Gobierno radicará este miércoles ante el Congreso su propuesta de reforma a la Ley de Víctimas

Este miércoles, 27 de septiembre, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en compañía de la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, y representantes de víctimas, radicará ante el Congreso de la República la propuesta del Gobierno nacional para reformar la Ley 1448 de 2011.

La iniciativa plantea elementos como la armonización entre la política de víctimas con el Acuerdo Final de Paz, la inclusión de un enfoque de soluciones duraderas y la discusión sobre cuáles serán las fuentes de financiación con la creación de una Comisión de Financiamiento para contribuir a superar el rezago existente en materia de atención y reparación integral.

Según detalló el Gobierno nacional, en el proceso para la construcción de la iniciativa participaron más de 1.700 personas, entre ellas: víctimas de todos los sectores y organizaciones, representantes de los organismos de control, expertos, académicos e integrantes de organizaciones que históricamente han trabajado por los derechos de las víctimas en el país, de entidades del orden nacional y territorial, entre otros actores.

Vale recordar que, a principios de septiembre, las 16 curules de paz del Congreso habían radicado un proyecto de ley con el que pretendían lograr un mayor enfoque desde el Gobierno para que se le cumpla a las víctimas del conflicto armado.

“Cuando la Ley de víctimas se emitió en el 2011, el Estado colombiano esperaba que hubiera en el país alrededor de 3 millones de víctimas, pero hoy la realidad es que vamos 6 millones 500 mil víctimas y el registro único de víctimas sigue abierto porque el conflicto armado no lo hemos cerrado. Todos los días se producen víctimas en el país”, aseguró en ese momento Diógenes Quintero, representante de las víctimas del Catatumbo.

Adicionalmente, Quintero expuso que es importante hacer el ajuste porque no se trata del mismo Estado de hace doce años y la realidad que vive el país actualmente es diferente. A su vez, aclaró que se apartaron de un proyecto que está impulsado la Unidad de Víctimas porque “no está tocando presupuestos, no quiere aumentar presupuestos para reparar a las víctimas”.

Recursos insuficientes

En agosto, la Contraloría General de la República aseguró que los recursos destinados a cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) resultan insuficientes para más de 9 millones de colombianos registrados en el Registro Único de Víctimas.

En la presentación conjunta del Décimo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Onceavos Informes de Seguimiento a Decretos Leyes Étnicos, la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Mesa Nacional de Víctimas y Comisionados de los pueblos étnicos advirtieron sobre la necesidad de mayores recursos para atender a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Según detalló la Contraloría, entre 2023 y 2031, se requerirían alrededor de $ 252,4 billones constantes de 2023 para cumplir las medidas de asistencia, atención y reparación de las víctimas. Esto no incluye el costo de las sentencias de restitución de tierras ni los recursos necesarios para las entidades territoriales. Adicionalmente, se estima que se necesitarían $ 124,1 billones adicionales para la cobertura de educación y salud.

Los recursos requeridos para medidas específicas son los siguientes:

• Indemnización individual y colectiva: $ 84,2 billones.
• Vivienda: $ 71,8 billones.
• Generación de ingresos: $ 19,4 billones.
• Subsistencia mínima: $ 17,3 billones.
• Retornos y reubicaciones: $ 12,1 billones.

La Contraloría, además, destacó la necesidad de mejorar la ejecución de los recursos disponibles tanto a nivel nacional como territorial, dado el rezago en la ejecución de recursos de inversión en 2022. A nivel nacional, aseguró, hubo un rezago en la ejecución de $ 732.100 millones y $ 420.819 millones correspondieron a productos o servicios no recibidos. A nivel territorial, estos datos alcanzaron $ 329.477 millones y $ 670.936 millones, respectivamente.