Política
Exclusivo: Inpec responde por salida de cabecillas de Medellín a evento de Petro y asegura que no necesitó autorización judicial
El Inpec, en respuesta a un derecho de petición, dio su respuesta frente a la polémica salida de cabecillas de Medellín a evento con el presidente Petro.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) respondió un derecho de petición que se le remitió por la polémica salida de cabecillas de Medellín, condenados por concierto para delinquir y otros delitos, a un evento con el presidente Gustavo Petro en el marco de la paz urbana que sostiene el Gobierno con las bandas del Valle de Aburrá.
En primer lugar, el Inpec aclaró que fueron nueve los delincuentes que acudieron a la cita con el jefe de Estado en el centro administrativo de La Alpujarra, en el corazón de la capital de Antioquia, en la noche del pasado 21 de junio, una escena que generó repudio nacional y desató una ola de críticas en todo el país.
Salieron de prisión:
- Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom
- Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo
- Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre
- Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias el Compa
- Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23
- Élder Darbry Zapata Rivera, alias Grande Pa
- José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas
- Dayron Alberto Muñoz Torres
- Walter Alonso Román Jiménez.
En segundo lugar, la entidad fundamentó la autorización para trasladarlos de la cárcel de La Paz de Itagüí hacia la plazoleta de La Alpujarra en el “numeral 4 del artículo 189 de la Constitución” y en virtud “de la investidura jerárquica institucional”, de la siguiente manera:
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“El presidente, en su calidad de suprema autoridad administrativa del Inpec, ha formulado, por conducto de la coordinadora delegada para el Espacio de Conversación Sociojurídico de paz total, y en articulación con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, solicitudes de traslado de personas privadas de la libertad designadas como voceros de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”, se lee en un fragmento de la respuesta.
Esa coordinadora es la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, quien le envió una comunicación escrita al Inpec solicitando la salida de los privados de la libertad. Ese documento, entre otras cosas, es la prueba clave de la cascada de acciones judiciales que se han interpuesto en su contra por, aparentemente, violar la norma.
Finalmente, el Inpec reconoció que no tramitó alguna autorización ante juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad para dichos traslados, pues tendría autonomía: “En virtud del artículo 72 de la Ley 65 de 1993, el cual establece que la autoridad judicial pondrá a disposición del director del Inpec a las personas condenadas, y en concordancia con el numeral 8 del artículo 2 del decreto 4151 de 2011, que dispone garantizar el control sobre la ubicación y traslado de la población privada de la libertad, se determina que el Inpec no requiere autorización judicial para la salida temporal de las PPL (personas privadas de la libertad)”.
Para el exsecretario de Seguridad de Medellín y concejal de Creemos, Andrés Tobón, esta respuesta pondría en evidencia que la salida de los cabecillas habría sido ilegal y constituiría un delito por el que deberían responder el Inpec y la senadora Isabel Zuleta: “En su interpretación torcida de la norma, terminan afirmando algo que ningún colombiano quisiera escuchar de la institución que debe custodiar criminales: que no necesitan autorización de nadie para sacarlos de la cárcel”.
