En medio del revuelo que se desató por el regreso a Colombia de la primera dama, Verónica Alcocer, en una operación discreta, se empieza a hablar de las posibles repercusiones que esto le traería.
Hace un par de meses, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Verónica Alcocer en la lista Clinton, medida que se desencadenó de la inclusión de su esposo, el presidente Gustavo Petro; a ella se sumaron uno de los hijos el mandatario, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Sobre las consecuencias de volver a Colombia, el experto en la lista Clinton, Camilo Rojas recordó que Verónica Alcocer podría tener una “restricción casi absoluta” en el sistema financiero nacional.
“En el caso concreto, la permanencia de la señora Alcocer en Colombia mientras subsista una eventual designación Ofac implicaría, en la práctica, una restricción severa y casi absoluta de su capacidad de operar dentro del sistema financiero formal, dado que la mayoría de las entidades bancarias colombianas mantienen relaciones de corresponsalía con bancos estadounidenses o europeos y aplican estrictos estándares de cumplimiento (compliance) para evitar sanciones internacionales”, explicó el abogado en diálogo con SEMANA.
Y agregó en su análisis de las consecuencias de Alcocer por regresar a Colombia: “Así, aun sin una orden de autoridad colombiana, podrían presentarse cierres de cuentas, imposibilidad de apertura de nuevos productos financieros, restricciones para realizar transferencias, limitaciones en el uso de plataformas de pago y obstáculos para celebrar contratos con empresas que tengan vínculos comerciales internacionales. Este escenario no solo afecta a la persona directamente designada, sino que puede irradiar a terceros que mantengan relaciones económicas, societarias o contractuales con ella, por el denominado ‘riesgo de contagio reputacional’”.
“Desde el punto de vista institucional colombiano, la permanencia en el país de una figura pública vinculada a la lista Ofac genera una tensión entre las limitantes financieras internas y la presión indirecta del orden financiero internacional”, expresó.
Así mismo, afirmó que, al estar Verónica Alcocer en la lista Clinton, esto sería un detonante de controles administrativos y financieros internos, particularmente por parte de la Uiaf, la Dian o “incluso la Fiscalía General de la Nación, en el marco de sus competencias de verificación patrimonial, prevención del lavado de activos y análisis de flujos financieros. No se trataría de una consecuencia automática, pero sí de un escenario de riesgo jurídico latente, intensificado por la visibilidad pública del caso”.
Sumado a ello, habló del tema reputacional: “La figura de la señora Verónica Alcocer, asociada simbólicamente a la jefatura del Estado, hace que cualquier señalamiento de esta naturaleza, aunque sea administrativo y extranjero, trascienda el ámbito personal y se proyecte sobre la credibilidad institucional del Gobierno colombiano. La permanencia en el país bajo ese contexto puede alimentar narrativas de desconfianza, afectar la interlocución internacional y generar incomodidad en escenarios diplomáticos, multilaterales o de cooperación, donde los estándares de integridad y transparencia son particularmente exigentes”.
Finalmente, el abogado Camilo Rojas aclaró que esa sanción no le impide estar en Colombia, pero sí deberá someterse a restricciones financieras con bancos que tienen vínculos con Estados Unidos.
