Gobierno defiende que Isabel Cristina Zuleta solicitara el traslado de cabecillas de bandas criminales de Medellín para evento de Petro

Desde la Consejería de Paz, entidad adscrita al Gobierno nacional, se refirieron a la polémica que generó que varios de los cabecillas de las más peligrosas bandas criminales de Medellín, que se encontraban en la cárcel de Itagüí, estuvieran en la tarima junto al presidente, Gustavo Petro, en La Alpujarra.

Uno de los puntos a los que se refirieron fue a la gestión de la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, quien permitió que esos jefes de las estructuras ilegales estuvieran al lado del mandatario. SEMANA ya había revelado este hecho y ahora el mismo Gobierno lo confirma.

Según dijeron desde la Consejería de Paz, Zuleta es coordinadora del Gobierno nacional del espacio de conversación “sociojurídico” con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

“La coordinadora está facultada para realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones sociojurídicas con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá que demuestren voluntad de transitar hacia el Estado de derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que establece la ley y construir paz en los territorios”, aseguraron.

Además, dijeron que, según las facultades que le otorgó el presidente, se remitió la solicitud de autorización del traslado de los voceros de estas estructuras armadas al director del Inpec, entidad encargada de custodiar a los criminales.

Sin embargo, excusaron a Zuleta. “Queda en evidencia que la coordinadora no ordena, solicita a la entidad correspondiente, que es diferente, y hace la solicitud amparada en sus facultades”, mencionaron.

En la más reciente portada de la revista SEMANA se reveló que tanto de parte del Gobierno —representado por Zuleta— como de las bandas criminales estarían hablando de la posibilidad de tramitar beneficios judiciales a los delincuentes, incluyendo libertades exprés para que puedan estar en la calle de día y pasen la noche en prisión.

Uno de los temas claves ha sido el marco jurídico. Sobre esto, la Consejería de Paz afirmó que “es muy diferente un marco normativo para el sometimiento y desmantelamiento de una estructura armada, del marco jurídico para adelantar conversaciones con ella”.

Y que, como actualmente se encuentran en etapa de conversación, los fundamentos legales, según ellos, estarían consagrados en la Constitución en su artículo 22 en el que se establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, sin embargo, algunos sectores consideran que lo que está haciendo el Gobierno, en cabeza de Zuleta, al pactar con criminales, sería todo lo contrario a buscar la paz.