El Consejo de Estado falló a favor de Joseba Grajales, el empresario dueño de Sanitas, en un proceso contra el presidente Gustavo Petro por las declaraciones que había dado el mandatario durante una alocución presidencial.
Grajales había interpuesto una acción de tutela contra el jefe de Estado, asegurando que el mandatario había vulnerado sus derechos al buen nombre, honra, igualdad, libertad de circulación y presunción de inocencia por las afirmaciones que hizo en su contra en televisión nacional.
El Consejo de Estado le dio la razón al empresario en ese proceso y el presidente de la República tendrá que hacer una rectificación de las afirmaciones que hizo contra el representante del Grupo Keralty, la multinacional que tiene negocios en el sistema de salud.

La polémica alocución presidencial tuvo lugar el 25 de julio de 2025, cuando el jefe de Estado aseguró que se habría presentado un “robo inmenso” en la EPS Sanitas que había sido intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.
“Entonces nos quitaron ahí Sanitas y resulta que nosotros disminuimos la deuda porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea la intervención fue favorable y si sumó todas nosotros hemos disminuido en 707 mil millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían”, afirmó para entonces el mandatario colombiano.

Minutos después, el presidente volvió a hacer referencia a la compañía: “Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad. Que está pasando, que no investigan penalmente, les da miedo porque son ricos o porque ponen el billete debajo no solo del político”.
Las declaraciones de Petro contra Sanitas no terminaron ahí. Ese día aseguró que la compañía Keralty debía irse de Colombia y calificó a su propietario como “un criminal”.
“Está prohibido que en una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros", sostuvo Petro.

El Consejo de Estado decidió modificar la sentencia en primera instancia. En ese sentido, amparó los derechos fundamentales de Grajales y ordenó al presidente Petro emitir una rectificación de las expresiones que usó contra Sanitas y su propietario









