Gustavo Petro, en medio de críticas por la falta de resultados, entra en la recta final de su gobierno. ¿Logrará concretar sus promesas?

Con la llegada de 2025, al presidente Gustavo Petro le queda poco tiempo de mandato, pues tendrá que navegar en fases preelectorales en el país. El Gobierno entra oficialmente en su recta final, en la que el piloto deberá apretar tuercas para poder entregarles a los colombianos los resultados de la apuesta de cambio planteada en la pasada campaña presidencial.

Petro prometió una serie de reformas y transformaciones sociales complejas y estructurales. Incluso, técnicos, académicos y agremiaciones del país consideran que algunas podrían llegar a ser inconvenientes, amenazando con acabar los sistemas y modelos que hoy en día son funcionales.

Y otras promesas, hasta el momento, parecen incumplirse, como profesionalizar el servicio exterior colombiano, evitar el despilfarro burocrático y erradicar la corrupción en entidades gubernamentales, en las que cada vez surgen nuevos escándalos por irregularidades, direccionamiento de contratos y hasta desvío de recursos públicos.

De esa forma, el presidente tiene un año y diez meses para demostrarle a Colombia que el “cambio” prometido no era solo un mensaje publicitario. Hasta ahora ha cosechado algunos logros en materia social, pero son opacados por errores y polémicas que enlodan su administración.

Dos turbulentos años

Para hablar de lo que el presidente ha logrado, se debe destacar la aprobación de la reforma pensional. Es la victoria más importante del Gobierno, bajo la promesa de que todos los colombianos tendrán garantizada una pensión o una renta solidaria.

La reforma entrará en vigencia en julio de 2025, pero existe incertidumbre por la capacidad de Colpensiones para gestionar el flujo de nuevos usuarios y la cantidad de recursos que depositarán en esta. Otra preocupación es la sostenibilidad en el tiempo. Esto quedó en manos de la Corte Constitucional, que podría tumbar toda la norma o partes cruciales de la misma.

Pese a que negaron la ley de financiamiento, Petro sacó adelante una reforma tributaria altamente ambiciosa, con un monto nunca antes visto en Colombia. Pero el Gobierno contó con recursos que no pudo hacer llegar a las arcas del Estado.

Esto desencadenó una crisis, pues no hay plata para cumplir su programa, pero el gasto burocrático no cesa. Y causó otro efecto: recortes en inversión, como la suspensión del programa Mi Casa Ya, subsidio para vivienda que dinamiza un sector crucial de la economía.

“El Gobierno debe, en vez de hacer recortes en sectores como la cultura, el deporte y la construcción, disminuir otros gastos de funcionamiento”, manifestó Piedad Correal, representante a la Cámara, del Partido Liberal.

También avanzó en la entrega de tierras para campesinos, en cumplimiento de uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz, pero aún está lejos de las metas dispuestas allí. “El Gobierno lleva más de 300.000 hectáreas entregadas, más la titulación de tierras”, destacó Heráclito Landínez, representante a la Cámara, del Pacto Histórico.

Y se instauró el Ministerio de la Igualdad, que en cabeza de Francia Márquez pretendía cerrar todo tipo de brechas sociales, pero la ejecución ha sido pésima. Con un presupuesto superior al billón de pesos para 2024, la vicepresidenta ejecutó menos de la mitad. En la mayor parte del año solo registró un 1 por ciento. Otra derrota es que, por decisión de la Corte Constitucional, la cartera se acaba en 2026.

Asimismo, se creó una jurisdicción agraria, cuya reglamentación se encuentra obstaculizada en el Congreso porque le abriría la puerta a la expropiación, y una reforma al Sistema General de Participaciones, que entrega más recursos a las regiones, pero solo podría financiarse en el futuro con seis reformas tributarias.

Dejó diálogos de paz que han incumplido medidas de cese al fuego y fortalecido grupos criminales, mientras el presidente enfrenta escándalos de corrupción e investigaciones a su campaña presidencial. Otro factor es la constante alerta, tanto nacional como internacional, de que existe un plan para sacar a Petro del poder, del cual no ha podido presentar pruebas. Por eso casó una pelea con las altas cortes y el Congreso.

Lo que viene

En primer lugar, es claro que el presidente tendrá un momento de atrincheramiento y radicalización de su equipo de gobierno, que implica más personas ideológicamente cercanas y menos espacio para un gabinete de acuerdo nacional.

“El mal estilo de gobierno del presidente Gustavo Petro no se va a modificar en este año y diez meses que faltan de su mandato. Por el contrario, se va a radicalizar al ver que las investigaciones avanzan”, opinó el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

Habrá una estampida de ministros y funcionarios que buscarán aspirar al Congreso y a la presidencia, quienes dejarán espacios para petristas purasangre que podrían terminar de quebrar la relación con los gremios, la academia, el Legislativo y las cortes.

También viene la implementación de la reforma pensional, que por su pilar solidario puede ser un apalancamiento del petrismo de cara a las elecciones. El objetivo del petrismo es pasar las reformas laboral y la de la salud, así como la reglamentación de la jurisdicción agraria, en los próximos tres meses de legislatura. Pero el ambiente es mucho más tenso que en épocas pasadas. Tendrá que buscar concertación, pues de otra manera se hundirán.

Debe avanzar en la ejecución presupuestal, que ayuda a presentar resultados de forma inmediata, pero hay un gran obstáculo: la ley de garantías, que entra en vigencia cuatro meses antes de las elecciones, y los ajustes a las cuentas que tendrá que hacer.

“Se esforzó por nombrar ministros, pero nunca estuvieron al nivel de ejecutar el gasto público social para cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. El cambio de ministros que se avecina tiene que concentrarse en eso, en hacer la tarea”, dijo Landínez.

Además, deberá resolver el gran problema de seguridad apretando a los grupos armados con los que conversa, y dejar los diálogos, que parecen no tener tiempo para llegar a un acuerdo, en un estado avanzado.

No obstante, el presidente no podría concretar la idea de cambio que quiere presentar como hechos a los colombianos. En caso de no lograrlo, lo más probable es que responsabilice a otros, como al Congreso, las altas cortes y la Procuraduría de Margarita Cabello. Se aferrará a la narrativa de la supuesta persecución política y dirá que se gesta un golpe en su contra. En los próximos meses, en los que Efraín Cepeda aún es presidente del Senado, insistirá en que es un golpe parlamentario.

Si logra una remontada, deberá probar que sus reformas sí podrán solventar los problemas estructurales del país, materializar la salida de la pobreza de millones de colombianos, expandir la educación superior, avanzar en la superación de la crisis del servicio de la energía, cumplir con el punto del acuerdo de paz sobre entrega de tierras y dejar listo un esquema de transición energética.

Por ahora, el presidente tiene un camino espinoso hacia 2026, habiendo delegado el monitoreo cercano de lo que ocurre en su gabinete, con la amenaza de más escándalos de corrupción, la promesa de un equipo menos preparado y más ideologizado, y una relación muy conflictiva con las demás ramas del poder. Ya sean acciones u otra narrativa, debe estar preparado para estos escenarios en los últimos dos años de su mandato, en los que se juega el todo por el todo.