La inmovilización de vehículos en Bogotá se habría convertido en un “negocio”: ¿cuáles son las denuncias al contrato?

La inmovilización de vehículos y motos en Bogotá se habría convertido en un verdadero negocio para el contratista GYP SAS, que en el 2018 firmó con la Secretaría Distrital de Movilidad un millonario contrato de concesión por diez años. La manera de operar las grúas y parqueaderos en la ciudad, tienen al concesionario en la mira del Concejo, por actuaciones que incluso ya le ocasionaron una gigantesca multa en el pasado.

El contrato firmado no significó para la Secretaría de Movilidad compromisos presupuestales ni asignación económica, pues el pago al contratista provee de los valores recaudados, es decir, del valor que los conductores deben pagar de la grúa y los patios cuando le inmovilizan su vehículo.

El contrato estable que el 82,3 % de los ingresos es para el contratista, mientras que solo el 17,7 % será para el Distrito. “Se está trabajando es para el contratista, al punto que el 17 % no alcanza para la interventoría, la supervisión, ni para las personas que hay que disponer para la atención del contrato”, aseguró el concejal Emel Rojas, de Nueva Fuerza Democrática.

Al respecto, la Secretaría de Movilidad explicó: “la evaluación financiera del contrato en cuanto al porcentaje de ingresos para el concesionario y la entidad, fue realizada conforme al modelo financiero en donde se estimó las inversiones, costos, gastos y rentabilidad que fueron proyectadas”.

La entidad agregó que “el Concesionario debe asumir el costo total de la operación, costo que incluyen no solo los valores asociados a la ejecución de las obligaciones contractuales, sino además al cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y tributarias relacionadas con el Contrato de Concesión”.

Este modelo de distribución de porcentajes le ha garantizado a GYP SAS ingresos por 134.415 millones de pesos desde el 2018 hasta este año, mientras que para el Distrito únicamente le han correspondido 28.908 millones. Pero más allá a la distribución del recaudo, el concejal Rojas expuso tres factores que según él demostrarían cómo, al parecer, el contratista habría convertido el contrato en un negocio para su beneficio.

Los lugares en donde más se realizan inmovilizaciones, son curiosamente las localidades más cercanas a los patios de Álamos. En el período enero 1 de 2020 a febrero 22 de 2024 en Fontibón se llevaron 45.169 vehículos, en Kennedy 34.523, en Chapinero 32.428 y Engativá 31.231. Extrañamente localidades más grandes, pero más al sur y alejadas de los patios, reflejan cifras más bajas: Ciudad Bolívar 9.412 y Usme 6.380.

“No se hace una ruta de prevención ni cultura ciudadana, sino que sencillamente es un negocio porque, claro, si se llevan el vehículo de Fontibón están tan solo a máximo diez minutos del patio”, dijo Rojas.

La Secretaría defendió estas cifras argumentando que las inmovilizaciones “se efectúan a través de servicios programados y servicios por demanda”, en los cuales se tiene en cuenta “la alta siniestralidad o alta concurrencia de ciudadanos en estas zonas o localidades”.

La entidad distrital complementó que “gran parte de los operativos que generan inmovilizaciones se generan a partir de la petición de la ciudadanía, contando con que estas localidades representan un gran porcentaje sobre el total de peticiones radicadas”.

Por otro lado, Rojas denunció que “el negocio es llevarse las motocicletas, porque pueden transportar hasta 7 en el espacio, que dentro del planchón de la grúa, ocuparía un automóvil”. Del total de 331.188 vehículos inmovilizados entre enero de 2020 y febrero de 2024, casi el 60 % fueron motos.

“Hemos recibido denuncias donde al parecer y, presuntamente, hay agentes de tránsito que pagan una comisión a los operarios de las grúas por cada moto que suban. Además, cargan las motos como si fueran bolsas de basura”, denunció el concejal Julián ‘Fuchi’ Forero, del Movimiento Lara, en el Cabildo.

La Secretaría de Movilidad aseguró que en las grúas se puede transportar uno o varios vehículos, siempre y cuando no se exceda el tonelaje correspondiente a cada tipología de grúa establecido por el Ministerio de Transporte.

En todo caso, la Secretaría de Movilidad precisó que “respecto a la cantidad de vehículos que se pueden remolcar por medio de una grúa, en efecto solo se puede remolcar un vehículo, bajo ninguna circunstancia se podrán remolcar mas de uno; sin embargo, es necesario tener claro que el término “trasladar” se refiere a izar, asegurar, y transportar vehículos inmovilizados en el planchón de la grúa; ahora bien, cuando se habla de “remolcar” hace referencia a transportar un vehículo que es enganchado, asegurado al yugo de la grúa y halado a los parqueaderos autorizados, toda vez que no se supere el tonelaje descrito para cada una de las tipologías de grúa”.

Finalmente, Rojas puntualizó que “el negocio está diseñado para que el afectado se demore hasta tres días para retirar el vehículo”, toda vez que la tarifa de patios crece para el segundo y tercer día de inmovilización, y a partir del cuarto día, empieza a bajar.

Frente a este caso en específico, la Secretaría de Movilidad le compartió a SEMANA las cifras de inmovilización de vehículos por días:

SEMANA llamó en varias ocasiones a los números de GYP SAS, pero no hubo quien respondiera a los interrogantes.

Eso sí, a pesar de las respuestas y argumentos de la Secretaría de Movilidad, hay que recordar que ya en mayo de 2021, la entidad le impuso una multa de $136.373 millones a GYP SAS por anomalías en inmovilización de vehículos.

Los concejales exigen revisión al contrato. “Tenemos que cancelar este contrato con la firma GYP SAS, avanzar con tecnología para llegar a un sistema de Patio en Casa, emitir una norma Distrital que regule el funcionamiento de las grúas y esperar que sea aprobado el proyecto de Ley que impediría que por cualquier motivo se lleven una motocicleta a los patios”, concluyó el concejal Rojas.