Esta es la nueva política de Gustavo Petro que busca desmantelar a grupos criminales

La política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo, impulsada por el presidente Gustavo Petro, promete una estrategia audaz para abordar uno de los problemas más críticos de Colombia. Esta iniciativa surge después de casi siete años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas FARC en 2016, período en el que la falta de avances en su formulación generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

El gobierno de Gustavo Petro ha seleccionado el Magdalena Medio, el Caguán y el norte del Cauca como lugares estratégicos para iniciar los planes piloto de su política pública destinada a desmantelar organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo. Esta decisión fue anunciada tras la aprobación de la mencionada política, marcando un hito en la lucha contra el crimen en estas regiones históricamente afectadas por el conflicto armado. Estas áreas han sido testigos de décadas de violencia y desplazamiento, y la implementación de estrategias efectivas es crucial para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y restaurar la paz.

Causas en lugar de efectos

Una característica fundamental de esta política es su enfoque integral para atacar el fenómeno criminal desde sus raíces. Más allá de centrarse en la persecución judicial y militar, el Gobierno de Petro busca eliminar las condiciones que originaron y mantienen el crimen organizado en Colombia. Esto incluye aspectos económicos, sociales, normativos, culturales y políticos. La intención es abordar no solo a las organizaciones criminales, sino también las condiciones que permiten su existencia.

Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, subraya la importancia de este cambio de enfoque, afirmando que “más allá de atacar organizaciones y estructuras criminales, lo que vamos a atacar es el fenómeno criminal que reproduce la violencia en los territorios. Vamos a implementar acciones orientadas a la protección, pero también al empoderamiento de las comunidades a través de la consolidación de nuevas economías en el territorio que no estén vinculadas a la ilegalidad o al crimen organizado”.

Los componentes claves

La política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales se estructura en cuatro componentes fundamentales:

• Desmantelamiento: Esta parte de la estrategia se centra en la eliminación de organizaciones y conductas criminales, así como en la prevención de vínculos entre agentes del Estado y estructuras criminales.
• Contribución a la transformación del Estado: Se busca fortalecer las capacidades estatales para prevenir cualquier tipo de relación entre agentes del Estado y organizaciones criminales.

• Acción integral del estado: Esta parte involucra acciones orientadas a la protección y empoderamiento de las comunidades a través de la creación de nuevas economías en los territorios, alejadas de la ilegalidad.
• Monitoreo y evaluación: Para garantizar el cumplimiento de la política, se implementará un riguroso sistema de seguimiento basado en derechos humanos con información georreferenciada.

La implementación de esta política es una respuesta a la escalada de violencia que se ha experimentado en Colombia, incluyendo el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz. La demora en su formulación tuvo efectos devastadores en el país, generando un recrudecimiento del conflicto armado y la aparición de nuevas víctimas.

La Implementación

Ana María Rodríguez Valencia, directora de la Comisión Colombiana de Juristas y representante de las plataformas de Derechos Humanos ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), destaca la necesidad de una fuerte articulación institucional para asegurar el cumplimiento de la política. Además, enfatiza la importancia de involucrar a las nuevas autoridades locales electas en octubre y garantizar recursos adecuados para llevar a cabo la política de manera efectiva.

La política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales no solo representa un cambio en la forma en que Colombia aborda el crimen organizado, sino que también se alinea con el enfoque de “Paz Total” del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. Con un horizonte hasta 2026, se espera que esta política no solo reduzca la violencia y el crimen, sino que también siente las bases para un futuro basado en los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Se espera transformar las regiones históricamente afectadas por el conflicto y restaurar la paz en Colombia. Sin embargo, el éxito de esta política dependerá en gran medida de su implementación efectiva y la colaboración de las autoridades locales y la sociedad civil, en un país marcado por décadas de violencia.