POLÍTICA

El precandidato presidencial Jaime Pumarejo propone reforma penal y judicial ante crisis de seguridad e impunidad: “Reforma o eliminación del Inpec”

El barranquillero hizo un diagnóstico de la seguridad del país.

21 de julio de 2025, 9:10 p. m.
La red de líderes globales ‘El Diálogo’ exaltó la labor del mandatario.
El exalcalde y precandidato, Jaime Pumarejo. | Foto: Alcaldía de Barranquilla

El exalcalde de Barranquilla y hoy precandidato presidencial, Jaime Pumarejo, le salió al paso a la propuesta que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro para alcanzar la paz total y propuso su propia reforma penal y judicial para enfrentar la crisis de inseguridad e impunidad en Colombia.

“Colombia atraviesa una de sus peores crisis de seguridad ciudadana. Más allá del crimen organizado, lo que más golpea al ciudadano común es la violencia cotidiana: atracos, extorsión, robos callejeros, homicidios por intolerancia, violaciones, y hurtos agravados, muchos cometidos con arma de fuego o blanca”, dijo.

Ministro Eduardo Montealegre radicó proyecto de paz total para someter a grupos armados
Ministro Eduardo Montealegre radicó proyecto de paz total para someter a grupos armados | Foto: X Ministerio de Justicia

Según el barranquillero, “esta criminalidad se ha normalizado mientras la respuesta del Estado ha sido débil. Esta propuesta es un llamado ciudadano para actuar con decisión para garantizar seguridad, justicia y dignidad”.

Dentro de sus propuestas contempla un blindaje judicial contra la impunidad disfrazada de paz: “Prohibir por ley que el Gobierno o cualquier autoridad suspenda capturas, condenas o penas contra criminales violentos, narcotraficantes o responsables de crímenes de lesa humanidad”.

Alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo
El exlcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo | Foto: Semana

También cree necesaria la cárcel real y juicio rápido para delitos violentos. En otras palabras, “establecer un proceso judicial prioritario y expedito para delitos como atraco, extorsión, homicidio tentado, hurto calificado, entre otros, con jueces y fiscales dedicados”.

Y siguió: “Sin beneficios judiciales para quien use armas en delitos. Quien cometa un delito violento con arma de fuego o blanca debe ser detenido preventivamente y no acceder a beneficios como casa por cárcel o libertad condicional. Hacer esta aclaración tácita en la ley elimina la subjetividad del operador de justicia y hace que la capacidad extorsiva y de amenaza de los grupos armados y delincuentes sea menor frente a los jueces y fiscales”.

Exgobernadores y exalcaldes reunidos este martes en Bogotá.
Exgobernadores y exalcaldes que buscarían la presidencia en el 2026. | Foto: API.

En su propuesta de reforma, Pumarejo contempló que el porte ilegal de armas de fuego debe ser tratado como un delito grave.

“Debe implicar condena efectiva y priorización judicial. El que porta un arma ilegal representa un riesgo latente. Ya las penas existen, pero su investigación e imputación no es priorizada y quien es aprehendido con un arma de fuego no es considerado un delincuente peligroso y por ende hay altas tasas de impunidad. Atacar las armas ilegales y volver ejemplares las condenas de quienes las portan y tienen ha sido una herramienta efectiva en otros países para reducir el crimen violento”, argumentó.

De igual forma, habló de las cárceles funcionales con trabajo obligatorio, especialmente la creación de centros penitenciarios rurales de bajo costo, donde los reclusos trabajen para costear su manutención y resocializarse.

Pese a las presuntas amenazas de guardias del Inpec y su embarazo, Andrea Valdés sigue en las mismas condiciones de reclusión.
La propuesta para eliminar el Inpec no es nueva. | Foto: guillermo torres-semana

Igualmente, habló de la importancia de la tecnología e inteligencia para combatir el crimen. Ejemplo: Cámaras, inteligencia artificial, analítica criminal y trazabilidad de delitos. “Una Policía moderna necesita herramientas modernas”, puntualizó.

A juicio de Jaime Pumarejo, “el sistema judicial está desbordado, capturado y paralizado”.

“Colombia tiene aproximadamente 11 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio OCDE. Cada fiscal puede acumular más de 500 procesos activos. Más del 90% de los hurtos no terminan en condena” explicó.

Dijo que “las mafias” usan el sistema para aplazar audiencias y forzar liberaciones.

“Más del 60% de los procesos penales no llegan a juicio oportunamente. Presiones y subjetividad judicial: Muchos operadores de justicia son intimidados o sobornados. La ley permite demasiada discrecionalidad para otorgar beneficios. Delitos con armas: El porte ilegal de armas rara vez se imputa. El uso de armas en delitos violentos no genera consecuencias proporcionales. Hay impunidad generalizada para atracos, extorsiones y hurtos con arma blanca o de fuego”, destacó.