Política
Gobierno Petro tiene otro hueco fiscal: esta es la millonaria cifra que dejará de recibir en el 2025 por recortes en la cooperación internacional
El número de consultores de la Presidencia auspiciados con recursos de cooperantes internacionales se redujo en el último año. Durante 2024, esos actores giraron miles de millones al Dapre.
El presidente Gustavo Petro ha reprochado públicamente la cooperación internacional, en especial desde que la administración de Donald Trump en Estados Unidos decidió congelar los recursos de Usaid en el mundo para evaluar cuáles proyectos seguirá auspiciando a partir de este año.
Sin embargo, dentro de la estructura de la Presidencia de Petro hay decenas de roles y recursos que dependen de los giros de los cooperantes internacionales, desde préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta consultores cuyos salarios son pagados con fondos de agencias internacionales.
De hecho, ya la Casa de Nariño está viviendo las consecuencias de la crisis internacional de los fondos de ayuda al desarrollo, pues pasó de tener 34 posiciones de consultores financiados con esos recursos en 2024 a solo 22 en 2025.
Ese dato fue obtenido por SEMANA mediante un derecho de petición enviado al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), preguntando por personal que apoye programas financiados por el BID, el Banco Mundial, Naciones Unidas, OIM, Acnur y Usaid. Sin embargo, esas agencias todavía están revisando su presupuesto, por lo que la reducción podría ser mayor.
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Si bien de esas agencias solo Usaid pertenece de forma directa a Estados Unidos, lo cierto es que muchos caminos conducen a ese país y a la administración de Trump, pues la Casa Blanca ha sido la chequera de ese tipo de instancias. Por ejemplo, Washington suministra recursos para los migrantes y los refugiados, buscando que otros países gestionen la movilidad humana antes de que los desplazados internacionales lleguen a sus fronteras.
Hay asuntos en el Gobierno que estuvieron operando gracias al dinero extranjero. Durante 2024, esas agencias internacionales entregaron 4.936 millones de pesos para pagar a los consultores que trabajaban en la Presidencia y giraron 11.527 millones de pesos a programas y proyectos bajo la responsabilidad del Dapre.
Esas destinaciones están en duda para 2025, pues los actores internacionales apenas están evaluando qué recursos llegarán desde el exterior y es probable que los intereses de las subvenciones de los cooperantes cambien para abril, cuando Estados Unidos prometió detallar las nuevas prioridades para sus recursos de ayuda al desarrollo.
El presidente Petro tiene claro que hay tareas que quedaron en el limbo por la determinación tomada por la Casa Blanca. En el caótico consejo de ministros del 4 de febrero, la canciller, Laura Sarabia, dijo que Usaid ya no apoyaría los programas del Gobierno, por lo que el jefe de Estado la instó a buscar recursos, porque esas tareas debían, a su juicio, ser financiadas con capital propio.
Pero buscar esos fondos no es tan sencillo. El Estado comenzó 2025 con un boquete presupuestal de al menos 12 billones de pesos, pues no pudo tramitar su segunda reforma tributaria. Incluso, los ministerios han ajustado las contrataciones por sus problemas presupuestales, y las entidades no cuentan con recursos para contratar personal.
Y no solo la Presidencia tiene tareas que dependen de la cooperación. Estados Unidos es el principal acompañante de la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. No obstante, su oficina responde que no está afectada por la falta de recursos para esa tarea, porque el respaldo que recibe desde Washington es de carácter técnico y los recursos para implementarlo dependen del Presupuesto General de la Nación.
El jueves 27 de febrero, la Agencia de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos recortó 171 millones de dólares en ayudas a Colombia dirigidas a pueblos indígenas y afros, la justicia inclusiva y al empoderamiento femenino, lo que da cuenta de que las reducciones presupuestales aún no se terminan de cuantificar. Y no solo el Gobierno nacional depende de esos recursos. Las administraciones locales –como la Alcaldía de Bogotá–, entidades nacionales y locales –como el Centro Nacional de Memoria– y organizaciones sociales también tienen consultores y programas pagados con esos fondos.
