Gobierno radicó proyecto de jurisdicción agraria en el Congreso. La propuesta ya despierta profundas críticas y un debate intenso

El gobierno del presidente Gustavo Petro cumplió el anuncio que había hecho hace unas semanas de radicar nuevamente la jurisdicción agraria, una propuesta que genera bastante polémica y que ya despertó un profundo debate sobre si es conveniente para el país.

Al Capitolio Nacional llegó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, acompañado de varios congresistas del Pacto Histórico y de Comunes, entre ellos la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

De inmediato se generaron varias críticas y cuestionamientos de congresistas de varios sectores que consideran que la propuesta puede ser peligrosa.

Una de ellas vino de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien dijo que podría abrir la puerta a legalizar la invasión de tierras, revive el fantasma de la expropiación exprés y abriría la puerta a la persecución de propietarios del campo.

“El Gobierno pretende legalizar la invasión de tierras a través del principio de permanencia agraria. Basta con que los invasores tengan alguna actividad productiva en el predio, como una cosecha pequeña, para que nadie, ni siquiera los jueces, los puedan desalojar”, aseguró Valencia.

La senadora hace referencia al artículo 12, en el que se habla de la “permanencia agraria”, en el que se dice que se garantizará como sujetos en condición de vulnerabilidad la tenencia y posesión agraria con fines productivos. Y que las autoridades no podrán llevar a cabo desalojos que interrumpan esas actividades productivas hasta que una providencia resuelva una controversia.

La ministra de Agricultura Martha Carvajalino defendió la propuesta. Dijo que la expropiación agraria está regulada en el artículo 32 y 33 de la Ley 160 de 1994 que es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia. Negó que se trate de una expropiación exprés.

“Confunden, quizá por desconocimiento del régimen agrario, la expropiación agraria con los procesos especiales agrarios. Confunden la recuperación de baldíos indebidamente ocupados con la revocatoria directa del acto administrativo. Se difumina la responsabilidad en la administración de los bienes de la Nación con la adquisición directa”, dijo la ministra de Agricultura.

Otra de las congresistas que cuestionó el articulado, alertando de la expropiación exprés, fue la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde. Según Miranda, el artículo 5 del numeral 4 del proyecto de ley dice que serán sujetos de expropiación “las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social”.

“¿Cuál es el rasero que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?”, cuestionó Miranda.

Además, dijo que lo más grave estaría en el parágrafo primero del artículo 12 en el que se señala que los procedimientos especiales de expropiación serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que es una entidad administrativa, cuando hoy lleva a cabo ese proceso un juez de la República.

“Es decir, van a radicar toda una ley para la jurisdicción agraria y rural, con la finalidad de proveer jueces especializados en este tema, pero quien decide es la ANT cuando debería ser un juez de la República. En el proyecto, el juez entra en un proceso posterior, cuando sabemos que los procesos judiciales en Colombia duran años. ¡Inaudito!”, criticó Miranda, quien le pidió al Gobierno que no presente más ‘micos’ al Congreso.