Política
Fedemunicipios le pide al Ministerio de Justicia que se aplace responsabilidad de municipios para asumir alimentación de presos
A partir del 1.° de julio los municipios tendrían que asumir este costo, pero reclaman que algunos no tendrían la capacidad.
Mediante una carta, Víctor Julián Sánchez Acosta, presidente de la Federación de Municipios de Colombia y alcalde de Soacha, pidió que se pueda aplazar la decisión de que los municipios del país tengan que asumir la alimentación de los presos en sus cárceles porque algunos no contarían con esos recursos.
“Si bien es cierto que los alcaldes deben ocuparse a partir del 1.° de julio del año en curso de la alimentación de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, también lo es que muchas entidades territoriales no cuentan con las condiciones técnicas, financieras ni logísticas suficientes para asumir plenamente esta competencia sin comprometer la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad de manera preventiva”, aseguró en la carta.
Sánchez reclama que los municipios, especialmente los de cuarta, quinta y sexta categoría, tienen limitaciones presupuestales para cumplir las funciones y tareas que le fueron asignadas sin necesidad de tener los recursos.
Por eso, consideran que se debería promulgar una ley que prorrogue lo estipulado en la Ley 2346 de 2024 para que la Uspec pueda continuar asumiendo la alimentación de esta población hasta que no se establezca si las entidades a nivel nacional deben asumir esta competencia o los municipios.
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Piden que haya un plan ajustado a la realidad en el que se propicie una respuesta eficaz a esta necesidad alimentaria de los detenidos.
“Es por ello que le agradecemos que desde su despacho nos apoyen adelantando las gestiones pertinentes para que la referida iniciativa legislativa que estamos promoviendo desde los gremios, cuente con mensaje de urgencia e insistencia por parte del Gobierno nacional”, le pidieron al ministro encargado, Augusto Alfonso Ocampo.
Asimismo, solicitaron que haya un compromiso para propiciar espacios de diálogo en el Congreso de la República en los que también pueda participar la Uspec y los gobiernos territoriales para buscar soluciones de fondo a esta problemática.
Desde el próximo 1.° de julio deberá empezar a aplicar ese modelo.
Los contratos de alimentos con la Uspec han generado bastante polémica. Recientemente, se conoció uno por más de 53.000 millones de pesos para la alimentación de los presos en Cali, en el que supuestamente se habrían presentado algunas irregularidades. Se encontró que supuestamente habrían presentado documentación falsa y una planta sin operar, ubicado en el barrio Santa Elena de Cali.
Aparentemente, el inmueble no contaría con servicios públicos activos ni la autorización para el uso del suelo para actividades industriales, así como tampoco tendría matrícula mercantil.
