La feria decembrina de contratos en la Uspec: pese a advertencias, la entidad entregó más de $ 85.000 millones en menos de un mes

Mientras el país se centraba en las novenas y los agüeros de fin de año, en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) trabajaron hasta el 31 de diciembre para viabilizar contratos a toda velocidad antes de que se acabara la vigencia 2024. El Comité de Contratación de la entidad sesionó 12 veces entre los días 2 y 26 de diciembre. Dichas reuniones, con la presencia del presidente de la Unidad, Ludwing Joel Valero Sáenz, produjeron diez contratos que suman 85.692.173.152 pesos.

El Comité, en tiempo récord y solo minutos después de ser convocados a la sesión, aprobó todo lo que tuvo en frente, pese a las constantes advertencias por posibles irregularidades de Sergio Agón Martínez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Uspec.

SEMANA tuvo acceso a las actas de las sesiones del Comité de Contratación, que muestran cómo se aceleraron los procesos, los reparos que se omitieron y hasta callaron con el posible fin de no dejar trazabilidad.

La primera convocatoria, según las actas, fue el 2 de diciembre a las diez de la mañana. Sin embargo, el correo de citación fue enviado por Albely Tovar González, coordinadora del grupo precontractual, a las 10:14 de la mañana.

Los comités de diciembre incluyeron a Agón, a diferencia de los anteriores, pero el funcionario argumentó que no tenía “la competencia funcional” para formar parte de este cuerpo que decide sobre los contratos.

Pese a eso, la respuesta de Valero Sáenz, director de la Uspec, fue invitarlo a proceder con acciones legales en caso de que se estuviera cometiendo alguna “irregularidad”.

“Lo invita para que en el ejercicio jurídico del tema, y en el momento en que se esté cometiendo alguna ilegalidad, con haberle incluido en el Comité de Contratación, proceda a realizar las acciones legales pertinentes para que se deje sin efecto el acto administrativo o solicitar la revocatoria directa del mismo”, dice el documento, que hace seguimiento a la sesión.

En esa reunión del 2 de diciembre pusieron a consideración un contrato a fin de obtener permisos de vertimientos, ocupación de cauce o concesión de aguas ante las autoridades ambientales para las cárceles a nivel nacional. El contrato quedó en manos del consorcio Aquaintegral 2024, por la suma de 2.825.468.412 pesos.

Luego de esta presentación, Agón manifestó sus preocupaciones en materia de subsanación de observaciones y el puntaje obtenido en el concurso de méritos por la firma ganadora. Por petición del director, se le explicó, pero luego expresó otras dudas frente al propósito del contrato, que incluiría tantos elementos que sobrepasaría el objeto contractual.

“Nosotros sabemos que los concursos de mérito son especiales, obviamente, pero, a su vez, estamos hablando de un contrato de consultoría, que es lo que me llama la atención. (...) Se está hablando de que esa persona tiene que hacer esos trámites ante las corporaciones. ¿Eso no sobrepasaría el objeto contractual?”, se pregunta el director jurídico de la Uspec.

Roger Rojas Carreño, evaluador jurídico, respondió que los trámites no sobrepasaban el objeto contractual. Agón insistió, además, en su preocupación por el plazo del contrato, que, en principio, iba hasta el 31 de diciembre de 2024. Es decir, dicha labor se tendría que ejecutar en tiempo récord, de manera atípica.

“El plazo contemplado es de más o menos tres o cuatro meses, se estaría vulnerando el principio de planeación y el principio de anualidad”, advirtió el jefe jurídico, según los documentos en poder de SEMANA.

La respuesta de la coordinadora del grupo precontractual fue sencilla. Aseguró que la ampliación de la vigencia, que solo contemplaba unos cuantos días para trámites que suelen durar meses, “sería un tema en dado caso de que el contratista no pueda lograr el objetivo del presente contrato”.

El director de la Uspec terció en la discusión: “La legalidad es que al 31 de diciembre vence la vigencia fiscal y por eso no puede tener un plazo mayor”.

De esa forma, al parecer, Valero Sáenz se habría lavado las manos, dado que dijo que, en caso de que la Dirección de Infraestructura, a través de la Subdirección de Mantenimiento, hubiera cometido un error en la estructuración de los tiempos, serán “las autoridades competentes” las que determinen “si violaron o no la norma”.

De existir alguna dificultad, el director dijo que “ya serán los proponentes o los mismos funcionarios” quienes lo den a conocer.

Los cinco miembros del Comité con derecho a voto decidieron, y solo el jefe de la oficina jurídica pidió no dar vía libre a la adjudicación. No obstante, el contrato fue otorgado.

Luego, el Comité de Contratación volvió a sesionar el 5 de diciembre a las 11:30 de la mañana para decidir sobre un contrato de adquisición de agentes químicos, como gases lacrimógenos, que ganó la empresa Imdicol por casi 2.000 millones de pesos. Esta vez el jefe jurídico votó favorablemente.

La siguiente cita fue el 10 de diciembre a las diez de la mañana a fin de aprobar la firma de un contrato de consultoría técnica para hacer estudios e instalar sistemas contra incendios. Este fue concedido al consorcio Siacar por 2.109.753.469 pesos. Agón votó nuevamente de forma negativa, argumentando, en primer lugar, que este contrato también iba hasta el 31 de diciembre de 2024.

“Nos encontramos frente a la ejecución de un contrato de consultoría, que de conformidad con el objeto se puede advertir un gran riesgo de que no pueda ser ejecutado en dicho plazo”, dijo Agón en la sesión. Hizo énfasis en que el trabajo incluía 23 cárceles y penitenciarías en todo el país.

El director jurídico de la Uspec también agregó que hacían falta los trámites de formalización y legalización del contrato, como la firma en Secop II, y todos los documentos que llevan a la suscripción del acta de inicio: “Es prácticamente imposible”.

Luego, el Comité, sin atribuírselo a una persona en específico, hizo una aclaración sobre las funciones del mismo, y allí se manifestó que solo se debe “recomendar o aprobar la adjudicación, o la declaratoria de desierto de los procesos de selección”.

Finalmente, por advertencias de incumplimiento por parte de un proponente, se terminó revocando esta adjudicación, pero desde ese momento el Comité no dejó constancia de las intervenciones de Agón y registró únicamente el sentido de sus votos. ¿Querían ocultar acaso sus preocupantes advertencias, que deberán ser revisadas ahora por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría?

Las prórrogas de Nochevieja

Como ocurrió con los contratos de vertimientos y químicos para uso en penitenciarías, el Comité de Contratación también avaló la adjudicación de otros ocho contratos en sesiones celebradas los días 11, 12, 13, 18, 23, 24 y 26 de diciembre. Los objetos son diversos y, exceptuando dos, todos finalizaban el 31 de diciembre de 2024.

Los contratos, que contaron con la bendición de este grupo de directivos, van desde mantenimiento de pabellones hasta adquisición de equipos de seguridad y radios, pero, en el peor de los casos, los contratistas tenían solo un par de días para cumplir.

Esto ocurrió pese a que los certificados de disponibilidad presupuestal fueron emitidos en meses anteriores dando vía libre a suscribir los contratos desde inicios de 2024. ¿Por qué solo se esperó a finales de 2024 para adjudicar esta sospechosa maratón contractual?

Luego, antes de que finalizara 2024, hubo una operación de prórroga de cada uno de los contratos mediante solicitudes directas de los contratistas. Valero Sáenz firmó los otrosíes de cada uno de los convenios y les otorgó el tiempo exacto que los consorcios y empresas exigieron para completar sus tareas.

Por ejemplo, el contrato de vertimientos contaba con un cronograma que forma parte de los deberes del contratista en términos de cumplimiento. En este se puede apreciar que el tiempo previsto para gestionar los permisos ante las autoridades ambientales iba a demorar cuatro meses, pero de todos modos firmaron un acta de inicio el 27 de diciembre de 2024, equivalente a cuatro días de ejecución.

Por eso, el 28 de diciembre el consorcio pidió una prórroga, que le concedieron inmediatamente. Estipularon que el contrato ahora terminará el 1 de julio de 2025. De esta forma, el contratista tiene un mes adicional si se le compara con el cronograma inicial.

Desde ese día, los funcionarios encargados de contratación trabajaron para ampliar todos los contratos ad portas de vencerse.

Según los registros de modificaciones contractuales en el Secop II, los funcionarios de la Uspec, e incluso el director de la entidad, estuvieron cambiando las vigencias y fechas estipuladas hasta la tarde del 31 de diciembre. En plena Nochevieja ajustaron lo contratado desde mediados de diciembre con el fin de aceptar los plazos de los contratistas.

Uno de los otrosíes correspondiente a un contrato para adquirir un sistema de radios de comunicación llama la atención, pues manifiesta que se firmó el contrato sin contar con los parámetros legales para hacerlo, como ajustar pormenores, expedir el registro presupuestal y que se apruebe la garantía para este.

“El plazo de ejecución del contrato será hasta el 28 de febrero de 2025, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución”, dice el documento, distinto a los demás otrosíes.

Falta de experiencia

Carlos Orozco, ex fiscal delegado ante los jueces penales del circuito en administración pública, le dijo a SEMANA que es llamativa la cantidad de contratos suscritos en solo el mes de diciembre.

“No se trató de un solo contrato, sino de varios contratos para prestar servicios a los privados de la libertad”, manifestó. Y aseguró que las prórrogas deben tener una justificación: “Vinculan directamente el principio de planeación. Si se faltara a este principio, estaríamos frente a unas irregularidades que afectarían directamente la ejecución misma del contrato. Es un examen que se debe hacer de manera rigurosa”.

Orozco dijo que se trata de un movimiento que compromete principalmente la transparencia de los actos de los implicados en los procesos precontractuales: “Ese escenario es el que hay que verificar de manera clara”.

El exfiscal, quien se retiró de la institución hace semanas, aseguró que su despacho se encontraba justamente investigando el volumen de contratos en la Uspec durante diciembre a raíz de una denuncia que llegó al búnker de la Fiscalía.

“Estuve verificando algunos aspectos que consideré importantes y diferenciales para establecer si estábamos frente a una irregularidad de orden contractual para efectos de la ejecución y en su fase precontractual”, dijo.

Ludwing Joel Valero Sáenz, director de la Uspec, a quien vinculan en el Congreso con el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, respondió en SEMANA a los cuestionamientos por los polémicos contratos suscritos en diciembre: “El tema contractual de las entidades del orden nacional pareciera ser fácil, pero no lo es”.

“Como la ley lo permite, los contratos se prorrogaron, no se adicionaron, para que tuvieran ejecución en la vigencia 2025. Desafortunadamente, el proceso contractual se demoró más de lo que pensaban, el área gestora radicó de manera tardía el proyecto. Son varias circunstancias que llevan a eso. Tenemos la tranquilidad de que los recursos no se pierden. Se garantizan dándole prórroga”, sostuvo.

Frente a la falta de consideración sobre las advertencias del jefe jurídico de la entidad, Valero Sáenz dijo que el Comité de Contratación es un espacio deliberativo: “Bienvenido el debate que se da en el interior”.

“Si hay que entregar una explicación ante un órgano de control, estaremos muy prestos”, indicó.

Además, expresó que, sin importar las advertencias sobre la violación del principio de planeación, si el Comité de Contratación lo recomienda, él puede adjudicar, pese a la falta de tiempo y la premura del proceso.

“A mí me recomiendan adjudicar el contrato, estoy dentro de la vigencia, y yo lo adjudico como ordenador del gasto. Ya en la ejecución se prorroga el contrato. No estoy diciendo que se desconozcan normas”, puntualizó.

Las autoridades están al tanto de lo que ocurrió en la Uspec, donde una ráfaga de contratos en diciembre, sin tiempo y sin mayor reparo, genera serias dudas internas sobre la transparencia de los órganos decisorios en materia contractual. En medio de estos reparos por la extraña contratación de la Uspec, en diferentes círculos se señala que Ludwing Joel Valero Sáenz estaría interesado en moverse hacia un ministerio o a la propia Procuraduría, donde seguramente tendrán que revisar todas sus actuaciones en medio de las fiestas de fin de año.