Estos son los detalles de la ponencia positiva del Presupuesto General de la Nación para 2026

La bancada del Gobierno de Gustavo Petro radicó la ponencia positiva del proyecto del Presupuesto General de la Nación para el año fiscal de 2026.

La propuesta lleva las firmas de Gildardo Silva, Gloria Arizabaleta, Jairo Cala, Tamara Argote y Aida Avella, y en esta se acoge la cifra de 556 billones de pesos que trazó el Ministerio de Hacienda.

Los congresistas radicaron esa propuesta reconociendo que se necesita la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento por 26,3 billones de pesos para que ese monto pueda hacerse realidad durante 2026.

“El monto total propuesto por el Gobierno Nacional equivale a 28,9 % del PIB y se distribuye de la siguiente forma: $365,8 billones (65,7 % del total) se destinan a funcionamiento, $102,4 billones (18,4 %) al pago del servicio de la deuda y $88,8 billones (15,9 % restante) a inversión”, detalla la ponencia.

La ponencia radicada por la bancada del Gobierno acoge los principales puntos que trazó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para esa propuesta y es, justamente, la que responde a los objetivos de la Casa de Nariño para las finanzas públicas de 2026.

No obstante, el plazo para la discusión de otras iniciativas está corriendo y en las próximas horas se conocería, al menos, una nueva ponencia sobre este proyecto. Ya venció el lapso que permite la ley para modificar el monto del presupuesto y está corriendo el periodo que tiene el Ejecutivo para conseguir la aprobación en primer debate.

Ese análisis está a cargo de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes que llevan varias semanas de encuentros con los delegados del Ministerio de Hacienda para analizar el contenido del proyecto.

Ese lapso estará corriendo hasta el próximo jueves 25 de septiembre, cuando finaliza el tiempo que establece la ley para la aprobación en primer debate. De surtirse ese trámite, las plenarias tendrían hasta el 20 de octubre para analizar la propuesta en segundo debate.

Lo único claro hasta ahora es que la cifra esperada por el Gobierno de Gustavo Petro está desfinanciada y, de ser aprobada por el Congreso, llevaría a que el Estado necesite una nueva reforma tributaria para recaudar los recursos que necesita para el funcionamiento.