Política

Gustavo Petro se enfrenta a todos con su consulta por decreto: “Golpe de Estado”, “quiebre”. Esta es la alarma que desata

Líderes políticos de todas las orillas del país alertaron sobre el comienzo de una dictadura y denunciaron una ruptura institucional orquestada desde el gobierno central.

4 de junio de 2025, 11:05 a. m.
Consulta popular
Consulta popular. | Foto: Semana

La decisión del presidente Gustavo Petro de mandar la cuestionada consulta popular por decreto generó todo un tsunami político en el país y la fuerte reacción de varios sectores de congresistas y mandatarios locales. Aunque fue en una alocución que el presidente confirmó la determinación, minutos antes el ex fiscal general y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, ya había confirmado la decisión de Petro.

La senadora María José Pizarro tuvo que alejar a Armando Benedetti del secretario del Senado, Diego González, a quien le reclamó por el resultado de la votación.
La senadora María José Pizarro tuvo que alejar a Armando Benedetti del secretario del Senado, Diego González, a quien le reclamó por el resultado de la votación. | Foto: colprensa

El primero en reaccionar a las declaraciones del presidente fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que lo que estaba pasando en el país era un “quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de derecho y de nuestro sistema democrático”.

En esa vía, Galán también dijo: “El Senado de la República, en uso de su autonomía y bajo los cauces constitucionales previstos, negó la convocatoria a la consulta popular. Cualquier duda que exista sobre esa decisión se debe alegar por vías judiciales, no pasando, en ningún caso, por encima del Congreso”.

Pero el mandatario de Bogotá no fue el único en reaccionar. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que tan pronto como el presidente firme el decreto que le da vía libre a la consulta popular, este será demandado de manera inmediata. Además, aseguró que se está preparando un comunicado dirigido al registrador nacional en el que se certifica, por el secretario del Senado, que la votación se hizo apegada a la ley y que no se aprobó en el Legislativo.

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Este martes comienza la discusión en el Senado. | Foto: Armando Benedetti

“Eso es un proyecto, no ha sido aprobado, de manera que no hay posibilidad de que él cite a esa consulta popular y, si lo hace, está violentando todas las leyes y la justicia colombiana, que es donde él tiene que quejarse y presentar todas sus inquietudes jurídicas. La consulta popular se negó en la plenaria del Senado y ahí están las certificaciones. No hay manera de que el señor registrador acepte llamar a una consulta popular”, sentenció Cepeda.

Por su lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que lo que estaba pasando era el nacimiento de una dictadura en la que lo primero que estaba haciendo el presidente Petro era “generar una ruptura institucional” y luego “posar de víctima”.

“Lo que dijo Gustavo Petro hace pocos minutos sobre convocar a la consulta popular por decreto no sorprende; más bien ratificó su talante antidemocrático. Colombia cayó en las peores manos", aseguró Gutiérrez.

Además de eso, hizo un llamado para rodear a las instituciones: “Es momento de rodear la justicia que, amparada en la Constitución y la ley, deberá tumbar semejante entuerto jurídico. No es más que una provocación para intentar quedarse en el poder. Colombia entera debe despertar”.

De otra orilla, el ex fiscal general Francisco Barbosa también condenó lo dicho por Petro y lo calificó como una violación a la Constitución de 1991. “El abuso de poder es inadmisible. Petro desconoce las funciones de la Rama Judicial y desconoce la autonomía del Legislativo. El registrador nacional del Estado Civil debe negarse a realizar la consulta por falta de concepto del Senado de la República. Hacerla significa cometer el delito de prevaricato”.

Desde el Centro Democrático tampoco faltaron las críticas. La senadora Paloma Valencia arremetió contra el anuncio del presidente y dijo que la decisión del Congreso había sido contundente y que era un ‘no’ para la consulta popular. “El Gobierno sigue queriendo pasar por encima del Congreso y de la Constitución. El ‘no’ fue claro, sin vicios, limpio. No es no. Si sacan un decreto, es completamente ilegal, lo demandaremos y se caerá”.

En esa misma vía, las congresistas María Fernanda Cabal y Lina María Garrido sentaron su postura. Por un lado, Cabal les hizo un llamado a las Cortes, los organismos de control y al Congreso para que se prepararan ante “ese posible ataque”. “Petro tiene la intención de firmar un decreto para convocar una consulta popular; de hacerlo, daría un golpe de Estado que no podemos tolerar. Aquí no se trata de ideologías. Se trata de respetar la Constitución y la separación de poderes”.

La representante Lina María Garrido le dijo al presidente que él no podía pronunciarse ni decretar la validez sobre los conceptos del Congreso. “Presidente, deje de creer estúpidos a los colombianos; usted ofende la inteligencia del pueblo al pensar que le seguimos comiendo cuento. Usted siempre crea una distracción para tapar sus errores”.

Ante esta lluvia de críticas, que llegaron de todas las orillas políticas del país, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también sentó su posición mediante su cuenta de X. “Con jugaditas, trampas y fraudes no nos dejamos. Con seis vicios en la votación de la consulta popular en el Senado, que violan principios y valores de la Constitución, no hay existencia de un pronunciamiento del Senado”.

Además de ello, Benedetti señaló: “La ley y la Constitución dicen que solo la Corte Constitucional hace control posterior de la consulta. El decreto que convocará a elecciones, que es un acto administrativo, es parte integral de la consulta. Ojalá la participación ciudadana esté por encima de los demás poderes, inclusive del Senado”, puntualizó.

Finalmente, dijo que el borrador del decreto ya estaba listo y que la consulta tendría lugar a finales de julio o inicios de agosto y que esta semana será entregado a la Corte Constitucional “para que tome la decisión de aprobarlo”.