Estas son las denuncias contra la fiscal Luz Adriana Camargo en la Comisión de Acusación: Petro, Calarcá y el caso de Sandra Ortiz, entre los motivos

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, lleva 18 meses en el cargo y ha sonado más por los escándalos, sus viajes y comisiones en el exterior, que por los resultados judiciales. Esta semana el país confirmó que Camargo quiso tener injerencia en uno de los casos más sonados en la rama judicial y la política en Colombia: el que implica a Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, en hechos que podrían configurar interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, en la época en que fue diputado opositor del Atlántico, cuando Elsa Noguera era gobernadora de ese departamento.

La fiscal Lucy Laborde, quien lleva el caso, se despachó contra Camargo en una explosiva carta porque, sorpresivamente, su jefe, desde el búnker de la Fiscalía, le envió un fiscal de apoyo para ese proceso judicial. Esa historia de un fiscal contra su jefe no se había visto en la historia reciente del país. ¿Qué buscaba la fiscal? ¿Pretendía enderezar el rumbo de la investigación a favor del hijo del presidente e impedir la solicitud de medida de aseguramiento? ¿Por qué en todos los casos no actúa igual? ¿Por qué se saltó la independencia de los fiscales? La fiscal general, enredada en su propio laberinto, no tuvo otra alternativa que declinar y retirar al fiscal de apoyo.

SEMANA confirmó que Luz Adriana Camargo, quien llegó al cargo ternada por el presidente Gustavo Petro, tiene más de 20 denuncias en su contra en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Como ocurre con todos los funcionarios públicos, unas quejas son preocupantes y fueron puestas en conocimiento por sus propios colegas. En otras, puede pasar de agache y salir bien librada.

El expediente 6614 es quizás de los procesos que más le preocupan a la fiscal Camargo. La denuncia fue instaurada por Santiago Suárez Morales, quien envió un correo a la Comisión de Acusación y solicitó “investigar exhaustivamente” la conducta de Camargo por la Resolución 0282 del 4 de julio de 2024, y tomar las medidas pertinentes “para garantizar el respeto a la Constitución, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal”.

Camargo emitió una solicitud de liberación de los cabecillas de las Farc, entre ellos Calarcá Córdoba, que fueron capturados en flagrancia en un retén militar entre Barbosa y Cisneros, en Antioquia. Cuando los militares intentaron detener la caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde iban los subversivos, inicialmente se opusieron.

Camargo los dejó en libertad mediante la citada resolución. Allí también benefició a Yeison Alexis Ojeda Gijón, Wenser Sony, Juan Antonio Agudelo, Cándido Zamboni, Henry Leonardo Carrillo y Erlinson Echavarría. El último es conocido como Ramiro, jefe de las Farc, quien fue sorprendido con 28 millones de pesos y varios gramos de oro, entre otras pertenencias.

SEMANA tiene en su poder la carta que Luz Adriana Camargo envió a Gladys Gaviria Giraldo, fiscal 75 especializada contra los crímenes de la Fiscalía en Medellín, en la que le solicitó “cumplir con la Resolución 0282 del 4 de julio de 2024”.

En ella, la fiscal le advierte que la suspensión de las órdenes de captura, como se dispone en dicha resolución, “se hace extensiva a las situaciones de flagrancia, de modo que sírvase a ordenar la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, en tanto en virtud de esa decisión, no puede ser capturado”, se lee en el oficio fechado con número 00069 y que está en poder de la Comisión de Acusación.

A juicio del demandante, la fiscal no podía, mediante una resolución, ordenar la libertad de estos jefes de las Farc, así hicieran parte de un proceso de paz, porque fueron capturados en flagrancia. El proceso contra Camargo lo adelantan los congresistas Carlos Cuenca, del partido Cambio Radical; Leonardo Gallego, del Partido Liberal, y Daniel Restrepo, del Partido Conservador, y cercano al senador Carlos Trujillo, aliado de Gustavo Petro.

SEMANA conoció que, por el mismo hecho, el Congreso tiene abiertos otros tres expedientes contra la fiscal general. Uno de ellos, tras la denuncia de José Espinosa Henao, representante legal de la ONG Militares, Policías, Amigos, Honor, Juntos por Colombia (Mipofaamcol). Otro del ciudadano Stefan Bravo Martínez. Y uno más de la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, y el representante de ese partido, Juan Espinal.

En la Comisión también reposa el expediente 7049 contra Luz Adriana Camargo y cuya denuncia la instauró Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, el 15 de agosto de 2025, quien la acusa de favorecer a funcionarios del Gobierno Petro en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La congresista del Partido Liberal y aliada del petrismo, María Eugenia Lopera, adelanta las pesquisas.

Pablo Bustos había radicado otra denuncia contra Luz Adriana Camargo, el 3 de junio de 2025, donde le pidió a la Comisión que investigara si la fiscal es o no responsable por presunta falsedad en documento público y fraude procesal “dentro del trámite de recusación contra la misma relativa al principio de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz”.

Por hechos similares, Camargo tendrá que responder en otro proceso de la Comisión: el expediente 6965, cuya denuncia la presentó el 3 de junio de 2025 Samuel Alejandro Ortiz Mancipe tras conocer la portada de SEMANA titulada La mentira de la fiscal.

En esa pieza periodística se reveló cómo Camargo habría cambiado la versión frente a su posible injerencia en la investigación contra la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, hoy capturada por la supuesta entrega de 3.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name, en el escándalo de la UNGRD. Al cierre de esta edición, el país conocía unos chats entre Oswaldo Medina, exabogado de Ortiz, y la fiscal Andrea Muñoz, donde se confirma cómo la fiscal general tenía incidencia en el caso de Sandra Ortiz. Seguramente, esas pruebas, divulgadas por Bluradio, terminarán en la investigación.

Sandra Ortiz ofreció aportar pruebas y declarar en contra de Iván Name, Carlos Ramón González y el magistrado Vladimir Fernández, pero la Fiscalía no accedió a ningún tipo de negociación con ella. Fernández fue clave para la elección de Camargo como fiscal general, en la Corte Suprema de Justicia.

Camargo también tendrá que defenderse de una denuncia que instauró en su contra el hoy precandidato Abelardo de la Espriella por una presunta negligencia, “porque ignoró las alertas sobre el plan terrorista contra líderes de la derecha que terminó con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025”.

De la Espriella denunció que las guerrillas habrían destinado 8 millones de dólares para asesinar a Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Federico Gutiérrez, entre otros.

SEMANA estableció que los congresistas Wadith Manzur, del Partido Conservador; Leonardo Gallego, del Liberal, y Juan Carlos Wills, también del Conservador, tendrán que definir la suerte del expediente 6587 contra la fiscal tras la portada de SEMANA, del 22 de junio de 2024, titulada: Magistrados denuncian chuzadas y seguimientos por parte de la inteligencia del Gobierno Petro: fiscal Luz Adriana Camargo ya tiene el caso en sus manos.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció en la Corte chuzadas telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes por su trabajo. Por esta razón, la fiscal Camargo solicitó a la Comisión que se le investigara. SEMANA confirmó que el expediente 6638 también es contra Luz Adriana Camargo y la denuncia la instauró Deiby Steven Ladilla Ducuara. La razón: “Negligencia en todas las funciones de su cargo y por haber violado la Constitución al manipular todos los casos del Gobierno Petro; además, ha demostrado no ser una fiscal general, sino una fiscal del Gobierno”, se lee en la queja.

El listado es largo. Hay denuncias contra Luz Adriana Camargo remitidas desde la Procuraduría, otras por tráfico de influencias y abuso de la función pública, conductas inapropiadas de su servicio, entre otras. Algunas coinciden en los hechos y unas pocas no tienen mayor sustento jurídico. La fiscal tendrá que defenderse.