Exclusivo: SEMANA revela la historia secreta de la tormenta que se desató en la SIC por el caso de Alberto Merlano Alcocer, un hombre cercano a Petro

El pasado martes 24 de diciembre, cuando los colombianos se preparaban para pasar la Noche Buena con sus familias, en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se vivieron horas de tensión por cuenta de un proceso en contra de Alberto Merlano Alcocer, un hombre de confianza del presidente Gustavo Petro y quien ha contado tener un parentesco con la primera dama, Verónica Alcocer.

Un día antes, el lunes 23 de diciembre, la superintendente Cielo Rusinque pidió renuncias protocolarias de todos los delegados, asesores y jefes de oficina de esa entidad. Una movida que podría ser habitual, pero no en este caso. Minutos después de esa petición, los superintendentes delegados Alexander Sánchez Pérez y Grenfieth de Jesús Sierra Cadena presentaron su renuncia voluntaria e irrevocable por desacuerdos con el llamado caso Merlano Alcocer.

En los últimos días, SEMANA se contactó con múltiples fuentes de la SIC y del entorno más cercano a Rusinque, quienes revelaron que la solicitud de las renuncias protocolarias se hizo para “provocar una crisis interna” y evitar el escándalo por la dimisión de los dos delegados, considerados funcionarios clave. Sánchez Pérez se desempeñaba como delegado para Asuntos Jurisdiccionales y Sierra Cadena ocupaba la delegatura de Protección de Datos Personales.

Sin embargo, la estrategia no salió como se esperaba, ya que ambos delegados presentaron sus renuncias irrevocables ante el despacho de Rusinque.

Aunque han pasado casi ocho días, y se han conocido diferentes versiones, SEMANA revela los detalles de lo que realmente ocurrió en la SIC a partir del 4 de diciembre. Ese día se presentó al comité de conciliación de esa superintendencia una solicitud por parte de Alberto Merlano Alcocer para revocar la sanción que le fue impuesta por incurrir en prácticas restrictivas a la competencia, en la época en que ejerció como gerente del Acueducto de Bogotá, durante la Alcaldía de Gustavo Petro, cuando se puso en marcha el polémico y fallido cambio del modelo de aseo.

En 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó, entre otros, a Merlano Alcocer y a Petro por el nuevo modelo de basuras de Bogotá, al considerar que violó el régimen de la libre competencia al impedir que empresas privadas participaran del mismo. Entre los sancionados también estuvieron funcionarios como Gerardo Ardila y María Mercedes Maldonado, además de entidades como la UAESP y el Acueducto.

La solicitud de Merlano Alcocer tiene encendidas las alarmas entre varios directivos de la SIC porque, en caso de que su solicitud sea acogida, habría un efecto dominó sobre los demás sancionados.

Choques en el comité

El pasado 3 de noviembre, Merlano Alcocer radicó la solicitud donde pidió la revocatoria de dicha sanción (por 240 millones de pesos). Aunque el documento estuvo rondando por varios despachos, solo hasta el 4 de diciembre, es decir, 31 días después se presentó oficialmente al comité de conciliación.

Ese día, al conocer la solicitud de Merlano Alcocer, Grenfieth de Jesús Sierra Cadena, delegado para la protección de datos, pidió la suspensión de la sesión, argumentando que esa solicitud era compleja y se debía estudiar a fondo.

Aunque Rusinque le dijo a SEMANA el 23 de diciembre que “el análisis de la legalidad de la decisión contra él (Merlano Alcocer) depende del Tribunal y no de la SIC”, la realidad es que, al llegar esa solicitud a la entidad, la superintendente debe presentarla al Comité de Conciliación. Si allí se obtiene un concepto favorable, ella podría solicitarle al Tribunal de Cundinamarca que levante la sanción que está vigente desde 2018, en primera instancia. El comité de conciliación es clave para que se dé inicio al proceso de revocatoria y no tiene un papel secundario, como se intenta hacer ver.

Efectivamente, la sesión del 4 de diciembre fue suspendida y se convocó para el 9 del mismo mes.

En ese momento, el comité de conciliación estaba integrado por Grenfieth de Jesús Sierra Cadena, delegado para la protección de datos; Gabriel Turbay, secretario general; Diego Romero, jurídico de la SIC; Beatriz Helena Sánchez, delegada para los reglamentos técnicos; y Alexander Sánchez Pérez, delegado para asuntos jurisdiccionales. Estas cinco personas podían tomar decisiones a través de la mayoría simple.

El 9 de diciembre, los miembros se reunieron de nuevo en una sesión presencial, donde surgieron varias diferencias frente a la solicitud de Merlano Alcocer.

Sierra Cadena insistió nuevamente en la complejidad del proceso, mientras Sánchez Pérez señaló un conflicto de interés, ya que él representaba a Rusinque en el Comité. Como ella llevó el caso ante esa instancia, ese delegado consideró que su participación podría generar algún conflicto. A pesar de la preocupación, el comité no analizó su posible impedimento.

En la reunión del 9 de diciembre, tanto Sánchez Pérez como Sierra Cadena manifestaron que no era procedente revocar la sanción de Merlano Alcocer, y así quedó registrado en documentos que reposan en la entidad.

Merlano Alcocer argumentó en su solicitud que, en su caso, supuestamente, se violó el artículo 29 de la Constitución, que establece que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

Sin embargo, SEMANA pudo comprobar que la SIC ya había resuelto un recurso presentado por Merlano Alcocer cuando Pablo Felipe Robledo era el superintendente. Esto significa que la solicitud estuvo mal planteada, ya que sí se garantizó el debido proceso y la SIC respondió conforme a la ley.

Algo que nadie ha podido explicar es que la petición de Merlano Alcocer, presentada por la oficina jurídica de la entidad al comité de conciliación, podría sentar un antecedente importante para otros casos relacionados. En dicha petición se adjuntó el caso de Gerardo Ardila, exfuncionario de la Alcaldía Petro, quien también fue sancionado por los mismos hechos.

Abogados de la SIC le aseguraron a SEMANA que, durante la sesión, se argumentó que cada caso era diferente y no se podía incluir el de Ardila, ya que, de haberse hecho, Maldonado y Petro podrían haber solicitado lo mismo. Esto habría creado un antecedente riesgoso.

Fuentes de la SIC le aseguraron a SEMANA que, además de pedir la revocatoria de la sanción, Merlano Alcocer exigió una indemnización cercana a los 150 millones de pesos. A juicio de funcionarios que revisaron sus documentos, sus razones para esta solicitud no fueron debidamente sustentadas. La sesión del 9 de diciembre también se levantó por todas las diferencias que surgieron.

Al día siguiente, el 10 de diciembre, se radicó un nuevo documento, a nombre de Merlano Alcocer, que sorpresivamente cambió por completo la causal de su petición. Allí abandonó la reparación económica y argumentó que la revocatoria de la sanción se debía, a su juicio, por un “agravio injustificado”.

SEMANA conoció que lo grave de esto es que, al parecer, algún integrante del Comité de Conciliación le habría informado a Merlano Alcocer que su primer escrito carecía de sustento y que esa instancia no tenía competencia para resolver su solicitud. Por esa razón, el exgerente del Acueducto, un hombre cercano al presidente Petro, cambió misteriosamente su petición.

Al cambiar el argumento a “agravio injustificado”, la SIC debe analizar la nueva solicitud. Aunque Rusinque dijo en Caracol Radio que se trató de “una ampliación de la anterior”, eso no es cierto, pues es una solicitud completamente nueva. El pasado 16 de diciembre, de hecho, dicha petición fue remitida al comité de conciliación.

El 17 de diciembre, un día después, se convocó a una nueva sesión del comité, pero la delegada Beatriz Helena Sánchez no asistió.

Si se hubiera votado, probablemente habría un empate, ya que tanto Sánchez Pérez como Sierra Cadena ya habían tomado una postura de rechazar lo exigido por Merlano Alcocer.

Por esa razón, el 18 de diciembre, la oficina de asesoría jurídica advirtió que, antes de iniciar la deliberación, los impedimentos debían ser presentados a más tardar a las 12:00 del mediodía.

Los delegados Sánchez Pérez y Sierra Cadena presentaron sus impedimentos, argumentando que, en la sesión del 9 de diciembre, ya se habían pronunciado y, por lo tanto, se había perdido la objetividad e imparcialidad en todo el proceso.

Extrañamente, el 20 de diciembre, Rusinque solicitó de manera detallada y urgente información de las labores generales de los delegados Sánchez Pérez y Sierra Cadena, aunque no se precisó el motivo.

Ese mismo día, Diego Romero, del área jurídica de la SIC, presentó su impedimento por el caso Merlano, y Gabriel Turbay y Beatriz Helena Sánchez lo hicieron el 23 de diciembre.

Es decir, esos impedimentos se presentaron de forma extemporánea, y posiblemente ellos lo hicieron para subirse al bus de la legalidad que promovieron Sánchez Pérez y Sierra Cadena. Los dos delegados, que ya no forman parte de la entidad, argumentaron que los plazos para presentar los impedimentos ya habían expirado ese día.

Líos a futuro

SEMANA conoció, a través de varias personas que estuvieron presentes en una reunión con Rusinque, el pasado 23 de diciembre en horas de la tarde, que las renuncias de los dos delegados desataron su molestia.

Esto se debió a que ya había iniciado la vacancia judicial y a que los demás integrantes del comité tuvieron que declararse impedidos, dado que ya se habían pronunciado sobre el caso.

El caso es que, al final, se generó una tormenta en la SIC que terminó con la solicitud de renuncias protocolarias a todo el equipo directivo, en medio de las tensiones por Merlano Alcocer.

Una fuente del círculo cercano de Rusinque le confirmó a SEMANA que ella dio la orden de declarar insubsistentes a los dos delegados (tanto a Sánchez Pérez como a Sierra Cadena) y el correo con esa decisión se les envió el 24 de diciembre después de las 8:00 de la noche, a pocas horas de la Navidad.

Rusinque afirmó en los medios que la insubsistencia de los dos delegados se justificó por la dilación en la petición de Merlano Alcocer.

Sin embargo, SEMANA pudo verificar que toda la discusión se realizó en los términos legales y la demora inicial no fue responsabilidad de los dos delegados, sino de la SIC, teniendo en cuenta que la solicitud de Merlano Alcocer llegó a la entidad el pasado 3 de noviembre y se presentó 31 días después al Comité de Conciliación. Otra fuente de la entidad sostuvo que el retraso se habría producido de manera intencional, para que las decisiones se tomaran de forma apresurada, al final del año.

En la SIC ha llamado la atención que Rusinque haya declarado insubsistente a Sánchez Pérez, ya que días antes lo había reconocido como el funcionario con el mejor equipo en la SIC. Así quedó en evidencia en videos de redes sociales durante un evento en el Hotel Tequendama de Bogotá.

Aunque la superintendente afirmó en los medios que no toma decisiones ni tiene injerencia en el Comité, en el comunicado que emitió se habría mostrado a favor de la revocatoria de la sanción de Merlano Alcocer. Esto podría generar un problema a futuro, ya que, al haber emitido esa opinión, es posible que se deba designar a un superintendente Ad-hoc, dado que Rusinque podría estar impedida para actuar en los casos mencionados.

En la SIC, al parecer, daban por descontado que antes de finalizar el año el caso Merlano Alcocer estaría resuelto, lo que abriría la puerta para que los demás sancionados por el esquema de basuras, durante la era de Petro como alcalde de Bogotá, pudieran recibir el mismo tratamiento.

Incluso, se sugirió que el presidente (que tendría una sanción que ronda los 400 millones de pesos) podría haber tomado la misma vía, y la SIC le habría podido pedir a la Comisión de Acusación que se revocara la sanción en su contra. Petro, en sus redes sociales, afirmó recientemente que su caso pasó a la Comisión de Acusación y que no tiene vigente la multa.

Aunque en un principio este escándalo se vendió como un afán del Gobierno Petro para nombrar a Alberto Merlano Alcocer en la presidencia de Ecopetrol, la realidad es que la sanción en su contra no impediría dicho nombramiento por no tratarse de una sanción fiscal.

La verdad es más de fondo y apunta a echar para atrás todas las actuaciones de la SIC frente a la Alcaldía de Gustavo Petro y su polémico cambio en el modelo de basuras.

Después del 10 de enero, cuando concluya la vacancia judicial, se sabrá qué pasará con este sonado caso que quedó en veremos.