Exclusivo: SEMANA revela chats del exministro de Hacienda Diego Guevara que lo enredan en la compra de congresistas con contratos de la UNGRD

“Cojamos a los tigres”. esa fue la frase con la que habría iniciado la estrategia entre María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el viceministro en ese momento, Diego Guevara, para la compra corrupta de la conciencia de los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Todo a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La finalidad era que aprobaran los empréstitos de la Nación con la banca internacional.

SEMANA revela en exclusiva los chats de Benavides y Guevara justo después de que su jefe, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, les dio la orden de reunirse con los integrantes de la interparlamentaria con la promesa de “mover” los contratos que estaban esperando de la UNGRD y que traerían consigo el respaldo político.

Todo empezó el 4 de diciembre de 2023. Ese día, Benavides le preguntó a Bonilla si ella y el entonces viceministro Guevara podían atender a los congresistas de la Comisión de Crédito Público para cerrar el acuerdo corrupto. La respuesta del exministro fue determinante: “Sí, adelanta eso”. Las piezas de este rompecabezas encajan; luego de la orden, vinieron los votos de los congresistas a pedir de boca del Gobierno.

Justo un día después de esa conversación, Benavides le destapó al entonces viceministro las cartas que tenían para convencer a los legisladores ahora investigados por la Corte Suprema.

“Tengo una idea de cómo manejar lo de esta tarde con la interparlamentaria. Se me ocurre que cojamos a los tigres de 4 a 4:20 que son Liliana (Bitar), Wadith (Manzur) y (Julián) Peinado, y que les digamos que son a los únicos a los que les ha salido (...) A las 4:30 que lleguen el resto de los miembros, o sea los dos de paz y Juan Diego Muñoz, y decirles lo mismo a ellos, y en esa segunda tanda también meter a (Juan Pablo) Gallo que acaba de llegar y no sabe muy bien cómo funciona”, se lee en los chats en poder de SEMANA.

La respuesta de Guevara, quien no había sonado en este escándalo y que, luego de la salida de Bonilla, justamente por las pruebas que lo señalaban como parte de la trama corrupta, lo reemplazó en el cargo, fue clara: “Me suena”.

Ese mismo día, cuando estaban cerrando la transacción, hubo un tema que generó preocupación: la Contraloría suspendió por un mes a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, la entidad de donde saldrían los millonarios contratos para finiquitar el acuerdo criminal. Con esa situación, Benavides alertó a Guevara sobre el encuentro con los de interparlamentaria: “Ya no sé si lleguen”. El viceministro respondió: “Jaja que mala suerte”.

Pese a la alerta, el acuerdo se cerró y se empezaron a ver los frutos. El 12 de diciembre de 2023, los congresistas de la Comisión de Crédito Público le dieron el ‘ok’ a varios préstamos que solicitó el Ministerio de Hacienda, que sumaron 2,5 billones de pesos con el Banco de Desarrollo de Alemania, el Banco Centroamericano de Integración y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Ese mismo día, Benavides, con un “se salvó”, le confirmó al viceministro de Hacienda que se habría cumplido con la misión.

Estos chats se convierten en la evidencia de que Benavides pasó del dicho al hecho, y que presentó pruebas de lo que afirmó ante la Fiscalía en medio del llanto, cuando señaló a Bonilla.

“Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto (...) él lo sabía todo, absolutamente todo, necesitaba autorización, todo necesitaba que él supiera. Yo no lo hacía sola”, declaró Benavides en su momento.

Presidentes del Congreso

El cruce de mensajes entre los subalternos del exministro Bonilla dejaría en evidencia que desde el mes de octubre de ese año se venían cocinando de forma paralela los cupos indicativos a los integrantes de la Comisión de Crédito Público para los créditos de la nación, y los acercamientos con los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, para que apoyaran al Gobierno.

Pero ahora se conoce un elemento adicional que debe ser investigado por la Fiscalía, en el caso de Name, a quien le habrían entregado 3.000 millones a través de Sandra Ortiz, conocida en el escándalo como “la mensajera”.

El dinero también habría servido para aceitar la elección del entonces secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, como magistrado de la Corte Constitucional. Los hechos también se convierten en evidencia: en la plenaria del Senado del 17 de octubre de 2023, agendada por Name, se dio la elección.

Un día antes, el 16 de octubre, Guevara le preguntó a Benavides: “¿Mañana al fin voy a lo de Calle y Name? ¿Se da?”. La asistente de Bonilla le confirmó la reunión y de paso le hizo una delicada sugerencia: “Se me ocurre es usar a Calle para mandarle un mensaje a Name”. El entonces presidente del Congreso hacía parte de la oposición, lo que podía dificultar esa negociación.

La oscura transacción se había echado a andar el 21 de septiembre. Según contó el exdirector de la UNGRD Olmedo López a la Fiscalía, recibió en un “cónclave” la orden del entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, para apoyar a los expresidentes del Congreso.

Según López, la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz le dejó claro que ella solo se encargaría de presidente del Senado en ese momento, Iván Name, quien era su compañero en el Partido Verde y con quien tenía una amistad personal. En el caso de Calle, los 1.000 millones fueron llevados por el subdirector Sneyder Pinilla, a su apartamento, en Montería, según las evidencias en poder de la Corte.

En este caso no se trató de promesas de contratos con la UNGRD, el dinero salió de la compra de los 40 carrotanques para La Guajira, por un monto de más de 46.000 millones de pesos, con sobrecostos, de donde salieron las coimas.

El afán de entregar el dinero en efectivo a los entonces presidentes del Congreso, según López y Pinilla, era para apoyar campañas electorales de sus familiares.

Name, presuntamente, necesitaba el dinero para la campaña de su hija, la concejal María Clara Name. Por su parte, Andrés Calle, tenía a su hermano como candidato a la gobernación de Córdoba, y a su papá, Gabriel Alberto Calle, en Montelíbano, donde ganó en un voto finish.

Comisión de Crédito Público

En el acuerdo que se habría estado cocinando con los congresistas de la Comisión de Crédito Público, entre el 27 y 28 de noviembre de 2023, apareció, en la conversación entre Benavides y Guevara, la molestia que existía contra el director de Crédito del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, quien habría tenido roces con los congresistas de esa comisión por las aparentes solicitudes de ‘mermelada’. Benavides le dice: “¿Vice, cómo ves mañana lo de José Roberto y la interparlamentaria?”. Guevara responde: “Ya lo bajé del bus”.

La respuesta del viceministro dejó sobre la mesa un parte de victoria de la asesora de Benavides: “Yo tengo alineados a los congresistas”. Sacar a Acosta del camino representó que los legisladores aparecieran en un desayuno programado por el Ministerio de Hacienda.

El 15 de diciembre, según Olmedo López, se reunió con Bonilla y con su asesora Benavides, en el despacho del ministro, para saber más sobre la orden de dar contratos a congresistas a cambio de salvar los créditos de la Nación. En ese encuentro, según la versión del exdirector de la UNGRD, el entonces ministro de Hacienda pidió que Wadith Manzur reemplazara a Karen Manrique como el intermediario del entramado criminal con el resto de congresistas.

López también detalló que ese día la asesora Benavides le debía entregar a Sneyder Pinilla los nombres de los alcaldes o contratistas de Saravena (Arauca), Cotorra (Sucre) y Carmen de Bolívar (Bolívar), los municipios a donde se iban a direccionar los contratos para repartirlos entre los congresistas hoy investigados.

Olmedo también reconoció que el 6 de febrero de 2024, dos meses después de la reunión con Bonilla y su asesora, apareció la representante Karen Manrique, quien le habría pedido un balance sobre el avance de los contratos a los que se habría comprometido el Ministro de Hacienda con los congresistas de la Comisión de Crédito Público.

De ese encuentro salió la famosa ‘prueba reina’ que reveló SEMANA: la lista que de su puño y letra habría escrito la congresista Manrique con los nombres de cinco colegas y el suyo propio, cuando López le pidió que confirmara quiénes estaban pendientes de los contratos.

Así fue cómo se habrían asignado los proyectos por 92.000 millones de pesos. En Córdoba, 50.000 millones; Arauca, 30.000 millones, y Bolívar, 12.000 millones. Estos, al parecer, terminarían beneficiando a los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, todos integrantes de la Comisión.

Lo más grave del caso, según la declaración del exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, en la Corte Suprema y en la Fiscalía, es que el presidente Gustavo Petro supo desde el 18 de diciembre de 2023, en medio de una sesión de planeación estratégica con todos sus ministros, que el Ministerio de Hacienda, específicamente Andrea Ramírez, la asesora de Ricardo Bonilla que reemplazó María Alejandra Benavides por una licencia de maternidad, seguía repartiendo los famosos cupos indicativos. SEMANA se contactó con el exministro Diego Guevara para preguntarle sobre su presunta participación en esta trama corrupta, pero no obtuvo respuesta.

El senador Julio Chagüi

SEMANA también obtuvo conversaciones de chat entre el entonces subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y el senador del Partido de la U Julio Elías Chagüi, quien ha sido identificado como el emisario que representaba a nueve congresistas de la Comisión Primera, encargada de reformas constitucionales, para hacerse a cupos indicativos. Otro foco de corrupción en la UNGRD.

Chagüi es investigado por las gestiones que habría adelantado con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para direccionar un proyecto en Sahagún, Córdoba, a cambio de lo que sería la gobernabilidad de esa Comisión. En ese mismo proceso, en la Corte Suprema, está la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, por el supuesto direccionamiento de un contrato para el mantenimiento de jagüeyes en Riohacha.

El 6 de diciembre, el congresista Chagüi le pasó a Pinilla el número de Jorge González, a quien lo identificó como el secretario de Infraestructura de Sahagún, en Córdoba. El exsubdirector de la UNGRD puso a cargo de ese ‘torcido’ al ingeniero Yacir Ramírez, quien era funcionario de la entidad.

A Ramírez le dieron la instrucción que ese proyecto era “prioritario” por orden de Olmedo López, y con el pasar de los días se conoció que el valor final fue de 22.000 millones de pesos.

Los mensajes, las llamadas entre Chagüi y Pinilla empezaron a ser recurrentes y el 16 de enero de 2024, el senador de la U le pidió al entonces subdirector de la UNGRD: “Pásame el nombre del proyecto xfa. Que el ministro (Luis Fernando Velasco) va para Hacienda a hacer eso”. Como respuesta, Pinilla le respondió con un documento en PDF titulado: “Presupuesto Proyecto Sahagún - Actualizado 2023”.

La Fiscalía relató durante la imputación de cargos contra Pinilla y López que el 4 de diciembre de 2023, Velasco le pidió a Olmedo López que direccionara contratos al interior de la entidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi, quien le indicaría dónde y quién los ejecutaría.

En esta historia cuadran fechas, chats, reuniones, órdenes, y cada vez aparecen más involucrados del alto Gobierno con la entrega de contratos, pero las decisiones de la Fiscalía, en estos casos, van a paso lento.