Exclusivo | La ‘piedra en el zapato’ de los capos de Medellín: exministra Ángela María Buitrago propuso sometimiento y justicia ordinaria, y no aceptaron

La exministra de Justicia del Gobierno Petro, Ángela María Buitrago, respondió a SEMANA por el papel que jugó en el marco de la polémica paz urbana de Medellín, visibilizada el pasado sábado, 21 de junio, por el presidente Gustavo Petro al compartir tarima con los voceros de las estructuras más peligrosas de la capital de Antioquia.

La exfuncionaria mencionó que nunca intervino en las comunicaciones en la cárcel La Paz de Itagüí, porque no era su tarea, y que su participación se enfocó en el diseño de un marco jurídico que le diera forma a la eventual transición a la legalidad por parte de los actores delincuenciales del Valle de Aburrá.

Al parecer, su posición generó malestar entre los cabecillas y los voceros del Ejecutivo. Desde un principio, ella sugirió que cualquier pacto debía enmarcarse en la jurisdicción ordinaria, pero otros son los planes que tienen los delincuentes, tal como lo reveló SEMANA en la edición impresa de este 28 de junio.

“Pusimos sobre la mesa la necesidad de un marco jurídico, pero no un marco jurídico de absolución total, ni un marco jurídico que permita decir que no cometieron nada. El marco jurídico tiene que ser de sometimiento a la jurisdicción ordinaria. Esa es mi propuesta desde el día uno y hasta hoy”, mencionó la exministra.

Con base en estas premisas, ella le compartió en noviembre de 2024 al presidente Gustavo Petro la primera propuesta del marco jurídico y se la actualizó en marzo de este año, antes de ser despedida por diferencias irreconciliables con la política de paz total, entre ellas la de la mesa urbana de la ciudad de Medellín.

Para los integrantes de la mesa de negociación, la entonces ministra de Justicia se habría convertido en un muro de contención que estaría afectando el curso de las conversaciones. Buitrago negó esta versión, pues reiteró que nunca estuvo sentada en la mesa y jamás se opuso a la creación del piso jurídico.

Frente a este escenario, los cabecillas de las bandas criminales se habrían quejado ante el Gobierno nacional por el papel de la funcionaria y lo mismo habría hecho la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta. Finalmente, el presidente optó por aceptar su renuncia y ella comunicó su salida el pasado 15 de mayo.

En un boletín de prensa, emitido por la Presidencia de la República, se conocieron las razones de la renuncia presentada: “Desde la ciudad de Shanghái, en el marco de la visita oficial que cumple en China, el jefe de Estado explicó que solicitó a Buitrago su dimisión ante un conflicto con uno de los ejes de mi política de paz”.

En todo caso, por el Congreso se han intentado tramitar iniciativas para permitir un sometimiento a la justicia por parte de grupos criminales, pero no han tenido futuro. Desde algunos sectores han pedido claridad al Gobierno Petro sobre las decisiones que se tomarán en esta materia al considerar que entregarles estatus político a delincuentes comunes no es posible.

SEMANA reveló lo que hay detrás de esa escandalosa puesta en escena que tiene como telón de fondo una negociación con promesas de beneficios judiciales y un posible pacto político de cara a las elecciones de 2026, lo cual enciende las alarmas. El país podría estar frente a una especie de Pacto de La Picota, el mismo que se denunció antes de las elecciones de 2022, esta vez con delincuentes de alta peligrosidad que viven a sus anchas en la cárcel de Itagüí.

Lo ilustrado hasta ahora ante la opinión pública es que las estructuras tienen la disposición de reducir su participación en delitos, y lo estarían demostrando con los homicidios y las extorsiones en varios sectores de la capital antioqueña y sus alrededores, pero debajo de la mesa hay negociaciones secretas para el país y cuyos alcances podrían abrirle campo a la impunidad.

SEMANA estableció con participantes de este proceso, tanto del Gobierno como de las bandas criminales, que el Ejecutivo —representado por la senadora Isabel Cristina Zuleta— está dispuesto a tramitar beneficios judiciales a los delincuentes, incluyendo libertades exprés para que puedan estar en la calle de día y pasen la noche en prisión.

Los cabecillas han propuesto impunidad completa para ellos y sus subalternos, y no desprenderse de gran parte de sus fortunas para poder sobrevivir junto a sus familias. Al parecer, no ha habido una negativa de los representantes de Petro, pero sí una advertencia: “No existe marco jurídico”.