Judicatura se sumó a la lista y cuestionó el informe del Gobierno que alertó sobre impunidad en lucha contra la corrupción

El informe publicado el pasado 18 de julio por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el que alertaba que el 93,99 % de los casos de corrupción en Colombia no recibía una condena, generó una gran polémica y fuertes cuestionamientos de varios sectores que consideran que la cifra no es acorde con la realidad.

La Rama Judicial, que resultaba directamente implicada en los números rojos de la lucha contra la corrupción en Colombia, le manifestó directamente al secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Indárraga Franco, que lo mencionado en el informe no coincidía con las cifras que la Rama viene manejando.

En este sentido, señalaron que las acciones adelantadas en los últimos años han permitido una evacuación del 97 por ciento de los procesos penales, la mayoría de estos relacionados con la corrupción. Esto quiere decir que en estos procesos ya se ha emitido un pronunciamiento de fondo, por lo que no se puede hablar de impunidad, como lo cita la Secretaría.

Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura reseñaron que los jueces y magistrados del país han cumplido con sus funciones en la lucha contra la corrupción, situación por la cual no compartieron muchas de las conclusiones plasmadas en el mencionado documento.

En el encuentro, además de presentar su postura frente al caso, se ratificó el compromiso de los funcionarios de la Rama Judicial para seguir “trabajando por una pronta y cumplida justicia”.

Estos cuestionamientos se suman a los planteados por la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora Ávila, quien aseguró que el informe de la Secretaría de Transparencia carecía de rigor, puesto que omitió varios datos y llegó a conclusiones sin una base.

“Qué falta de rigor en la investigación sobre impunidad. Tomó caprichosamente de 2010 a 2013 sin explicación alguna; compara denuncias del SPOA vs. sentencias condenatorias; mezcla capturas con sentencias; jueces con fiscales; llama a los exfiscales cómplices. ¿Ligereza o mala fe?”, aseguró Zamora en su cuenta de Twitter, en respuesta a una publicación de la Vicepresidencia en la que citaba las conclusiones del informe.

Zamora, quien fue fiscal general encargada entre el 5 y el 29 de marzo de 2012, le envió un mensaje directo al secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, asegurando que no todo era válido para figurar.

“Le agradezco me informe durante esos días qué evidencias tiene acerca de mi desempeño y los procesos que quedaron en la impunidad. Espero su respuesta porque no se atenta contra el buen nombre”, dijo.

Por su parte, el fiscal General, Francisco Barbosa, hizo fuertes cuestionamientos al documento, asegurando que no se hace una cita directa a las acciones que realiza el ente investigador para luchar contra la corrupción. “Están en una dinámica de querer golpear la justicia desde distintos flancos”, aseguró el jefe del ente acusador en entrevista con Blu Radio.

El Secretario de Transparencia rechazó estas críticas y, sin citar, aseguró que estos cuestionamientos desconocen el problema central: “Desprestigiar el informe no soluciona la impunidad. Este cumplió todos los estándares. Resolvámoslo interinstitucionalmente”.

Las conclusiones del informe

La Secretaría de Transparencia presentó el primer mapa de impunidad en Colombia con el que reveló cifras alarmantes de corrupción en el país. En total se registran 57.582 denuncias asociadas a corrupción entre 2010 y 2023, de las cuales el 93,99 % no tiene una condena. Además, el 89,7 % está sin una captura y el 77,15 % se encuentra en indagación.

“Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6 %, hecho que como nación causa vergüenza”, afirmó el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga.

Según detalló el funcionario, los datos fueron obtenidos gracias a una investigación que se viene adelantando desde hace varios meses y que comprende el periodo entre 2010 y 2023. Gracias a eso se logró identificar los diez departamentos del país en donde se presentan los más altos porcentajes asociados a corrupción, que en su mayoría, como lo demuestran las cifras, están quedando en la impunidad.

Otros de los datos reveladores es que hay 57.582 denuncias, de las cuales, 54.122 están sin condena, 51.671 sin captura y 44.427 casos en indagación.

Además, los delitos que más registro tienen son: el peculado por apropiación, con un 26 %; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24,6 %; concusión, 10,1 %; cohecho por dar u ofrecer, 9,8 %; interés indebido en la celebración de contratos, 7,4 %; cohecho propio, 3,7 %; peculado por aplicación oficial diferente, 3,5 %; enriquecimiento ilícito, 3,1 %; tráfico de influencias de servidor público, 2,4 %, y peculado por uso, 2,1 %.

Por su parte, con respecto a las denuncias asociadas a corrupción sin condena por departamento, se encuentra que San Andrés tiene el más alto porcentaje con el 99,1 %; seguido de Guaviare, 99 %; Bolívar, 98,5 %; Putumayo, 97,6 %; La Guajira, 97,5 %; Casanare, 97,5 %; Córdoba, 97,2 %; Vaupés, 97,2 %; Arauca, 97 %, y Sucre, 96,8 %.

Los diez departamentos que más tienen casos de corrupción registrados son: Vaupés, 98.6 %; Guaviare, 98%; Guainía, 96 %; Boyacá, 95.7 %; Cundinamarca, 95.4 %; Putumayo, 95.1 %; Caldas, 94.5 %; Huila, 94.4 %; Casanare, 94.1 %, y Santander, 94.1 %.

Los diez departamentos que no tienen condenas por delitos asociados por corrupción son: San Andrés, 99,1 %; seguidos de Guaviare, 99 %; Vaupés, 98,5 %; Arauca, 97,6 %; Casanare, 97,5 %; Putumayo, 97,5 %; La Guajira, 97,2 %; Córdoba, 97,2 %; Bolívar, 97,2 %, y Sucre, 97 %.

Idárraga reveló otras cifras alarmantes sobre corrupción. Por ejemplo, de los 32 departamentos del país, 20 tienen un porcentaje superior al 95 %, mientras que 12 están entre el 90 y 94,9 % de impunidad, solo superado por Bogotá, que tiene un 88 % de impunidad. Los delitos asociados contra la administración pública se ubica en un 94 %.

Idárraga dijo que el Gobierno está comprometido a combatir estos casos, a pesar de lo sucedido con la exministra de Salud, María Isabel Urrutia, quien hizo una feria de contratos cuestionables antes de salir del cargo.

“El presidente Gustavo Petro nunca ha renunciado a la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, la vamos a intensificar con todas las fuerzas institucionales a disposición y hacemos un llamado a la Fiscalía, para que actúe con la misma celeridad, como lo hizo con la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que fue imputada hace apenas unos meses después de nuestra denuncia por la maratón de contratos que suscribió en tiempo récord”, aseguró Idárraga.

Agregó que seguirán investigando los casos de corrupción y se comprometió a que no queden en la impunidad. “Nosotros no engavetamos las denuncias, porque si seguimos como vamos, se volverá costumbre la aparición de personajes como Emilio Tapia, que convierten la corrupción en una empresa de la impunidad”, afirmó.

Idárraga dijo que el gobierno tiene la obligación de cuidar los recursos de todos los colombianos para que sean invertidos en mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y no ser “cómplices” de la desigualdad. “La corrupción anda en hombros, lo he venido reiterando”, dijo el funcionario, quien resaltó que no importa quién tenga que caer.