La Procuraduría y la Contraloría abrieron procesos contra el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, por las presuntas irregularidades que estarían salpicando su administración.
Salazar es señalado de utilizar la Alcaldía como plataforma política para la campaña a las elecciones de 2026 de su esposa, María Irma Noreña, quien aspira al Senado por el Partido de la U. Además, la administración está salpicada por posibles irregularidades en la adjudicación del contrato para el alumbrado público.
En la pesquisa con la que abrió una investigación preliminar la Procuraduría se documentan imágenes de las facturas de servicios públicos que fueron enviadas a los hogares de los pereiranos en las que está la fotografía de Noreña, audios y chats que fueron enviados a contratistas invitándolos a reuniones políticas, planillas que fueron entregadas a esos trabajadores pidiendo apoyo para Noreña entre otras pruebas.
Entre tanto, en el informe enviado por el contralor delegado para el sector de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, al contralor general de la nación, Carlos Hernán Rodríguez, quedaron documentadas posibles irregularidades en la concesión para la prestación integral del servicio público no domiciliario de alumbrado que tuvo un valor de 84.496 millones de pesos.
La Contraloría empezó a seguirle la pista a ese contrato desde junio de este año y encontró tres hallazgos de falencias en la ejecución de ese proceso e hizo dos observaciones que pueden resultar en incidencias disciplinarias.
La Contraloría halló posibles irregularidades en asuntos técnicos relativos a la prestación del servicio del alumbrado público: “Dificultad en la identificación de los giros que por concepto de energía, realizan los operadores de energía diferentes a los realizados por Enerpereira, la no actualización de la curva S de Energía en la medida que ha avanzado la modernización y el saldo pendiente por girar a la Fiduciaria por valor de $3.640.035.573”, según se detalla en el informe del contralor delegado.
“Este contrato de concesión ha presentado fallas en su ejecución. La Contraloría evidencia que un recurso que debía ir para la modernización del alumbrado público fue utilizado para el alumbrado navideño. Como consecuencia, se está descuidando el alumbrado público”, apuntó el representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García.
En contraste, el alcalde Salazar se defendió aseverando que en ese proceso no se presenta “nada ilegal, nada de sobrecostos, nada donde los recursos públicos del municipio estén en riesgo o estén comprometidos”, afirmó el mandatario local.
El contralor delegado para asuntos de minas y energía encontró que la Alcaldía debe mejorar la facturación y el recaudo del alumbrado público, instó a que se modifique la curva de energía porque técnicamente no se ha sincronizado el consumo de las nuevas luminarias con la empresa de energía y reconoció demoras en los giros de la Alcaldía al concesionario.
