Gustavo Petro: “Una indolente funcionaria, por dárselas de que pelea con la esposa del ministro de Salud, no firmó el contrato con la Armada”

En medio de la intervención del presidente Gustavo Petro, en el consejo de ministros, cuando daba indicaciones a cada uno de los jefes de cada cartera sobre los proyectos estratégicos que deberían desarrollar en sus áreas, el mandatario se refirió a la red de puestos de salud que debe poner a funcionar Jaramillo en todo el país para completar el esquema de salud preventiva que es la base de la reforma a la salud de este gobierno.

En medio de esas indicaciones, el presidente dijo que justamente eso estaba en medio de la discusión sobre el buque hospital para el Amazonas que hoy tiene enlodada a la esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la señora Beatriz Gómez Consuegra, quien ostenta un alto cargo en la Superintendencia de Salud y sobre quien pesan denuncias de otros funcionarios por, presuntamente, haber presionado y amenazado con despidos a colaboradores de la entidad si no se firmaba el contrato.

“El sistema preventivo en salud es prioritario en toda Colombia y ya lo estamos adelantando. Parte de eso es el tema del buque hospital del Amazonas en el que una indolente funcionaria, por dárselas de que pelea con la esposa del ministro, que fue escogida en su cargo antes de este gobierno, indolente con la población del Amazonas, pues no firmó el contrato con la Armada, que no es una entidad privada, y por ende ahí no hay corrupción. El que está perdiendo es el indígena y la comunidad pobre”, dijo el presidente Petro.

Y es que todo el escándalo se desató luego del domingo pasado, cuando se denunció en Los Danieles que la funcionaria habría corrido la cerca de sus funciones en un contrato por 55.000 millones de pesos para un buque hospital que atendería a las personas de la Amazonía, cuya administración y manejo estaría a cargo del centro médico intervenido.

Al parecer, dos empleados de ese hospital habrían recomendado aplazar la firma del contrato y ella los habría presionado con un supuesto despido: “Ustedes firman hoy o mañana me presentan la renuncia. Es más, de una vez”, se le escuchó decir a la superintendente delegada.

Frente a la denuncia, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado de prensa en la mañana de este 7 de abril con tres puntos. En primer lugar, reiteró “la autonomía e independencia” de la entidad “en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en el sector salud, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley”.

En cuanto a las gestiones en el hospital San Rafael de Leticia, la SuperSalud reseñó que la remoción de la agente interventora estuvo justificada en la normativa vigente: “Decisión que fue recomendada por el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia, luego de conocer un informe que evidencia el incumplimiento de indicadores técnicos y de gestión del proceso de intervención”.

La entidad concluyó: “La Superintendencia reafirma su compromiso con los procesos y las normas establecidas, dentro de la institucionalidad, para el ejercicio de sus funciones, supervisando que los recursos de la salud sean administrados correctamente y garantizando la prestación de los servicios de la salud a todos los colombianos”.