Gobierno Petro está disolviendo un grupo que atiende emergencias y catástrofes que se presentan en las minas del país

La Agencia Nacional de Minería, en medio de un proceso de reestructuración interna, se encuentra disolviendo una de las oficinas más importantes de la entidad. Se trata del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, encargado de implementar medidas preventivas y atender emergencias en las minas del país.

Este está encargado de realizar visitas a las explotaciones mineras e imponer medidas para controlar riesgos y evitar accidentes mineros, sin perjuicio de las responsabilidades del titular minero. Además, tienen que ejecutar programas de capacitación para proteger las vidas de los funcionarios de estas minas.

Incluso, lideran la articulación entre empresarios, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, y hasta autoridades como Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional.

SEMANA conoció que la Agencia Nacional de Minería está buscando disolver el grupo, pasando la responsabilidad a áreas no especializadas.

Funcionarios de este grupo le dirigieron una carta a Álvaro Pardo, presidente de la entidad, para convencerlo de mantener esta estructura, con el fin de seguir prestando sus servicios para la seguridad de las minas en el país.

En el documento, resaltaron los antecedentes del grupo, como el motivo detrás de su creación y la inversión en equipos por más de 13.000 millones de pesos. Incluso, le explican al presidente que cuentan con una competencia de habilidades de rescate y han participado en conferencias internacionales al respecto.

“Como se observa, han sido muchas y muy importantes las acciones que ha adelantado la gerencia de salvamento minero con la administración y ejecución de los recursos asignados, acciones encaminadas a garantizar la operatividad del GSSM y la promoción de una cultura de prevención en el sector minero”, manifiestan en el documento.

Y advierten que la eliminación de la gerencia puede poner en riesgo las operaciones del grupo, que son clave para salvar vidas.

“La eliminación de esta gerencia puede poner en riesgo la operatividad del Grupo y la continuidad de importantes proyectos que, en mediano y largo plazo, pueden impactar en el deterioro de las condiciones de seguridad de las minas y, por ende, en el aumento de la accidentalidad minera”, expresaron en su comunicación al presidente.

Además, explicaron que el grupo cuenta con 52 funcionarios de carrera, en constante capacitación, cubriendo todo el territorio nacional en cinco estaciones y cuatro puntos de apoyo. Estos son los funcionarios que entrarían a estar en riesgo al eliminar la dependencia.

No les consultaron

En otro aparte, aseguraron que no les consultaron sobre dicha reestructuración que se llevará a cabo en el grupo, dado que un comité, que no los representa, tomó la decisión.

“Consideramos que dada la importancia de esta reestructuración que impacta la seguridad minera nacional, debe contar con un estudio técnico y operativo, que así lo demuestren, de tal forma que las conclusiones del estudio técnico deriven en la reestructuración planteada por la administración de la ANM”, indicó el texto.

Esto ha generado, según los funcionarios del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, “desinformación, preocupación y por ende incertidumbre” en torno a temas como la continuidad de las funciones que ejercen hoy en día.

En el documento dicen que el objetivo de la ANM es pasar de ser un grupo a depender de la Gerencia de Proyectos del Grupo de Seguimiento y Control. Esto, según los funcionarios, pondría en riesgo el esfuerzo que se le pone al área.

Y finalizan el documento resaltando que Colombia es un país de alta accidentalidad minera, donde el 52 % de las fatalidades y el 44 % de los accidentes mineros reportados y atendidos por el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero ocurren en minas ilegales, donde no hay nadie que responda por los posibles mineros atrapados, heridos o fallecidos.

La situación en la Agencia Nacional de Minería es cada vez más tensa. Ahora, el país está a punto de desactivar un grupo clave para la seguridad de los mineros en todos los territorios de Colombia.