La Defensora del Pueblo, Iris Marín, lo dice con claridad: “No hay evidencia” de un golpe de Estado contra Gustavo Petro

SEMANA: El presidente Petro, en su más reciente alocución, manifestó: “No hay caos de violencia en este Gobierno, esa es mentira política mediática”. ¿Cree lo mismo?

Iris Marín: La palabra caos es muy fuerte y no es algo que nosotros analicemos. No quisiera entrar en calificaciones que no son propias del lenguaje de los derechos humanos. Más allá de lo que alguien pueda comprender de caos, sí estamos ante una situación grave de derechos humanos y una expansión de los grupos armados, que han llevado a una restricción de libertades y derechos. Creo que minimizarlo no es bueno.

Por ejemplo, en el Catatumbo, el presidente ha hecho varias afirmaciones que dan cuenta de que todo estuviera bien, y nuestra labor, a veces, es ser un poquito aguafiestas. Es decir, no le sirve al país negar la situación de lo que está pasando.

SEMANA: ¿Cuáles son las condiciones de orden público en Colombia?

I.M.: Lo que podemos ver es una situación de expansión de los grupos armados en los últimos cinco años. El Clan del Golfo es el grupo armado más grande del país, con mayor presencia territorial y el que más se ha expandido. Vemos que ha habido una política de paz total con la que la Defensoría del Pueblo está de acuerdo.

Estos procesos han venido aparejados de esta expansión territorial y de un incremento de algunas dinámicas de violencia. Lo que vemos es una situación en la que hay una pérdida o una restricción del control territorial del Estado. Hay 809 municipios del país que tienen alertas. El 75 por ciento del país tiene presencia de grupos armados, y unas zonas tienen una situación más grave.

SEMANA: ¿Hacia dónde va la paz total?

I.M.: Creo que ha habido unos cambios. El ministro del Interior y el presidente de la república han reconocido que no ha mejorado la situación de los territorios, y yo creo que eso es positivo, porque reconocer el problema es el primer paso para abordarlo.

Estamos ante un uso cada vez más marginal y, diría yo, en vía de extinción de los ceses al fuego. Los ceses al fuego sí trajeron cierto alivio humanitario a las regiones, es lo que nosotros podemos constatar, pero acompañado de la extensión territorial. Es un arma de doble filo, porque no estamos resolviendo el problema de fondo.

No todos los grupos tenían la voluntad de paz; inclusive tenemos dudas de que aún la tengan.

SEMANA: ¿Le preocupa la zona de ubicación temporal del frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo?

I.M.: Manifestamos nuestra inquietud. Según la información pública, van a seguir armados en una zona de presencia de población civil. Además, Tibú, en este momento, es el epicentro de la confrontación entre el frente 33 y el ELN. Ahí realmente no hay condiciones de seguridad, y la fuerza pública va a tener que entrar a proteger esta zona de ubicación. Prácticamente, va a implicar una alianza institucional, va a tener que entrar a proteger a un grupo armado que no se ha desarmado y que está en guerra con otro grupo.

El otro tema que también genera preocupación es la falta de un marco jurídico claro para ver cómo se van a garantizar los derechos de las víctimas.

SEMANA: ¿El estado de conmoción interior funcionó en el Catatumbo?

I.M.: Yo creo que no. Lo digo con muchas dudas. No era necesaria una conmoción interior para implementar y adoptar el Pacto Catatumbo, que hasta hoy no se ha adoptado formalmente. Nos parece un poco como una distracción decir: “Con la conmoción interior ahora vamos a hacer las reformas estructurales”. No era necesario. El Gobierno se ha comprometido a eso y habría podido hacerlo desde antes. Nos parece eso como falaz, hablar de que ahora sí, y, obviamente, no se han visto avances porque era difícil. No vemos todavía el impacto, aunque está bien que lo estén tratando de hacer, pero quisiéramos ver más impacto en el territorio.

SEMANA: La guerra en el Catatumbo fue advertida por la Defensoría y no fue escuchada. Hay alertas en más regiones. ¿El Gobierno las ha acatado?

I.M.: Es difícil tener una afirmación tajante al respecto. El liderazgo está en el Ministerio del Interior, que todavía no toma el liderazgo en coordinar la respuesta institucional. Ese liderazgo y esa coordinación aún no la vemos. Esto sí lo puedo decir con toda la preocupación del mundo, pero también con toda la certeza de que no hemos podido tener una relación fluida, especialmente este año, sobre ese tema.

SEMANA: El presidente ha dicho que “Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia”. ¿Es así?

I.M.: Claramente, no. Y no por el presidente. Más allá de la frase del presidente, creo que la gran pregunta que tenemos en Colombia es por qué, a pesar de tantos intentos de hacer la paz, no hemos logrado salir de la violencia y estos círculos de la violencia.

SEMANA: ¿A la Defensoría del Pueblo le preocupa el trato que está teniendo el presidente Gustavo Petro con el Congreso y la Rama Judicial?

I.M.: Para la Defensoría del Pueblo, la separación de poderes y la colaboración armónica son fundamentales. Creo que tanto el presidente como las otras ramas del poder público podrían hacer más por tener una relación de colaboración armónica que no sea polarizante, que no esté mediada principalmente por intereses electorales, sino que haya la combinación de diferentes puntos de vista para resolver los problemas estructurales del país. No solo el Gobierno, sino muchas veces otros actores políticos también han entrado en una radicalización que está bloqueando la discusión y el diálogo abierto de problemas estructurales en los que necesitamos una solución.

SEMANA: ¿A la ciudadanía le conviene la comunicación activa del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales?

I.M.: Cambio de pregunta (risas). Hoy en día, todo está mediado por una inmediatez de las redes sociales, y yo creo que eso genera unos impactos. Sí es importante que todas las autoridades del Estado, incluyéndome, tengamos mucho cuidado en el uso de las redes sociales y saber qué mensajes enviamos, porque no estamos hablando en nombre propio, estamos hablando en nombre de la institucionalidad. Yo creo que esa sí es una responsabilidad que tenemos como servidores públicos.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro ha manifestado públicamente que le quieren dar un golpe de Estado. ¿Qué piensa de eso?

I.M.: No hay evidencia objetiva para sostener eso. Él es el presidente democráticamente elegido y creo que tiene, en este momento, toda la posición institucional para seguir cumpliendo su función sin ningún problema. No veo ningún riesgo. Más allá de los debates, a veces excesivos, creo que es el presidente, eso nadie lo duda, y está ahí y tiene la responsabilidad de gobernar hasta el último día.

SEMANA: ¿Qué piensa de la figura de Armando Benedetti en el Gobierno?

I.M.: Es una persona que tiene acusaciones serias de violencia de género, acusaciones que han sido públicas, y también tiene acusaciones sobre otro tipo de responsabilidades, inclusive en el ámbito penal. Creo que eso no es positivo para el Estado de derecho, a pesar de que no haya sido condenado. Cuando una acusación tan seria no se ve como tal y, al contrario, la persona está ocupando uno de los cargos más importantes en el Estado, pareciera que la violencia de género no es grave o que no le parece grave al Gobierno nacional bajo un argumento de presunción de inocente.

SEMANA: ¿Cuáles son los principales riesgos para las elecciones de 2026?

I.M.: Vemos que en ciertos territorios hay un riesgo de cooptación de los procesos electorales por parte de los grupos armados. No me refiero únicamente a que los candidatos o candidatas van a ser puestos por los grupos armados, aunque puede que lleguen a tener alguna incidencia, sino que el riesgo es dar directrices de que únicamente se puede apoyar a uno u otro, incidencia en financiación de campaña. Si el contexto sigue como está, vamos a tener eso en algunos territorios. Un segundo punto es el tema de la participación de las mujeres, si la ley electoral prevé impulsar mayor participación de las mujeres. Pero no es solo eso, también es la democracia interna de los partidos poder apoyar a mujeres que enfrenten los retos adicionales.