Estas son las razones por las que no avanzan las investigaciones en contra de Petro en la Comisión de Acusación. SEMANA revela los debates internos

Las sesiones en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde reposa la investigación en contra del presidente Gustavo Petro por supuestamente haber violado los topes de la campaña de 2022, no avanzan.

El representante Christian Garcés, del Centro Democrático, denunció a Petro en ese caso y reclamó porque, una vez más, fue aplazada una sesión el pasado miércoles. Allí se iba a votar la recusación en contra de Alirio Uribe, del Pacto Histórico, con el argumento de que estaría inhabilitado para investigar al mandatario por su cercanía con él.

Uribe forma parte del Polo Democrático, partido que integra el Pacto Histórico y que prestó 500 millones de pesos para la campaña de 2022, los cuales no se habrían reportado, según determinó el Consejo Nacional Electoral. Además, Uribe ha integrado el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que lo defendió en la destitución e inhabilidad de la Procuraduría cuando era alcalde de Bogotá (2012-2015).

Más allá del tema de Uribe, el problema es que la Comisión está quieta. Han transcurrido dos años desde la primera denuncia en contra del mandatario y no se ha determinado si se acusa o se archiva. SEMANA conoció que una de las discusiones jurídicas que se están dando, bajo cuerda, con el objetivo de salvar a Petro, es que buscarían mostrar que no se trata de un juicio político, que es lo que está reclamando Garcés, sino que se debería regir por la Ley 600 del 2000, como un procedimiento penal.

SEMANA conoció un documento que presentó Uribe a la Comisión en el que dice que no se le debería recusar, con el argumento de que el juicio político no existe, y que Garcés no podría denunciar a Petro porque no está involucrado dentro de la investigación. Sin embargo, Garcés reclama que es el interés de los colombianos por la defensa de la democracia y la Constitución.

Uribe dice en la carta que, si es recusado, la oposición también debería estar impedida de investigar a Petro. “De manera que no tendría ninguna facultad esta célula legislativa y habría que modificar la Constitución y la Ley para que nuestra función la ejerza un ente completamente autónomo del Congreso de la República en este y en todos los casos de aforados constitucionales”, aseguró. Asimismo, está el antecedente de que la representante Katherine Miranda resultó impedida porque fue jefa de debate del mandatario durante la campaña en Bogotá.

La posibilidad de que Petro sea juzgado hoy parece lejana. Hay quienes cuestionan que parte de esa responsabilidad ha estado en los que han presidido la Comisión.

El primer año le tocó a Wilmer Carrillo, de La U, que ha sido cercano a John Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora, que salió en medio de escándalos. Carrillo, a su vez, es uno de los tres investigadores de Petro junto a Uribe y la representante Gloria Arizabaleta.

El segundo año fue manejado por el congresista Wadith Manzur, del Partido Conservador, quien resultó salpicado en el escándalo de los carrotanques de la UNGRD, aunque ha negado cualquier responsabilidad.

Los congresistas están entre la espada y la pared porque si no actúan como deberían podrían ser investigados por delitos como concierto para delinquir (si se encuentran prebendas) o prevaricato, por no cumplir con sus funciones. A su vez, podrían ser sancionados si no aprueban el impedimento de Uribe y la Corte encuentra que debía aplicarse.

El presidente Gustavo Petro se ha referido a su investigación diciendo que si se impedía a Miranda, entonces nadie podría participar de esa investigación.

De todas maneras, los tiempos están a favor de Petro porque el 16 de diciembre comenzará el receso legislativo hasta febrero. Y en julio se escogerá la última mesa directiva, que le corresponde al Pacto Histórico, según los acuerdos políticos.

En voz baja, algunos congresistas alertan de esas discusiones y movimientos que se están dando en esta Comisión y lo frenada que está, mientras el país sigue a la espera de que se pueda resolver si se incumplieron las reglas electorales y se vulneró la democracia.