Política
Esta es la demanda de Keralty a Colombia: accionistas de Sanitas tienen pretensiones por 1.200 millones de dólares
La compañía promete que esos recursos se utilizarían para fortalecer la EPS.
Keralty, la empresa propietaria de la EPS Sanitas, demandó al Estado colombiano con una pretensión que asciende a los 1.200 millones de dólares, alegando que este no cumplió con sus obligaciones para garantizar la suficiencia del sistema de salud.
El litigio internacional entre la firma de capital español y el Estado comenzó oficialmente esta semana con el proceso interpuesto por la defensa de la multinacional, justo nueve meses después de que la Superintendencia Nacional de Salud decidiera intervenir a esa entidad prestadora del servicio, que ha sido una de las más grandes del país.
La demanda alega que el Estado colombiano es el responsable de la violación de los tratados internacionales de inversión, por las medidas “arbitrarias” que se han tomado en relación con el tratamiento a este tipo de entidades y por hechos recientes como la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS.
Los accionistas aseguran que intentaron establecer contactos con el Estado colombiano, pero afirman que sus esfuerzos fueron “infructuosos”, llevándolos a acudir a las instancias internacionales para buscar resarcir los daños.
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“El Estado colombiano ha incumplido reiteradamente múltiples compromisos con EPS Sanitas bajo el sistema de salud y el derecho internacional, incluyendo su obligación de garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud, y la intervención forzosa e injustificada de EPS Sanitas, que han agravado tanto la situación financiera de la compañía como la prestación de servicios a sus afiliados”, detallaron los accionistas de la EPS Sanitas.
La EPS Sanitas es propiedad de las firmas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, las mayores accionistas del Grupo Keralty, que se enfrentan al Estado en un proceso arbitral que en moneda colombiana supera los 5 billones de pesos como indemnización integral de perjuicios. Ese monto, afirman los demandantes, corresponde al valor de los daños que ha sufrido la compañía.
Para dimensionar esa cifra, esta corresponde a casi la mitad del monto que esperaba recaudar el gobierno de Gustavo Petro con el proyecto de ley de financiamiento que hundió el Congreso a finales de 2024, la fallida reforma tributaria con la que el Ministerio de Hacienda necesitaba financiar el Presupuesto General de la Nación.
La demanda de los accionistas de Keralty ya fue presentada ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y estos prometen que los eventuales recursos que se recauden como resultado de ese litigio serían reinvertidos en la EPS.
“Destinaríamos el total de la indemnización obtenida en instancias internacionales a recomponer el gravísimo daño causado por el Estado colombiano al sistema de salud mediante el fortalecimiento de EPS Sanitas con dichos recursos”, escribieron en un comunicado.
La Superintendencia de Salud intervino a Sanitas EPS en abril de 2024 y ese es uno de los argumentos de los demandantes en este litigio, pero es el único sustento. Estos también alegan que ha habido un cálculo insuficiente de la UPC para garantizar la prestación del servicio, lo que ha obligado a las EPS a cubrir servicios que deberían estar a cargo de la nación.
Fuentes cercanas al proceso le dijeron a SEMANA que la presentación de este proceso no cierra las puertas a que se dé un eventual diálogo entre los accionistas españoles y el Estado colombiano. El Ciadi es la misma instancia que ordenó al Estado colombiano reembolsar millonarios recursos a Telefónica en medio de la controversia que enfrentó a esas dos partes.
El nuevo proceso presentado ante esa instancia del Banco Mundial se conoce en un escenario en el que el Gobierno Petro está intentando ajustar componentes de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, como ya sucedió con la nota remitida sobre el TLC con Estados Unidos.
Pero, además, mientras el país intenta sortear una grave crisis en el sistema de salud que tiene a más de la mitad de los pacientes afiliados a EPS que están intervenidas por el Gobierno, como los 5,7 usuarios de Sanitas.
