SEMANA revela el contenido de un informe reservado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que puso en evidencia los lujos y comodidades que alcanzaron los jefes de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá en La Paz, de Itagüí, la prisión donde el Gobierno Petro negocia la paz total, de la mano de la senadora Isabel Cristina Zuleta.
La investigación fue ordenada por el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, actual director del Inpec, en mayo de 2023. Por primera vez, un medio de comunicación comparte el resultado del escandaloso estudio, que confirma las denuncias realizadas por esta revista: los delincuentes de alto nivel de Antioquia viven como si estuvieran en un hotel.
En el pabellón número uno, que en ese momento aislaba a 106 personas, se evidenciaron cuatro enfriadores y seis congeladores con grandes cantidades de carnes (pollo, morrillo, chorizos, cerdo, res, costilla y pescado), lácteos, quesos, víveres, verduras, frutas, panes en descomposición y embutidos (salchichones, mortadela, hamburguesas, salchichas y chuzos).
Al ser cuestionado, uno de los privados de la libertad sobre la situación describió que estos productos eran para el consumo de todos los hombres del patio y que su uso estaba autorizado por la dirección del establecimiento carcelario, pese a que la norma prohíbe este contenido.
Las sorpresas no pararon allí. En el recorrido se identificaron las celdas, en su mayoría equipadas con electrodomésticos (ventiladores, sanducheras, hornos, estufas eléctricas y cafeteras), colchones ortopédicos, utensilios de cocina, mercados en grandes cantidades, duchas eléctricas, cavas de icopor y fibra, panales de huevos, frutas, adecuaciones de pisos, baños (enchapes, grifería y lavamanos) y pintura, instalación de puertas corredizas, persianas, muebles y clóset, productos energizantes y colecciones de gorras y zapatillas.
La comisión del Inpec señaló que en estos hallazgos se destacaron las celdas donde habitaban los siguientes privados de la libertad: Freyner Alonso Ramírez García, Juan Manuel Piedrahita Giraldo, Iván Darío Suárez Muñoz, Albert Antonio Henao Acevedo, Rodrigo Henao Acevedo, Juan Carlos Mesa Vallejo, Gustavo Adolfo Pérez Peña y Jhon Mario Chaverra Acevedo.
Para ese momento, estaba tomando forma la negociación de paz del Gobierno Petro con los jefes de las estructuras criminales del Valle de Aburrá, y se hicieron todas las gestiones para agruparlos en ese penal. Precisamente, seis de los mencionados están sentados en la mesa de paz y hacen parte de las bandas de Robledo, La Terraza, Pachelly, Los Chatas y El Mesa.
Cuando se avanzaba en la inspección, se encontró otra controvertida escena: “Pasamos por las áreas comunes donde, según lo manifestado por las PPL, es un sitio adecuado para recibir las visitas conyugales los fines de semana. Al ingresar a dicha área, se encontró dos arbustos medianos que, por su olor, hojas y tallos característicos, correspondían a plantas de marihuana”.
En el pabellón número dos, donde se reportaron 101 detenidos, se hallaron irregularidades similares. En las zonas comunes había dos enfriadores dobles y un congelador con grandes cantidades de carnes (res y cerdo), pollo, chorizos, pescados, lácteos, quesos, víveres, verduras, frutas y embutidos.
Mientras que en las celdas se repitió la presencia de electrodomésticos (televisores, ventiladores, sanducheras, hornos, estufas eléctricas, cafeteras y controles para televisión), colchones ortopédicos, utensilios de cocina, mercados en grandes cantidades, enlatados, panales de huevos, frutas y verduras, adecuaciones de pisos y baños (enchapes y duchas eléctricas) y pintura, instalación de persianas, muebles y clóset.
Al poner la lupa sobre los calabozos con más irregularidades, llamó la atención del Inpec aquellos donde dormían Mauricio González Sepúlveda, Luis Fernando Vélez Jaramillo, Andrés D’Maria Oliveros Correa, Edgar Restrepo Benjumea, Óscar Fernando Salazar Gutiérrez y Juan Camilo Rendón Castro. De los seis, tres de ellos hoy hacen parte de la paz total de Gustavo Petro.
Al ser consultado por SEMANA, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informó que al recibir el informe tomó las decisiones administrativas del caso; sin embargo, no aseguró que los materiales se hayan retirado ni dio fe de que los lujos se mantengan, como lo denunció esta revista en la edición impresa del pasado 12 de diciembre. Al pedir una visita de SEMANA al penal para corroborar las denuncias, se negó la posibilidad, alegando la protección de los derechos de los privados de la libertad.
