Política
ELN anuncia el fin del paro armado en Chocó: cientos de personas siguen confinadas
La organización criminal paralizó varios municipios del Chocó.
Fuentes de las Fuerzas Militares confirmaron a SEMANA que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) levantó el paro armado que atormentó a los habitantes del departamento del Chocó en las últimas horas. Pese al anuncio, cientos de personas siguen confinadas por el temor de caer en medio de las balas.
La decisión se conoció a través de un comunicado firmado por el Frente de Guerra Occidental, Ogli Padilla, quien somete al encierro a los pobladores de las zonas rurales del departamento, principalmente, en el Alto San Juan y Lloró, según información de las autoridades.
En este texto, que ya fue verificado por la fuerza pública, la guerrilla manifestó: “Agradecemos al pueblo el acatamiento del paro armado e informamos que, a partir de las 00:00 horas del día 27 de julio, se restablece la movilidad en su totalidad en todo el departamento”.
Antes de dar esa información, el ELN lanzó duras críticas sobre los mandatarios locales, mencionó que la corrupción es uno de los males de la región y advirtió de una supuesta alianza entre las autoridades y estructuras paramilitares, que estarían llevando “el terrorismo del Estado a niveles extremos”.
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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reveló que este paro armado fue activado por la organización criminal después de un operativo desplegado por el Ejército, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial que afectó los intereses de este grupo en el municipio de Lloró.
“Se dio la incautación de material de guerra y la desmovilización de dos personas. Frente a esto, además del comunicado conocido hoy por la opinión pública, se han difundido por redes sociales y medios locales distintas amenazas y restricciones para los ciudadanos y servidores públicos del territorio”, dijo la mandataria.
Además de la guerrilla del ELN, en esa zona del país delinque el Clan del Golfo, que sostiene una guerra a muerte con este grupo criminal por el control de las economías ilícitas, principalmente las relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de migrantes y la extracción ilegal de oro.
En medio de esa confrontación está la población civil. Cientos de indígenas y afrocolombianos están sometidos a aterradores manuales de convivencia y restricciones para impedir el avance de los frentes. Entre tantas cosas, hay limitaciones para movimientos y la adquisición de bienes y servicios.
La fuerza pública ha manifestado que cuenta con todas las herramientas para contener las alteraciones del orden público en el departamento del Chocó. No obstante, mandatarios locales se han quejado en SEMANA sobre el alcance de esas medidas y piden más resultados.
