La ejecución presupuestal ha sido un problema reiterativo para la administración de Gustavo Petro y el cierre de este 2025 parece no ser la excepción para varias carteras del Estado, que están retrasadas en el pago de los contratos, lo que pone en riesgo que cierren el año sin reportar la ejecución de todo el dinero que se les asignó en el Presupuesto General de la Nación.
La Presidencia de la República tiene 3.792 contratos registrados por un valor de 3,5 billones de pesos, de los que solo ha desembolsado el 38 % de esos recursos. Esos datos corresponden al reporte que publican las mismas entidades dentro del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, donde de manera obligatoria deben registrar cómo va el listado de compromisos del presupuesto.
El Ministerio de Transporte reporta que solo ha pagado el 45 % de los 14 billones de pesos que debía ejecutar dentro de 28.876 contratos suscritos durante este año, un balance que deja ese despacho como la cartera con mayores retrasos.
Varios ministerios están lejos de alcanzar el pago de todos los contratos que debían pactar para este año, como es el caso de la cartera de Agricultura, que cuenta con una ejecución del 62 % de los pagos de los 4,5 billones de pesos que debía efectuar este periodo.
Las carteras del Deporte y TIC presentan ambas un cumplimiento de los pagos correspondiente al 66 %. La primera de estas tenía 426.000 millones de pesos disponibles para esos giros, mientras que la segunda contaba con una asignación de 2,5 billones de pesos, según quedó detallado en la base de datos del Gobierno nacional.
Muy cerca de esa ejecución del presupuesto para pagos está el Ministerio de Cultura, que solo ha utilizado el 67 % de los fondos equivalentes a un billón de pesos que tenía para su operación. Finalmente, la cartera de Vivienda ha utilizado el 67 % de sus fondos, que en total correspondían a 7,8 billones de pesos, para pagos de contratos.
Las dependencias del Estado con mayores retrasos en el pago de contratos con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación son las que dependen de manera directa del Gobierno nacional. En contraste, otras como la rama judicial o la Fiscalía han reportado casi el 90 % de sus pagos.
La ejecución presupuestal les pasa factura a las entidades del Estado que, si no utilizan todos los fondos que tienen a su alcance, se ven obligados a enviar esos recursos a un fondo de patrimonio autónomo.
El caso más polémico de los años recientes es el del Ministerio de la Igualdad, que durante este 2025 estuvo ejecutando los recursos que no gastó en 2024. Sin embargo, esa cartera ya actualizó sus cifras en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda.
