Hernán Cadavid interpuso queja disciplinaria en la Procuraduría contra funcionarios del Gobierno por crisis del Catatumbo

En medio del debate que se realizó en la Cámara de Representantes, este martes 28 de enero, en el que se discutió el decreto de conmoción interior expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, anunció que interpuso una queja disciplinaria en contra de funcionarios, varios de ellos del Gobierno.

“Presento la queja disciplinaria, en principio, frente a todos esos funcionarios a los que la Defensoría les exigió acciones y no las adelantaron”, argumentó el congresista.

¿De quiénes se trata?

Son funcionarios, en su mayoría del Gobierno, a quienes se les estudiará si se les abre una queja disciplinaria en la Procuraduría por estos hechos.

Allí se encuentra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, según dice Cadavid, por no fortalecer la Fuerza Pública en el territorio ni garantizar la protección de la población civil.

También está el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por no actualizar los planes de prevención y contingencia articulados con los entes territoriales.

Incluyó en la queja a los comandantes de la Fuerza Pública en el Catatumbo por no implementar estrategias conjuntas para desarticular las bandas criminales.

También está el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, por no evaluar los impactos de la política de paz total en la región y garantizar los diálogos con los grupos armados para evitar afectaciones a la población civil.

Contra la directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), Alejandra Miller, también pesa la queja, por no reforzar el acompañamiento a las personas en proceso de reincorporación.

Al ministro de Educación, Daniel Rojas, también lo incluyó, por no implementar un plan de escuelas seguras para fortalecer los entornos escolares.

Y contra la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro.

Asimismo, Cadavid presentó queja disciplinaria en contra de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por no haber priorizado las investigaciones relacionadas con homicidios, desplazamientos, amenazas, entre otros.

El tema de fondo a discutir es la previsibilidad de los hechos, un factor que estudiará la Corte Constitucional frente al decreto que firmó el Gobierno. Los funcionarios de la Casa de Nariño argumentaron que la violencia en el Catatumbo era un hecho imprevisible, mientras que desde la oposición les hicieron caer en cuenta de que ya había habido alertas.

“Lo que ha sostenido el Gobierno ayer, tanto en la Cámara como en el Senado, es que es un hecho ‘imprevisible’ para el Gobierno y que eso cumple el presupuesto fáctico que es el requisito que tienen los estados de emergencia”, aseguró Cadavid.

Sin embargo, el congresista considera que sí era previsible porque desde la misma Defensoría del Pueblo se emitió una alerta temprana con 19 recomendaciones precisas para los miembros del Gobierno y la fiscal general, en la que se especificaba lo que tenían que hacer para atender esa crisis.

“La ministra de Justicia dijo ayer, en el debate de la plenaria de la Cámara, que la alerta temprana no era un tema preciso”, afirmó Cadavid.

El congresista basó sus argumentos en la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 021 de 2024 de la Defensoría del Pueblo, expedida el 15 de agosto de 2024. En ella se advertía de la expansión territorial del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la subregión del Catatumbo y en la que se disponían 20 recomendaciones a estos funcionarios para prevenir que se llegara a estos niveles de violencia, que ya dejan un saldo de más de 80 fallecidos y más de 40.000 desplazados.