Política
La ANT quiere volver a decidir sobre líos de tierras en el país: esta es la demanda que llegó al despacho de Vladimir Fernández
El director de la ANT pide que puedan decidir sobre esos procesos sin necesidad de un juez hasta que se implemente la Jurisdicción Agraria.
Una demanda del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, que podría generar un revuelo en la asignación de tierras del país, fue admitida por el despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia.
En ella, Harman pide que la entidad pueda volver a tener la potestad sobre líos de tierras en el país y evitar la fase judicial en la que se decide sobre ese tipo de casos mientras se implementa la jurisdicción agraria. Es decir, la ANT podría incidir sobre la posesión de terrenos baldíos del país saltándose la decisión de un juez, lo que genera una enorme alerta para algunos sectores.
La demanda es en contra del Decreto Ley 902 de 2017, expidida tras la firma del acuerdo de paz de La Habana en 2016, con la que se busca implementar la reforma rural integral, y que estableció que los procedimientos agrarios debían tener una segunda instancia.
El problema de quitar ese requisito, según expertos, es que podría quedar en manos de un funcionario la posibilidad de quitar o entregar tierras o recuperar baldíos sin ningún tipo de control. Eso, sin contar que en algunos casos cualquier funcionario puede cometer actos de corrupción y declare terrenos baldíos o terminen en manos de privados sin ningún control.
La demanda de Harman tendría como propósito que se declare inconstitucional ese decreto en la fase judicial para que esas decisiones vuelvan a manos de la ANT y eliminar el control judicial inmediato.
Esa idea ya había sido planteada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sin embargo, fue la misma Corte la que lo tumbó. También se había planteado en la jurisdicción agraria.
“Peligroso que la ANT persiga sin control judicial inmediato, como lo establece el Decreto Ley 902 de 2017, pueda extinguir, clarificar, recuperar, etc., lo cual destruye lo avanzado en materia de jurisdicción agraria y debilita el control institucional. En los procesos agrarios se necesitan decisiones judiciales definitivas como parte de la fase judicial inmediata hoy existente. Quieren acabar con las garantías para la propiedad privada y pública”, cuestionó el abogado Carlos Ignacio Carmona.
Esta demanda revive el fantasma de la expropiación exprés, una idea que ha buscado impulsar el Gobierno de distintas maneras, pero que ha sido frenada por las críticas que ha generado en varios sectores.
