INVESTIGACIÓN
Gobierno Petro inicia ‘guerra’ contra el Congreso por tierras: senadores y representantes son acusados de supuesto acaparamiento. Ellos responden
SEMANA revela los principales hallazgos de las investigaciones que adelanta el Gobierno Petro contra congresistas por presunto acaparamiento de tierras. Los implicados denuncian una supuesta persecución política.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) inició una batalla sin tregua en el país para recuperar terrenos baldíos tomados por particulares de manera ilegal. Los primeros resultados de las investigaciones advierten que, supuestamente, un grupo de senadores y representantes a la Cámara habrían incurrido en esta práctica en el Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Vichada y Santander.
SEMANA revela los hallazgos de los procesos que prometen una larga batalla judicial y administrativa.
La tesis de la entidad es que los políticos tendrían entre sus propiedades predios que, presuntamente, le pertenecerían al Estado y los acusa de posible ocupación indebida de campos que deberían estar en manos de campesinos de escasos recursos o víctimas del conflicto armado.
La defensa de los implicados, la mayoría declarados en oposición o independencia frente al Gobierno Petro, es que se trata de un ataque político por la postura que han tomado en el Congreso de la República.
Entre los cientos de folios en los que se relacionan a empresarios y líderes, aparece el nombre del senador Lidio García Turbay, del Partido Liberal, con un bien de 243 hectáreas en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, conocido como La Viche.
La sospecha de la ANT es que podría tratarse de un baldío, pues no habría ningún documento que pruebe que la nación se desprendió de él. “Revisando los antecedentes registrales –la historia de tradición– este no acredita propiedad privada”, le dijo la entidad a SEMANA.
García Turbay respondió que sí tiene una propiedad en ese municipio de Bolívar, denominada como Buenaventura, y señaló que fue adquirida de manera legal y formal a través de una compraventa el 13 de febrero de 2020, “acto que cumplió con todos los ritos y formalidades exigidas en Colombia”.
Su interpretación es que las acusaciones son “un ataque político más; forma parte de toda la violencia política que plantean como estrategia persuasiva para arrodillar a los congresistas”.
El segundo en la lista es Juan Samy Merheg Marún, del Partido Conservador, con un predio de 54 hectáreas en el municipio de Obando, Valle del Cauca. Al parecer, este bien tampoco tendría documentación para probar que es propiedad privada.
El terreno está a nombre de la sociedad Inveragro, cuya representación legal está a cargo de allegados del senador y en la que él tiene una participación del 26 por ciento, según el expediente de la Agencia Nacional de Tierras. Merheg Marún no le respondió a SEMANA.
La entidad también está detrás de las propiedades del senador conservador Marcos Daniel Pineda García, en el municipio de Cereté, en Córdoba. Allí se le relaciona con un predio conocido como Pásate Largo, y los funcionarios cuestionan el origen de 25 hectáreas, pues no se tendría el soporte para justificar el origen privado.
“Este inmueble fue prescrito por un juez sin verificar si se trataba de un bien de propiedad privada”, se reseñó en un documento de la ANT.
Sin embargo, Pineda García argumentó que la acusación de la entidad estaría llena de calumnias y sin sustento, cobrándole su postura negativa frente a la primera consulta popular que radicó el Gobierno Petro.
“Estos señalamientos llegan justo después de haber votado ‘no’ a la consulta. Todos los inmuebles que he adquirido se han enmarcado dentro de los procesos y procedimientos que contempla la ley, y así han sido sometidos al escrutinio de las autoridades notariales y de registro”, dijo.
Los seguimientos se extendieron a Carlos Alberto Cuenca Chaux, representante a la Cámara, quien lleva varios procesos en contra del presidente Petro en la Comisión de Acusación. A él lo salpican en un expediente de 3.970 hectáreas ocupadas indebidamente en el Vichada, y 377 de ellas estarían vinculadas al congresista. El caso ya falló el 16 de abril de 2024 y la Agencia Nacional de Tierras programará en las próximas semanas la recuperación de los baldíos.
Cuenca Chaux dice que él no es el propietario de los predios que son materia de cuestionamiento en este proceso, y que nunca lo fue. En documentos conocidos por SEMANA y fechados desde noviembre de 2023, el político de Cambio Radical le ha insistido a la ANT que lo desvincule de este expediente. “No es mi interés ni he generado o manifestado solicitud ante alguna entidad respecto a titulación de baldíos, por lo cual no entiendo la razón por la que aparezco como parte interesada”, aseguró.
La siguiente en la lista es Liliana Esther Bitar Castilla, senadora del Partido Conservador. Por ahora, le estudian preliminarmente tres predios en el municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, que no tendrían documentación para probar el origen privado y se presume que serían baldíos. “Predios que en el folio de matrícula aparecen a nombre de Agropecuaria La Fátima, sociedad que tiene como representante legal principal a Said David Bitar Castilla, y como representante legal suplente a Liliana Esther Bitar Castilla”, comentó la ANT.
La congresista rechazó las acusaciones: “Los predios señalados se adquirieron de manera pública, cumpliendo todos los trámites comunes y ordinarios. Son bienes privados, no son baldíos y tampoco consta en los certificados que estén incursos en procesos por sospecha de ser baldíos, por eso se compraron con la tranquilidad de su origen. Que vengan ahora a acusarnos de algo tan grave, realmente, es una situación que no permite pensar en nada distinto a una persecución política en mi contra”.
Bajo la lupa de la Agencia Nacional de Tierras también está Luis Eduardo Díaz Mateus, representante a la Cámara del Partido Conservador, por predios adquiridos en 2017 en el municipio de Cerrito, en Santander. El argumento de la entidad, y por lo que analiza abrir una investigación para determinar el eventual uso de baldíos por parte del político, es que “tiene como antecedente registral una sentencia de declaración de pertenencia, la cual resulta insuficiente para acreditar la propiedad privada”. SEMANA contactó a Díaz Mateus y no hubo respuesta.
El último congresista en el radar de la Agencia Nacional de Tierras es el senador Antonio Zabaraín Guevara, de Cambio Radical, por un predio de 20 hectáreas ubicado en el municipio de Zona Bananera, en el Magdalena, producto de una aparente sucesión de su madre que se remonta a 1975. Al parecer, no existiría un documento que soporte el origen privado de este terreno, por lo que las averiguaciones están en curso para esclarecer realmente qué es lo que sucedió y si se trataría de baldíos.
La defensa de Zabaraín Guevara es que no tiene propiedades en esa zona del departamento e indagará sobre lo mismo.
“Te agradezco me informen dónde están para ir a buscarlas. La única tierra que podría tener, cuando realizo actividades manuales, sería en las uñas. En 1975 tenía 12 años. Déjame y averiguo a qué se refiere el impoluto director de la ANT, quien, según se comenta, no lo puedo asegurar, fue financiador de la concentración que hizo Petro en Barranquilla. Los pájaros tirándoles a las escopetas”, manifestó.
La advertencia de la Agencia Nacional de Tierras es que seguirá adelantando las investigaciones para definir el origen de los predios. En los expedientes no solo están estos congresistas; salpican a más representantes y senadores, a sus familias y a los principales financiadores de sus campañas electorales.
La ANT descartó que se trate de una persecución política y señaló que está cumpliendo las funciones que le otorgaron por ley.
