Gustavo Petro, ¿desbocado? Radicaron tres nuevas denuncias por injuria y calumnia contra el presidente en la Comisión de Acusación

Como si en la Comisión de Acusación de la Cámara no reposarán más de 30 investigaciones penales y disciplinarias contra el presidente Gustavo Petro, recientemente los delitos de injuria y calumnia persiguen al jefe de Estado.

El miércoles 10 de septiembre, Luis Carlos Reyes, exministro de Industria y Comercio, se convirtió en el nuevo denunciante contra su exjefe. Radicó una denuncia en la que le pide a Petro que se retracte por dos hechos que, según él, pronunció y que escapan a la verdad.

Petro, en medio de la VII Cumbre de Ministros y Ministras de Energía de la Celac, en julio de 2025, dijo que el exministro lo engañó y se pasó por alto una orden presidencial. Según él, Reyes se habría saltado la orden que le había dado de no exportar más carbón a Israel, en medio de la guerra con Palestina. Y lo llamó “cómplice del genocidio en Gaza”. ¿Qué tiene que ver Mr. Taxes –como lo conoce el país– con la guerra en Medio Oriente? ¿Fue un exceso del presidente?, preguntaron los amigos y contradictores del primer mandatario.

Reyes, quien ha denunciado a todos los congresistas y políticos cercanos a Gustavo Petro que le hicieron recomendaciones de hojas de vida cuando trabajó en la Dian, respondió: “Esos señalamientos me ponen en peligro a mí y a mi familia. Genera riesgos. Esas acusaciones son completamente falsas”, dijo.

Según la denuncia que radicó, Petro también lo señaló de esconder el decreto que prohibía la exportación de carbón de Colombia a Israel.

“El decreto lo firmaron la exdirectora del Dapre, Laura Sarabia; el exministro de Minas, Andrés Camacho; el excanciller Luis Gilberto Murillo; el exministro Ricardo Bonilla y la superintendente Cielo Rusinque. Entonces, Gustavo Petro argumenta que yo, de alguna manera, logré pasar todos esos filtros jurídicos y lo puse a firmar algo que no leyó. Es una fábula supremamente mal contada”, le respondió a SEMANA.

Esta investigación la adelanta Gloria Arizabaleta, congresista por el Pacto Histórico, además presidenta de la Comisión de Acusación. Lo más probable es que ella, quien es la exesposa de Roy Barreras, solicite una ampliación de la denuncia a Reyes y determine si, eventualmente, surte la etapa de la conciliación. Se desconoce si el presidente, en pleno proceso electoral, asuma ese desgaste.

Pero además, esta semana, los congresistas Daniel Restrepo, del Partido Conservador; Karyme Cotes, del Partido Liberal, y Juan Carlos Wills, del Conservador, todos cercanos a Petro, abrieron un proceso penal contra el presidente por injuria y calumnia. La denuncia la instauró Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien acudió hasta la Comisión porque Petro no acató el fallo del Consejo de Estado que le exigió retractarse.

El presidente ha señalado a Enrique Vargas Lleras de presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción cuando él formó parte de la junta directiva de la Nueva EPS y estuvo en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. “El presidente incurrió en el delito de calumnia al imputarle la comisión de conductas típicas sin fundamento fáctico, probatorio y jurídico, tales como corrupción privada, utilización indebida de información privilegiada, homicidio, concierto para delinquir, entre otras”, informó Cambio Radical.

Otra de las denuncias más explosivas contra Petro en la Comisión está consignada en el expediente 7022 y la instauró el 16 de julio de 2025 el Grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas.

Uno de los argumentos es que el presidente, en una alocución del 15 de julio, se despachó contra Sanitas. “Entonces nos quitaron ahí a Sanitas, y resulta que nosotros disminuimos la deuda porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea, la intervención fue favorable (...) Está prohibido que una empresa como Keralty les pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas”.

A juicio de Keralty, las conductas desplegadas por Petro son “típicas, antijurídicas y culpables, y han causado un daño real y concreto a los derechos fundamentales del dueño de la empresa”.

Los congresistas Gloria Arizabaleta, María Eugenia Lopera y Alirio Uribe, todos cercanos a Petro, investigarán la denuncia. Y así pretendan lanzarle un salvavidas al mandatario, el proceso, tarde o temprano, tendrá que resolverse.