron haberse ido a paraísos fiscales. Otros recursos, creemos que se fueron a la construcción de clínicas. Es decir, los recursos de la UPC son de destinación específica para tratamientos y pagos de servicios, no para construir clínicas que luego se las apropian. Eso es ilegal. Pero, además, hay denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de financiación de EPS a congresistas y partidos políticos opositores a la reforma a la salud, cuando es ilegal por un fallo de la Corte Constitucional. Los recursos de los medicamentos, de los tratamientos de los pacientes, no pueden financiar campañas.

SEMANA: ¿Las EPS se deben acabar?

C.C.: Las EPS no pueden seguir manejando la plata. ¿Cómo van a seguir manejando eso unas organizaciones a las que se les demostró que están facturando 2,3 billones de pesos por personas muertas? En otro informe de la Adres se les demostró que facturaron hasta una persona que fue transportada 15.000 veces en una ambulancia durante un año. Han facturado procedimientos que cuestan 3 millones de pesos, pero los pasan al sistema por 700 millones de pesos. No pueden seguir manejando los recursos.

SEMANA: ¿Qué papel desempeñarían las EPS en esa reforma que busca Petro?

C.C.: Es que el modelo es mixto en la prestación del servicio. De hecho, el 70 por ciento de la prestación es privada y la reforma mantiene eso. Necesitamos una regulación. ¿Cuáles son los puntos anticorrupción de la reforma? Esas platas no se pueden manejar en el oscurantismo y en las alcantarillas, se debe pagar directamente a las clínicas y hospitales, con una regulación tarifaria de pisos y techos. Hay cinco mecanismos anticorrupción que tiene la reforma a la salud y que no tiene el actual sistema. A eso se están oponiendo de manera irresponsable y mezquina algunos senadores y senadoras de la Comisión Séptima. Por eso es que hay que transformar ese Congreso, tenemos que construir unas mayorías que trabajen en función del interés público y no defendiendo negocios y saqueos.

SEMANA: Dicen que usted destruyó el sistema de salud en su paso por el ministerio. ¿Qué responde?

C.C.: Eso es propaganda, no tiene ningún asidero. En 2008, la Corte Constitucional emitió una sentencia diciendo que el sistema iba mal. Entre 2012 y 2014, la Contraloría advirtió que era inviable. Cuando me posesioné como ministra de Salud y Protección Social, ya sabía eso. Por eso, desde hace más de diez años hemos trabajado con rigor y profundidad en una propuesta sólida que no han podido derrotar intelectual y políticamente. Con marrullas y mentiras se ha obstruido la reforma en la Comisión Séptima, pero los argumentos han sido falaces. Los organismos de control nos dan la razón en el diagnóstico que teníamos y la solución para eso es el cambio del sistema.

SEMANA: En materia económica, ¿aumentaría esa base de colombianos que deben declarar renta?

C.C.: Todos los Estados hacen reformas tributarias. ¿Cómo se da la financiación? Con impuestos. Quien esté diciendo que no va a hacer una reforma tributaria está mintiendo y haciendo populismo, engañando al electorado. Todos los Gobiernos han hecho reformas tributarias. Lo que pasa es que creemos que tienen que ser reformas progresivas que no afecten a las clases populares, con impuestos como el IVA, por ejemplo, que afecta el consumo de las clases medias.

Deben ser tributos a los ricos y a los superricos de este país. En la reforma tributaria del primer año del presidente Petro, se impusieron impuestos a las transnacionales extractivistas mineras, y la Corte Constitucional, en un fallo cuestionable y preocupante, tumbó ese artículo y perdimos 6 billones de pesos de recaudo que tenían que ir a esas comunidades. Tenemos que buscar la manera de recuperar ese tipo de impuestos.

SEMANA: Explíquenos cuál sería su modelo de reforma tributaria…

C.C.: Aquí no se les cobran impuestos a los juegos de azar. Hay denuncias de que ahí hay mecanismos de lavado de activos. Con impuestos a ese sector podemos obtener 2 billones de pesos en el recaudo. También están los impuestos al patrimonio y a las altas rentas. No estoy de acuerdo con gravar los salarios de la clase media, de personas que ganan hasta 10 millones de pesos. Eso no. Tienen que ser impuestos a las altas rentas. En la última ley de financiamiento se estaba hablando de patrimonios de más de 2.000 millones de pesos, donde se excluye la vivienda. Es un porcentaje muy pequeño de personas. Las leyes de financiamiento que ha presentado el Gobierno son referentes importantes de lo que debe ser una reforma tributaria.

SEMANA: ¿Va a aumentar la edad de pensión en Colombia?

C.C.: No. Ya se aprobó una reforma pensional que, entre otras cosas, lamento que esté siendo obstruida en su implementación. Es la primera vez que en Colombia va a haber pensión universal para los colombianos y colombianas. Todos se van a pensionar por diversos mecanismos. Aparte de eso, se generó el pilar solidario, que es el ingreso mínimo vital. No es un subsidio, no es un regalo, no es una limosna, como dicen algunos de los precandidatos de la extrema derecha. Es que hay viejos y viejas que han trabajado en la economía popular, en el cuidado de niños y niñas, en el trabajo que hacen en las calles, en las ventas ambulantes, y tienen derecho a ese ingreso mínimo vital, que mínimo es de 230.000 pesos al mes y tenemos que ir progresivamente aumentándolo.

SEMANA: ¿Quién está obstruyendo la reforma pensional?

C.C.: En este momento hay limitaciones de parte de la Corte Constitucional. Esperamos que eso sea superado.

SEMANA: ¿Piensa aumentarles los impuestos a las empresas?

C.C.: La ley de financiamiento que hundieron en el Congreso favorecía al pequeño y mediano empresario. Ellos son los que generan la mayoría del empleo en Colombia, iban a ser favorecidos por la ley de financiamiento que fue obstruida por la oposición de este país.

SEMANA: Si es elegida presidenta, ¿cómo manejaría las relaciones con el Congreso? ¿No va a repartir mermelada?

C.C.: Aspiro a llegar a la Casa de Nariño con mayorías congresionales. La ciudadanía debe entender que no vamos a poder hacer un cambio si no logramos mayorías congresionales. Nos corresponde votar masivamente en marzo. No pueden seguir siendo mayorías en el Congreso los notarios de negocios de unas minorías, los notarios del saqueo. Tienen que ser notarios del pueblo, de la ciudadanía, y eso es lo que nos va a posibilitar avanzar en unas reformas que han sido aplazadas y que tienen a nuestro país en el atraso.

SEMANA: Daniel Quintero, su copartidario en el Pacto Histórico, propone una Constituyente para revocar el Congreso. ¿Apoya esa idea?

C.C.: No estoy de acuerdo con eso. Soy una mujer republicana que respeta los tres poderes públicos. Lo que tenemos que hacer es transformar las mayorías del Congreso. No puede seguir en manos, insisto, de unos partidos políticos y unos congresistas de espaldas a la ciudadanía y de las reformas fundamentales del país.

SEMANA: ¿Qué medidas implementaría usted para evitar saqueos como el de la UNGRD?

C.C.: Ese robo fue de más de 25.000 millones de pesos y ha ocupado todos los titulares de prensa. Las personas que eran de nuestra coalición están presas por eso. No vamos a permitir esos hechos de corrupción. Pero el de la salud es de más de 13 billones de pesos y no ha habido escándalo mediático. Hemos hecho una propuesta que he explicado aquí de cómo hacer un control anticorrupción en el sector salud. Eso mismo lo podemos aplicar a todo el Estado colombiano con mecanismos de auditoría, sistemas de información públicos y fortalecimiento de veedurías ciudadanas, como una política anticorrupción.

SEMANA: ¿En qué se equivocó el presidente Petro en el poder?

C.C.: Hubo un reconocimiento que él hizo y que comparto porque lo viví. Él se equivocó, de buena fe, en invitar a algunos ministros a que le ayudaran a transformar a Colombia. Fueron figuras en Hacienda, Educación y Agricultura, y no fue así. Se dedicaron a hacer oposición en el Gobierno. Enfrenté esa oposición y ese quizás fue un problema en el primer año. Eso retrasó. Ese es uno de los errores que tendríamos que corregir ante un nuevo Gobierno en cabeza de una primera mujer presidenta.

SEMANA: Es decir, ¿a Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo los considera ministros que le hicieron oposición a Petro?

C.C.: Eso está clarísimo. Hacían oposición en el interior del Gobierno, se oponían a la reforma a la salud. En los temas económicos, en el Ministerio de Hacienda se tomaron decisiones a espalda del presidente para pagar recursos del Fondo de Estabilización de Combustibles e Hidrocarburos. Terminamos pagando 70 billones de pesos sin la autorización del presidente. Hoy, como tú puedes ver, son opositores.

SEMANA: Pero ellos lo que buscaron fue evitar reformas y decisiones lesivas para los colombianos…

C.C.: Estaban utilizando los mismos argumentos de la oposición porque la reforma a la salud no es lesiva. Sí es lesiva para los intereses de quienes han saqueado, para una clase politiquera y clientelista que se ha vuelto multimillonaria con los recursos del sector. Finalmente, eso era lo que ellos estaban defendiendo al oponerse a una reforma sin argumentos. El presidente Petro creía que eran personas que le iban a ayudar a hacer el cambio, no que iban a entrar a obstruirlo.

SEMANA: ¿Cómo sería su relación con alcaldes y gobernadores? Hoy, muchos de ellos dicen que es imposible dialogar con el presidente Petro.

C.C.: El Gobierno apoyó una reforma constitucional importante, que es el acto legislativo de descentralización y de recursos del Sistema General de Participaciones. El 39,5 por ciento de los ingresos va a ir a los departamentos y a los municipios. Entonces, no es verdad que el Gobierno no haya tenido una postura positiva frente al poder local. No ha pasado lo mismo con algunos alcaldes y gobernadores. Uno ha visto a algunos alcaldes de este país que parece que no se hubieran posesionado. Se han dedicado a hacerle oposición al Gobierno del presidente Petro. Incluso, algunos intentaron irse a Estados Unidos a usurpar las funciones del jefe de Estado en las relaciones internacionales y a sembrar cizaña para que un Gobierno como el de Estados Unidos descertificara a nuestro país. Eso es una traición a la patria. La actitud ha sido de opositores acérrimos. Eso no es diálogo y colaboración con el Gobierno nacional para favorecer proyectos estratégicos en sus ciudades.

SEMANA: Pero usted es antioqueña, nació en Medellín, y uno habla con personas de su región y algunos advierten que, prácticamente, Petro odia a Antioquia. ¿Qué piensa de eso?

C.C.: El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia se han dedicado a la oposición. No se han dedicado a los proyectos estratégicos. Son dos ejemplos de dos gobiernos locales que, por la ideología, por el oposicionismo, no han querido concertar políticas con el Gobierno nacional.

SEMANA: ¿Cómo ve a la derecha en estas elecciones?

C.C.: Veo que están dedicados solamente a oponerse al presidente, a hablar mal de Petro. No veo cuál es el proyecto político. Bueno, es la defensa del status quo, que Colombia siga en medio del acaparamiento de tierras sin que haya desarrollo agroindustrial, que siga solamente concentrando sus relaciones internacionales en un solo país que ya tomó una decisión unilateral frente al mundo. Estos Gobiernos de derecha desindustrializaron a Colombia, pusieron al país a importar alimentos, lo cual es absolutamente vergonzoso. Acabaron con la industria textil, hicieron negociaciones de tratados de libre comercio en contra de la producción nacional y del propio empresariado colombiano. Entonces, eso es lo que tenemos que transformar.

SEMANA: Pero usted habla de un cambio, y Petro tuvo cuatro años de oportunidad en la presidencia y no lo concretó…

C.C.: Es un cambio estructural, y eso no se logra en cuatro años. El presidente Petro ha sido leal y ha mantenido un pulso muy difícil en medio de la obstrucción y de los ataques. No ha habido presidente en la historia reciente de Colombia al que se le haya vilipendiado más que al presidente Petro. Esto requiere más tiempo para consolidar y deshacer el daño profundo, las inequidades y exclusiones que consolidaron, durante décadas, quienes hoy nos adversan.

SEMANA: ¿Cuántos años se necesitan entonces?

C.C.: Pongamos el ejemplo de los países asiáticos, los chinos, se han trazado a largo plazo. Ellos dicen: “Vamos a proyectar a China a 50 o 100 años”. Es otra cultura. Necesitamos transformaciones; Colombia, por ejemplo, se tiene que volver una potencia de ciencia, tecnología e innovación para hacer una transición energética, crear economías y energías limpias. Eso va a requerir que nuestros jóvenes no estén en guerra, sino que puedan ir a universidades colombianas y del mundo. El Gobierno del presidente Petro entregó matrícula cero a 200.000 jóvenes y eso hay que aumentarlo, duplicarlo. Aquí producíamos vacunas y acabaron con eso. Somos un país que ha sido desperdiciado por décadas por unas minorías que han favorecido unos sectores minoritarios. Nuestro país tiene que ser para el conjunto del pueblo colombiano.

SEMANA: A su juicio, ¿Nicolás Maduro es un dictador o es el presidente legítimo de Venezuela?

C.C.: Comparto la postura de Petro, que no reconoció los resultados del proceso electoral, dado que no se presentaron las actas. Ahora bien, el cambio del país hermano lo tienen que agenciar ellos, de manera soberana, el pueblo venezolano. Si nos invitan a acompañar un proceso de transición, lo haremos con todo el respeto y el gusto, así como los Gobiernos venezolanos han ayudado a mediar en los procesos de paz en Colombia. Pero no nos corresponde hacer injerencismo en las decisiones políticas internas ni de Venezuela ni del Ecuador, donde tampoco se reconoció el proceso electoral. O como en Estados Unidos, donde ha habido denuncias, en un momento cuando estaba Al Gore, sobre el sistema electoral. Mantendremos las relaciones políticas y diplomáticas con los países hermanos. Es la frontera más grande de Colombia.

SEMANA: ¿Pero se reuniría con Maduro?

C.C.: Puedo no estar de acuerdo con las posiciones políticas de Venezuela, pero tengo que hablar con Maduro, por supuesto. Tenemos una frontera común de más de 2.000 kilómetros y, aparte de eso, un problema de seguridad. Va a ser imposible enfrentar al ELN si no tenemos un acuerdo con las Fuerzas Armadas venezolanas.

SEMANA: ¿Estaría de acuerdo con esa posibilidad que se ha planteado de que el Gobierno de Donald Trump retire a Nicolás Maduro del poder?

C.C.: No estamos de acuerdo con los injerencismos, con llamar a intervenciones militares en la frontera con Venezuela. No vamos a permitir que haya una violación del derecho internacional, intervenciones militares en la frontera para que nos vuelvan un Afganistán, para que acaben nuestro país en otra guerra.

SEMANA: ¿Qué medidas tomaría para evitar que Colombia enfrente un racionamiento de energía?

C.C.: Aquí ha habido un abuso de las empresas privadas de servicios públicos y de energía con tarifas altísimas contra la ciudadanía que no tiene cómo pagar eso. Una de las reformas que vamos a presentar es la de los servicios públicos para que haya una rectoría y una regulación fuerte por parte del Estado en las tarifas, pero también para que Ecopetrol pueda entrar a resolver el problema, siendo generador, pero también para distribuir la energía. Eso hoy está prohibido por ley, y es uno de los proyectos centrales.

SEMANA: ¿Para que Ecopetrol sea un distribuidor en la cadena de los servicios públicos domiciliarios?

C.C.: Hoy no lo puede hacer porque no puede ser generador y distribuidor; pero es que tú no puedes dejar eso solo en manos de los privados, que están abusando. Ve y habla con la ciudadanía.

SEMANA: ¿Usted es radical?

C.C.: Soy una mujer con principios, con carácter, y creo que para gobernar a Colombia se necesita eso. Soy una mujer de la argumentación. Si me presentan argumentos y me demuestran que estoy equivocada, puedo aceptar. Pero no con mentiras, no con chantajes.

SEMANA: Con todos los debates que se han suscitado, ¿no le han demostrado que ha estado equivocada en algo?

C.C.: No. He escuchado mentiras, que destruí el sistema de salud, que generé la crisis. Eso es falso, no tiene sustento. Dicen que quiero estatizar el sistema de salud, cuando expliqué que vamos a fortalecer el sector privado. Hasta ahora no he escuchado un solo argumento de la oposición que me haga razonar y decir que estamos equivocados.

SEMANA: ¿Qué piensa del expresidente Álvaro Uribe en esta contienda electoral, donde está ejerciendo un papel protagónico?

C.C.: Es un hombre condenado por la Justicia, pero además tiene investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles y que son muy graves. Está comprometido en investigaciones por el homicidio de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos antioqueño; por la masacre de El Aro; por varias masacres en Antioquia. Esa es una deuda que siempre tendrá con nuestra patria y nosotros, y esas investigaciones están durmiendo el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. Nadie puede estar por encima de la ley de este país y en algún momento habrá justicia.

SEMANA: Concluyamos esta entrevista con un ejercicio. Le pondré de presente algunos nombres de precandidatos presidenciales y usted dirá una palabra sobre ellos. Iniciemos con Iván Cepeda.

C.C.: Un nombre importante en la izquierda.

SEMANA: Daniel Quintero.

C.C.: Un hombre de la coalición del presidente Gustavo Petro.

SEMANA: María Fernanda Cabal.

C.C.: Opositora irracional.

SEMANA: Paloma Valencia.

C.C.: También opositora irracional.

SEMANA: Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay.

C.C.: Un hombre víctima que cuenta con nuestra solidaridad por lo que vivió.

SEMANA: Vicky Dávila.

C.C.: Utilizó el periodismo para hacer política.

SEMANA: Juan Carlos Pinzón.

C.C.: Un hombre de la extrema derecha.

SEMANA: Abelardo de la Espriella.

C.C.: Lo mismo de siempre, pero con cierta cosa payasa.

SEMANA: Germán Vargas Lleras.

C.C.: Un hombre de la oligarquía, del establecimiento, que ha defendido a las minorías de este país.

SEMANA: Enrique Peñalosa.

C.C.: El peor modelo de segregación de Bogotá.

SEMANA: Marta Lucía Ramírez.

C.C.: Una mujer de la extrema derecha.

SEMANA: Carlos Felipe Córdoba.

C.C.: Un hombre de la política tradicional.

SEMANA: Daniel Palacios.

C.C.: Bastante irracional y explosivo.

SEMANA: ¿Qué piensa de que haya más de 100 precandidatos presidenciales para 2026?

C.C.: Que necesitamos una reforma política, partidos fuertes, serios y democráticos que hagan ese tipo de filtros.