POLÍTICA
La crisis de medicamentos en Colombia llega a niveles impensables: hay escasez por falta de pago a laboratorios y cada vez más pacientes deben comprarlos
Mientras Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, desacata el fallo de la Corte Constitucional que lo obliga a pagar las deudas con las EPS, la crisis de financiación provoca un caos en la entrega de medicinas. Los colombianos optan por comprarlas de su bolsillo.
Todos los días, desde la mañana hasta la noche, miles de colombianos en todo el país recorren sus ciudades en busca de medicamentos, muchas veces dirigiéndose a distintas sedes de las farmacias de dispensación de sus Entidades Promotoras de Salud (EPS). Una buena parte se va con las manos vacías, sin otra opción que contemplar la compra del medicamento en una droguería comercial.
Jairo Sanabria, quien vive en Bogotá, esperó en un Audifarma toda la mañana por su turno para reclamar sus medicamentos. Los tiene todos menos el enalapril, que debe tomar por su hipertensión, que antes conseguía fácilmente.
“Está muy regular. A mi esposa le falta la pregabalina y unos parches de calor. Tiene síndrome antifosfolípido. A mí me falta mi medicamento. Uno va a buscar a la farmacia y están, los he comprado”, dijo el adulto mayor.
Y una mujer, que prefiere que su nombre no sea revelado, tuvo que trasladarse de Soacha hasta el norte de Bogotá, junto con su madre de 89 años, para conseguir sus medicamentos psiquiátricos, que escasean en algunos sitios y que no puede costear.
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“En la 68 con Américas no los había y me mandaron hasta acá. Los necesito para poder dormir y estar tranquila, tenía que venir a buscarlos. Llevo una semana esperando. Anteriormente los conseguía. Son muy caros, no tengo trabajo y no puedo comprarlos”, manifestó.
Estas realidades tienen detrás una cadena de deudas que se origina en la desfinanciación de las EPS, que no pueden pagarles a sus gestores de medicamentos, que al mismo tiempo no pueden cumplirles a sus proveedores.
SEMANA desenreda el problema de medicamentos en el país, cuyo impacto se comienza a sentir en los bolsillos de los colombianos.
¿Cuántos faltan?
Este medio tuvo acceso a bases de datos del Ministerio de Salud y encontró que 808 medicamentos distribuidos en el canal institucional, que corresponde a la dispensación mediante las EPS, fueron reportados como en escasez o desabastecidos en diciembre de 2024.
Entre ellos algunos muy comunes: el enalapril de Jairo Sanabria y la quetiapina que requería la mujer que cruzó Bogotá. Algunos son esenciales, como la insulina y antibióticos como amoxicilina, para neumonías y bronquitis.
Pero el fondo del problema son los recursos de la salud. Las EPS argumentan que con una Unidad de Pago por Capitación (UPC) de cerca de entre 1.300.000 y 1.500.000 anuales por paciente, variando además por grupo etario, no se puede sostener el sistema.
Y la Corte Constitucional está de acuerdo. Pero mientras el Ministerio de Salud acata la orden de reajustar los valores, el balance promete ser deficitario.
Fuentes del sector de la salud le confirmaron a SEMANA que las deudas actuales de las EPS con los gestores farmacéuticos rondan los 500.000 millones de pesos. En muchos casos dejan de dispensar porque las deudas son insostenibles.
A finales de 2023, Cruz Verde suspendió la dispensación a EPS Sanitas, una de las más sólidas del país. Recientemente, por deudas que ascienden a los 110.000 millones de pesos, Audifarma dejará de entregar a finales de este mes medicamentos a los pacientes de la Nueva EPS.Y de esa misma manera, los gestores farmacéuticos les deben miles de millones de pesos a los laboratorios, que se encuentran en una situación financiera comprometedora.
Este medio tuvo acceso a un documento de septiembre de 2024 de la Superintendencia de Salud, socializado en una reunión interna con actores del sector, que muestra que nueve de 24 gestores farmacéuticos reportaron “bloqueos” de laboratorios.
Audifarma, Colsubsidio, Cafam, Cooperativa de Hospitales de Antioquia, Discolmets, Cruz Verde, Evedisa y Sanamedic reportaron bloqueo general. Entre ellas están las dos más grandes dispensadoras del país.
La multinacional Novartis “bloqueó” a Audifarma, Cafam, Cohan y Evedisa. Por otro lado, Tecnoquímicas, una de las más importantes de Colombia, hizo lo mismo con Cafam, Cohan y Cruz Verde.
Otros laboratorios que implementaron “bloqueo total general” son Chalver de Colombia, Boydorr, B. Braun Medical, Aspen Colombiana, Vitalis, MSN Labs, Laboratorios Sophia, Adium, Salus Pharma Labs, Novo Nordisk, Blaskov, Siegfried, Bussie, Legrand e Incobra. Para el tratamiento de epilepsia, diez laboratorios, entre ellos el poderoso GlaxoSmithKline, bloquearon a cinco gestoras.
Los principales principios activos bloqueados total o parcialmente en su momento fueron pregabalina, levetiracetam, lacosamida, clonazepam, lamotrigina, ácido valproico, oxcarbazepina, carbamazepina, eszopiclona y fenitoina.
Otros 20 laboratorios tenían para la fecha un bloqueo parcial, entre ellos las multinacionales Merck, Pfizer y Boehringer Ingelheim, entre otros.
Esto provoca, inevitablemente, el crecimiento de la compra comercial de los medicamentos. Líderes del sector suministraron a SEMANA cifras de un consultor de datos que trabaja para empresas de la salud, que expone la desaceleración del mercado institucional.
En noviembre de 2024, si se le compara con el mismo periodo de 2023, se desaceleró 11 por ciento la venta y entrega de estos medicamentos, que son los que proporcionan las EPS.
El llamado retail, que es comprar en una droguería normal, presentó un incremento de 2 por ciento, si se le compara con el mismo periodo en el año antepasado.
Crisis de los laboratorios
Los laboratorios, tanto colombianos como internacionales, también padecen esta situación económica en el sector. El mercado institucional, de medicamentos para los usuarios de las EPS, abren huecos financieros que han sido complejos de solventar.
Clara Isabel Rodríguez, directora ejecutiva de Asociación Farmacéutica de la Industria Colombiana (Ascif), que reúne a 29 fábricas de medicamentos nacionales, explica que la falta de medicamentos en las gestoras no corresponde a un desabastecimiento generalizado.
Asegura que dentro de la UPC, solo el 30 por ciento está dirigido a medicamentos, cuyo consumo ha aumentado 128 por ciento desde la pandemia del covid-19.
“Siempre ha habido deudas. Siempre que se quiebra una EPS, quedan deudas que nadie paga. Cuando el Gobierno dijo que iba a cambiar las reglas en el sistema de salud con una reforma, empezaron las tensiones. Ese modelo, que fluía, hoy está afectado. Los laboratorios hemos empezado a sentir el rigor del pago de la cartera”, explicó la directora. Y dijo que el pago de las negociaciones, que iban entre 30 y 90 días, ahora se retrasa hasta 180 días.
“El cálculo de deudas aproximado para nosotros oscila entre los 400.000 y 500.000 millones de pesos. Salvo el caso de Audifarma, que es muy grave, pagan, dejan agrandar la cartera y vuelven y pagan. Pagan mucho más lento”, explicó.
Incluso asegura que las agremiadas contemplan el mercado de las exportaciones, que si bien no es significativo en el momento, podría implicar una salida al problema, que pone en juego más de 50.000 empleos formales.
¿Qué va a pasar?
El Gobierno nacional viene contemplando de forma seria la negociación y compra centralizada de medicamentos, pero el problema son los países que podrían ser candidatos para ello.
Por ejemplo, en 2023, la administración de Gustavo Petro planteó la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, que incluye preliminarmente a México y Cuba. El último sería un país con estándares mucho menores que los de Colombia.
Sin embargo, aún no se ha concretado esta intención, que los gremios creen que debería aplicarse para la adquisición de los medicamentos más costosos que no se producen en Colombia.
Con el avance de la crisis en salud, el panorama colombiano es cada vez más incierto. Lo que prevén los expertos es que, en el corto plazo, los colombianos deberán garantizarse a sí mismos los medicamentos. Quienes no puedan pagarlos de su propio bolsillo, podrían quedarse sin ellos y potencialmente poner en riesgo sus vidas.
SEMANA intentó consultar al Ministerio de Salud sobre el cumplimiento de las exigencias de la Corte Constitucional, pero a la hora de cierre de esta edición no hubo respuesta.