Juan Manuel Galán interpuso una demanda de nulidad contra resolución del Gobierno que delimita zona temporal en Tibú con el frente 33

El exsenador y exprecandidato presidencial Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, presentó una demanda de nulidad en contra de la Resolución 161 de 2025, que delimita una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú, Norte de Santander, en la que se encuentra negociando el Gobierno con el frente 33 del Estado Mayor Central para una salida negociada.

Galán criticó que no estarían dadas las condiciones para que el Gobierno negocie con estas estructuras armadas. “La reconciliación no puede construirse al margen de la Constitución ni debilitando el Estado de derecho”, aseguró.

Una de las principales quejas de Galán en la demanda es que se hayan suspendido las órdenes de captura en contra de los principales cabecillas de estas estructuras en medio de la negociación que se está adelantando y buscando resguardar el derecho de las víctimas.

“Se evidencia que se pretende implementar sin contar con un marco reglamentario complementario que precise sus límites, condiciones y mecanismos de verificación, lo que genera un escenario de inseguridad jurídica que vulnera los principios de legalidad, separación de poderes, motivación suficiente y cooperación judicial internacional”, dijeron.

Además, que estas órdenes de captura con fines de extradición se encontrarían planteadas sin ninguna intervención judicial o sin una ley de sometimiento como lo ha establecido la Corte Constitucional.

Asimismo, el exsenador aseguró que desde la expedición de la resolución se ha documentado un deterioro en el orden público en el municipio con la expansión territorial de los grupos armados, el incremento de los desplazamientos forzados y aumento de los homicidios, basándose en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo.

Algunos de los argumentos que presentó el líder del Nuevo Liberalismo es que la nulidad puede darse por una violación grave a las disposiciones constitucionales fundamentales, que se fundamenta cuando se sobrepasan normas superiores.

Así como que se presente una infracción directa a la Constitución Política, como considera Galán que estaría sucediendo en este caso. “Dicho acto acusado afecta principios estructurales del orden constitucionalidad como la legalidad, la separación de poderes, la reserva de ley en materia penal, la función judicial y el acceso a la justicia, entre otros aspectos”, cuestionó.

Desde finales de mayo, el presidente Gustavo Petro firmó la resolución para establecer esta zona con las disidencias de las Farc y que su objetivo será “facilitar la implementación de los acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes. La delimitación geográfica de la misma se precisa en documento técnico anexo de carácter reservado”.