Escándalo en la Unidad de Víctimas: contratos por 19.000 millones de pesos en apenas dos meses salpican a un senador aliado de Petro

El Gobierno Petro le entregó la Unidad para las Víctimas a un poderoso clan político de Santander por los votos de Gustavo Moreno en el Senado. SEMANA reveló la estructura directiva que se edificó para empujar los supuestos intereses de estas personas y las denuncias de posibles irregularidades que comprometerían al erario público. A esa información, hoy se suma una grave alerta por la masiva contratación; los órganos de control tienen la lupa puesta sobre los documentos.

Esta revista accedió a diferentes informes que confirman que la Unidad, bajo la dirección del exescolta Adith Romero, contrató a 530 personas entre julio y agosto por más de 19.000 millones de pesos, cuando este volumen de contrataciones solo se percibe en esta dependencia en los primeros meses del año, en el momento de la conformación de los equipos de trabajo para la vigencia o cuando ocurren contingencias humanitarias, en las que podrían escasear los funcionarios para cumplir los objetivos de la institución.

404 contratos se tramitaron a través de la cartera de la Unidad para las Víctimas por más de 14.287 millones de pesos y 126 más se realizaron por medio del Fondo para la Reparación a las Víctimas, por 4.921 millones de pesos. Hay honorarios mensuales que ascienden hasta los 15, 13, 11 y 10 millones de pesos.

Al parecer, este fenómeno contractual respondería a una supuesta necesidad del clan político para cumplir con deudas electorales y proyectarse para las contiendas legislativas de 2026, donde Gustavo Moreno pretendería aspirar nuevamente al Senado. Así lo ponen en evidencia testimonios recogidos por SEMANA dentro de la Unidad, hoy bajo el radar de la Procuraduría, para esclarecer las presuntas irregularidades.

En una denuncia que llegó a esta revista en las últimas horas, se describió: “Para el logro de estos contratos, se presionó a las diferentes áreas de la Unidad para crear necesidades y lograr su cometido de vincular todos estos contratistas que son personas encargadas de hacer campaña desde la Unidad al senador Gustavo Moreno”.

En el mismo documento se describió la supuesta estrategia que habría dentro de la entidad: “Es tan vergonzoso lo que pasa en la Unidad que estos profesionales, cada vez que hay una actividad con las víctimas, llevan claro el mensaje que la entrega de las ayudas es gracias a la gestión del senador Gustavo Moreno, politizando a las víctimas y haciendo de los resultados de las víctimas el fortín de plataforma política”.

Para el exdirector de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, lo que estaría ocurriendo en la entidad merece la atención de los órganos de control, y advirtió que no es normal tener una contratación tan alta en el segundo semestre del año: “Se le hace a uno raro que en los meses de julio y agosto vayan a contratar a más de 400 personas, y adicionalmente con un presupuesto que supera los 14.000 millones de pesos, tiene que haber un plan de contingencia muy bien justificado para poderlo hacer, porque todas las contrataciones se hacen en los meses de enero, febrero y marzo”.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Unidad aseguró que todo su actuar está enmarcado en la ley, pero evitó referirse a cada una de las denuncias expuestas por SEMANA. Pese a la gravedad de los hechos, el presidente Gustavo Petro guarda silencio. Aunque ya los sindicatos de la entidad están pidiendo la denuncia de su director, Adith Romero, por las dudas que rodean su gestión y los indicios de irregularidades que sacuden a cada una de las direcciones.