Política
Gobierno Petro reconoce que acciones del ELN “desbordan la capacidad del Estado” y dice que atribuciones de la Fuerza Pública “no son suficientes” ante nuevos ataques
Esos son dos de los argumentos del Gobierno Petro para justificar el estado de conmoción interior.
Tras una semana de haberse anunciado, el gobierno del presidente Gustavo Petro publicó este viernes 24 de enero el decreto con el que busca declarar el estado de conmoción interior en el Catatumbo, en Norte de Santander, luego de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc que han dejado casi 100 muertos y más de 30.000 desplazados por la violencia.
En el documento, en el que solo se expusieron las razones de la declaratoria, aparecen algunos temas que podrían generar polémica.
En uno de ellos, el Gobierno dice: “El accionar del ELN ha escalado de manera imprevisible a una magnitud que desborda la capacidad ordinaria del Estado e impacta de manera grave la prestación de servicios de salud en los primeros niveles de atención en los municipios afectados”.
Y después de enumerar las acciones de las Fuerzas Militares y la Policía, expone: “Las acciones adelantadas para la recuperación del control del territorio necesitan ser reforzadas, ante la magnitud de la crisis humanitaria causada por el escalamiento abrupto e imprevisible del accionar violento del ELN”.
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“Las atribuciones ordinarias de la Fuerza Pública y de las autoridades de policía no resultan suficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia y para conjurar la situación de grave perturbación del orden público, lo cual atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional en la zona, la seguridad y defensa del Estado y la convivencia ciudadana, en especial, porque pone en grave riesgo los derechos fundamentales de la población civil”, se lee en el decreto.
En consecuencia, según el documento oficial, “se hace necesario adoptar herramientas jurídicas y materiales extraordinarias para fortalecer el control del espacio aéreo en general, las capacidades de los servicios de inteligencia y policía judicial de la Fuerza Pública, así como el funcionamiento de la Rama Judicial para que su actividad sea efectiva y oportuna”.
Y sigue: “Pese a los esfuerzos conjuntos e interinstitucionales del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y las autoridades locales para restablecer el orden público, mediante operaciones militares y acciones de estabilización, se hace necesario adoptar medidas excepcionales y transitorias orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y la gobernabilidad en la región”.
El Gobierno manifiesta que, aunque se han recuperado y protegido más de 500 personas civiles amenazadas de muerte por el ELN, aún se mantiene un número indeterminado de personas escondidas, confinadas y que no han logrado ser evacuadas del territorio de riesgo y “no se cuenta con suficientes medios aéreos para cumplir con este objetivo, lo cual se agrava por la imposibilidad que enfrentan las autoridades del Estado para efectuar la recolección e identificación de víctimas mortales en el territorio”.
Habla de la imposibilidad de realizar las labores necesarias para la identificación, recuperación y disposición adecuada de los cuerpos sin vida de las víctimas del Catatumbo, “debido a las condiciones de inseguridad y control territorial por parte de las organizaciones ilegales que vulnera gravemente los derechos de las víctimas y sus familias al duelo, a la verdad y a la justicia, además de representar un riesgo sanitario y social para las comunidades afectadas. En consecuencia, resulta imperativo adoptar medidas extraordinarias para garantizar el acceso seguro de las autoridades competentes a las zonas afectadas”.
El decreto, que además abre la puerta a la contratación y al cobro de impuestos, regirá durante 90 días. La Corte Constitucional tiene la última palabra.
