La Constitución de 1991 cumple hoy 33 años en medio del debate por el plan de Petro para modificarla

La Constitución de 1991 cumple este miércoles 33 años, un aniversario que tiene lugar en un difícil momento para su futuro, en el que el gobierno de Gustavo Petro ya confirmó sus intenciones de modificar el texto que sentó las bases del actual sistema colombiano.

La Constitución fue promulgada un jueves 4 de julio por 70 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente que para entonces representaban a las fuerzas políticas del momento del país.

Ese proceso se llevó a cabo gracias a la Séptima Papeleta, movimiento que introdujo una consulta a la ciudadanía para las elecciones legislativas de 1990, en la que se preguntó a los votantes si estaban de acuerdo con la iniciativa de convocar a una asamblea nacional constituyente para redactar una nueva constitución política.

Una vez los colombianos aprobaron ese proyecto, la ciudadanía tuvo que regresar a las urnas para elegir a los constituyentes e iniciar el proceso de discusión de cuáles serían los componentes de la nueva carta magna que resultaron en el texto que lleva 33 años rigiendo las políticas del país.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry destaca que la Constitución de 1991 “fue hecha con un amplísimo consenso político, nos sacó de una crisis institucional muy profunda en una supuesta guerra de las instituciones del narcotráfico contra el Estado y modernizó la concepción de la constitución porque incluyó los derechos fundamentales de una forma más amplia y les dio acciones de protección. Además, es de amplia aceptación”.

Ese texto no ha sido inamovible. Por el contrario, en estos 33 años de historia, ha tenido 60 reformas, de las que 59 se efectuaron mediante acto legislativo y una a través de referendo. Es más, el gobierno de Gustavo Petro ha aplicado tres ajustes a la Carta Magna mediante actos legislativos, lo que muestra que para la administración de turno sí ha sido posible políticamente aplicar cambios a esta.

“La Constitución de 1991 ha sido muy funcional, ha garantizado los derechos y la prueba más grande es la acción de tutela y los derechos que se han ido reclamando a través de la misma: a la salud, la ampliación a derechos fundamentales como el mínimo vital, a la educación primaria, derechos que la Constitución consagra y hace efectivos a través de acciones precisas para su protección”, puntualizó Clara Mira González, docente de la facultad de Derecho de la Universidad CES.

Ahora, Colombia podría estar a punto de repetir un escenario semejante con la oficialización por parte del gobierno de su intención de llamar a una asamblea nacional constituyente cuando le quedan dos años en la Casa de Nariño. Ese anuncio tuvo lugar, precisamente, en el marco del aniversario de la Constitución de 1991.

La constituyente de Petro

Quien encabezará ese proceso será el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ya está buscando un acuerdo político en el Congreso para que las dos cámaras legislativas le aprueben el proyecto de ley que daría el banderazo de salida para llamar a los colombianos a votar.

“La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91, es decir, una asamblea nacional constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien”, confirmó Cristo en la tarde del martes (3 de julio).

Esa declaración del político de bases liberales y líder del partido En Marcha se constituyó como todo un cambio de giro en su discurso, pues este mismo año, en mayo, él mismo había cuestionado al Gobierno Petro diciéndole que “la constituyente es inviable”.

El director Observatorio Constitucional Universidad Libre, Kenneth Burbano Villamarin, llama la atención sobre que dentro del período del presidente Petro ya se introdujeron tres actos legislativos de 2023 que modificaron la Constitución en asuntos tan importantes como los derechos de los campesinos y la creación de la jurisdicción agraria. “Esto significa que hay plena garantía institucional para tramitar las reformas”, advierte.

“Considero que no se necesita una asamblea constituyente, menos en un país con una polarización política tan aguda. Lo que se requiere es voluntad política, buscar consensos y sacar adelante las reformas que sean necesarias especialmente para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad”, sostuvo el abogado.

Y es que la idea no ha encontrado adeptos entre constitucionalistas y políticos de oposición. Es más, en la Corte Constitucional ya el propio presidente de ese organismo, el magistrado José Fernando Reyes, aseguró que se está “banalizando” la Carta Magna.

“La banalización de la Constitución, y lo que es aún peor, el querer cambiarla porque sí, es el peor mensaje que pueda darse a un pueblo cuyos hermanos y cuyos espíritus todavía reclaman la satisfacción de los mínimos. No hablamos de la abundancia de los derechos, hablamos apenas de aquello que es esencial para una vida digna, y todo eso está inscrito en la Constitución de 1991″, sostuvo el magistrado.

El Congreso, por ahora, será la institución que tenga la primera palabra para decidir si se continúa ese proceso constituyente.